Veinte años después, la plaza del socavón del Carmel no tiene nombre

No habrá ningún acto oficial para recordar el aniversario, ni los vecinos tienen especial interés en rememorarlo. Este lunes se cumplen 20 años del hundimiento en las obras de la L5 del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. Una crisis que obligó a desalojar a más de 1.000 vecinos (y a realojarles durante meses) y provocó una crisis política que tuvo como punto álgido el “ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%” del ex alcalde y entonces president de la Generalitat Pasqual Maragall. En el lugar del desastre, el rectángulo que forman el pasaje de Calafell, la calle de Sigüenza y la de Conca de Tremp, se están acabando las obras de un edificio de vivienda pública que mirará a una pequeña plaza que veinte años después no tiene nombre, aunque popularmente es “la del socavón”. El hundimiento supuso un sobrecoste de 78 millones de euros.

De hecho, el primer aviso de que el suelo se tambaleaba se produjo de noche, el día 25, cuando fueron desalojadas 12 familias del número 10 del pasaje de Calafell. “Un deslizamiento de tierras” sobre el túnel de maniobras de la ampliación de la L5 del metro sobre el que inicialmente Gisa (así se llamaba entonces la empresa pública de obras públicas) no vio peligro estructural.

Horas después la tierra se hundió y, en un día de frío que cortaba la piel, mil vecinos salieron en bata y pijama a la calle y comenzaron meses de angustia vecinal, 400 alumnos recolocados en escuelas de la zona, realojos en hoteles, revisiones edificio a edificio, comercios cerrados, lío político y acertadas reivindicaciones de unos afectados que consiguieron unas ayudas e indemnizaciones que hoy serían impensables. Como los 30.000 euros en concepto de daños morales por lo ocurrido. Eran tiempos previos al estallido de la crisis del ladrillo, la administración tenía dinero y el desastre había sido culpa suya. Los que perdieron sus viviendas fueron realojados en pisos que eran públicos (milagrosamente había un edificio recién terminado en la calle de Llobregós), el resto del millar de vecinos pudieron volver a sus casas en edificios que fueron reparados hasta la última grieta y mejorados, con más de 20 ascensores instalados.

Segmentada la zona cero por círculos de afectación, últimos vecinos en volver estuvieron casi dos años fuera de casa. Los técnicos controlaron los movimientos del suelo al milímetro durante meses. La ciudad se familiarizó con los nombres de las calles del barrio, con terminología como “micropilotar”, “testigos”, “cola de maniobras” o “daños morales” y asistió al vertido de cemento en el socavón (30 metros de diámetro y 32 de profundidad), con camiones subiendo al barrio día y noche. Hasta el Carmel se trasladó el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; hubo programas en directo in situ (el de María Teresa Campos, por ejemplo) y varios afectados participaron en Crónicas Marcianas.

El hundimiento sacudió al Gobierno tripartito y el Ayuntamiento de Barcelona, y culminó en una comisión de investigación en el Parlament en la que se cuestionó la ejecución de la obra pública en Cataluña y surgió el fantasma de los pagos irregulares en los contratos públicos. El conjunto de la operación para mitigar los daños en el barrio supuso un sobrecoste de 78 millones de euros para el proyecto: 34 los puso la Generalitat —recuperó seis millones de las aseguradoras— y 44 los contratistas —recuperaron 18—. La Administración, además, tuvo que afrontar el pago de indemnizaciones de más de 10 millones de euros a los afectados. Dos después, 15.000 viajeros utilizan cada día la parada de metro Carmel, de la Línea 5.