El juez que investiga al fiscal general evita indagar el origen de la filtración sobre el novio de Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado avanza hacia el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El juez instruye este caso sin valorar de momento la filtración previa por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de los secretos por los que ha citado como investigado a García Ortiz el próximo miércoles.

Hurtado aseguró esta semana en un interrogatorio a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que no veía relevante para el caso conocer la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, en las horas previas a que el fiscal general reclamase los correos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

El magistrado rechazó la petición de la Abogacía del Estado para requerir el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez y conocer así qué tipo de información trasladó a los periodistas sobre el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso. La presidenta madrileña convive con el empresario comisionista González Amador, imputado por dos delitos fiscales. Aunque 10 meses después de la denuncia aún no ha declarado en el juzgado por su fraude, el novio de Ayuso se querelló contra la Fiscalía por emitir una nota donde se hacía pública la confesión de culpa de González Amador para evitar la cárcel.

Miguel Ángel Rodríguez declaró como testigo ante el juez y explicó que filtró a decenas de periodistas un correo electrónico del fiscal encargado del caso al abogado de González Amador, pero que lo hizo después de que El Mundo publicara la noticia falsa que el mismo jefe de Gabinete apuntaló —”La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”—. Era justo al contrario, fue el abogado de González Amador quien ofreció el acuerdo.

La “mentira” de El Mundo, según la calificó en el Supremo el fiscal encargado del caso, Julián Salto, incluía información contenida en un correo del 2 de febrero donde el abogado de González Amador ofrecía en nombre de su cliente admitir los delitos fiscales, pagar lo defraudado más una multa y, a cambio, ver reducida la pena para evitar su ingreso en prisión. Miguel Ángel Rodríguez entregó al Supremo los pantallazos de un WhatsApp que el abogado envió al novio de Ayuso el 12 de marzo comunicándole que seguía en pie la negociación para conseguir una condena con multa mínima.

Pero el magistrado del Tribunal Supremo que investiga desde hace tres meses por revelación de secretos al fiscal general del Estado no parece interesado en valorar el origen de este enredo jurídico. El juez se niega de momento a dar trascendencia al hecho de que la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador a través de un correo electrónico enviado a la Fiscalía —”ciertamente se cometieron dos delitos”— fuera conocida por hasta cinco medios de comunicación (El Mundo, la Sexta, la Cadena SER, EL PAÍS y eldiario.es) antes de que el fiscal general reclamase esa documentación por cuya filtración está siendo investigada.

El secreto supuestamente revelado por el fiscal general ya sería conocido por los medios de comunicación antes. Uno de esos medios, El Mundo, llegó a confesar al juez Hurtado que conocía estos detalles porque así se lo comunicaron “fuentes directas intervinientes en las negociaciones” mucho antes de que el fiscal general del Estado pidiera la documentación para desmontar “la mentira”, según el fiscal Salto, publicada en ese periódico.

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, explicó en el Supremo que antes de la publicación de la información en El Mundo, su jefe de prensa le comunicó que el jefe de Gabinete de Ayuso estaba informando a los periodistas sobre la supuesta oferta de la Fiscalía a González Amador para que admitiera dos delitos.

Esa explicación de Lastra llevó a la Abogacía del Estado a pedir nuevamente al juez investigar esos hechos para demostrar que el secreto investigado en la causa contra el fiscal general había sido revelado antes por el entorno de González Amador.

— “[La fiscal superior] es la segunda testigo que nos confirma esta circunstancia, y es que se ha puesto de manifiesto una discrepancia bastante relevante respecto a las horas, el señor Miguel Ángel Rodríguez y su declaración, entonces creemos que ahora mismo, con la declaración de la señora Lastra, puede ser un buen momento para que su señoría se plantee si tiene a bien la posibilidad de requerirle [el teléfono móvil] al señor Miguel Ángel, porque confirmó y afirmó en varias ocasiones que él no traslada información a la prensa hasta las 22.21, cosa que contrasta de plano no solamente con las testificales anteriores, sino en particular con la que nos acaba de decir la señora Lastra”, advirtió la Abogacía.

— “Sí, sí. Si yo lo entiendo, entiendo, lo que pasa, es que como no acabo de ver la relevancia de ese detalle, por más que usted me ha insistido en ello, de momento sigo pensando si tomar la decisión. Muchas gracias”, contestó el juez Hurtad.

No es la primera vez que el instructor desprecia la posibilidad de investigar si el secreto supuestamente revelado por el fiscal general del Estado había dejado de ser secreto porque otras personas ya lo habían filtrado a determinados medios de comunicación. En el auto de Hurtado donde cita como investigado al fiscal general del Estado, el juez instructor elude referirse a la declaración del único medio de comunicación que publicó detalles incluidos en la confesión de culpa antes de que llegaran al correo electrónico personal de Álvaro García Ortiz.

La Abogacía del Estado, defensora del fiscal general, ha recurrido ante el juez para que se archive la causa. En su escrito, acusa al instructor de omitir pruebas que benefician a García Ortiz. Durante la declaración de la fiscal superior de Madrid, la Abogacía tuvo que recordarle al juez los antecedentes del caso. “Me parece que no se ha dicho con claridad que cuando la fiscal superior [Almudena Lastra] llamó al fiscal general del Estado fue porque recibió una información de prensa en la que le decían que iban a publicar algo que no se acomodaba a la realidad”, señaló.

Tanto Lastra como Julián Salto, fiscal encargado del caso, restaron valor al correo electrónico del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía un acuerdo para reducir la pena de cárcel.

Almudena Lastra: “Los correos no se mandan nunca y no forman parte de las diligencias de investigación”.

Julián Salto: “Esta supuesta conformidad era un poco conformidad sui géneris, dado que no está judicializado el asunto, no había declarado todavía el señor González Amador como investigado en esa causa y no estaban pagadas las responsabilidades civiles o consignadas o pagadas las eventuales responsables civiles derivadas del presunto delito tributario (...). Lo único que había es unas, es que no son ni conversaciones, o sea, es un intercambio de mail que no tienen ningún tipo de validez. O sea, eso yo no lo puedo hacer valer como una supuesta conformidad el día del juicio (...) porque en ese correo no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto. Es simplemente una toma de negociaciones”.

La Abogacía se apoya en estas declaraciones de la fiscal superior de Madrid y del fiscal encargado del caso para defender que si ese correo del 2 de febrero no se podía considerar materia reservada es imposible que la Fiscalía pudiera cometer el delito de revelación de secretos por el que está imputado el fiscal general del Estado.

Dos querellas rechazadas

El mismo Tribunal Supremo que juzga estos hechos rechazó en octubre pasado la querella de la Asociación Liberum y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa contra la entonces ministra de Hacienda y en la actualidad también vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La querella acusaba a la vicepresidenta de haber revelado secretos de la investigación fiscal a González Amador cuando Montero declaró a los periodistas que la pareja de Ayuso se había lucrado con la venta de mascarillas. Montero hizo esas declaraciones a las 17.30 del 12 de marzo cuando los medios aún no habían publicado que el fraude atribuido a González Amador tenía su origen en un pelotazo de dos millones de euros logrado gracias a su intermediación en la venta de mascarillas.

El Supremo, con un tribunal integrado por Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela (ponente), sentenció: “El que la noticia [del fraude fiscal del novio de Ayuso] no contuviera referencia expresa a que todas o parte de las ganancias a que se refería la defraudación pudieran estar relacionados con ingresos por comisiones por la venta de material médico (mascarillas) no implica que esta circunstancia no fuera conocida ya por los medios, los cuales ya tenían a su disposición la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid”. Este argumento fue uno de los utilizados por los cinco magistrados del Supremo para no admitir a trámite ninguna de las dos querellas.