El socavón del Carmel supuso un sobrecoste de 78 millones de euros

Han pasado 10 años desde que un millar de vecinos tuvieran que ser desalojados de su casa por el socavón que se abrió en el suelo del Carmel. El hundimiento de las obras del metro en el popular barrio barcelonés, que obligó a derribar tres edificios, conmocionó durante meses a la ciudad. La sacudida fue un enorme quebradero de cabeza para el Gobierno tripartito y el Ayuntamiento de Barcelona, y culminó en una comisión de investigación en el Parlament en la que se cuestionó la ejecución de la obra pública en Cataluña y surgió el fantasma de los pagos irregulares en los contratos públicos. El conjunto de la operación para mitigar los daños en el barrio supuso un sobrecoste de 78 millones de euros para el proyecto: 34 los puso la Generalitat —recuperó seis millones de las aseguradoras— y 44 los contratistas —recuperaron 18—. La Administración, además, tuvo que afrontar el pago de indemnizaciones de más de 10 millones de euros a los afectados.

Una década después, 15.000 viajeros utilizan cada día la parada de metro Carmel, de la Línea 5. Las heridas están cerradas y no hay ganas de reabrirlas. El martes, cuando se cumplirán los 10 años, no habrá actos de recuerdo. El barrio ha vuelto a la normalidad. Y sobre el socavón hay una plaza provisional a la que nadie ha puesto nombre, pero que todo el mundo llama el “parque del Socavón”. Esa zona cero apareció durante semanas en todos los medios. Hasta allí acudió el entonces presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), la presentadora María Teresa Campos instaló su plató y varios afectados participaron en horario de máxima audiencia en Crónicas Marcianas.

El presidente de la asociación de vecinos, Fernando González, tenía 70 años. Hoy, con 80, sigue al pie del cañón. “Aquello fue un tsunami”, suspira tras recordar que estuvo 11 meses fuera de casa. Los que perdieron sus viviendas fueron realojados en pisos que eran públicos, el resto del millar de vecinos pudieron volver a sus casas en edificios que fueron reparados hasta la última grieta y mejorados, con más de 20 ascensores instalados. González, sin embargo, recuerda que faltan compromisos por cumplir, como hacer una plaza definitiva en el agujero.

Sobre las causas del hundimiento, reprocha que se desoyera a los vecinos de más edad que, como él, advirtieron de que justo en el punto que la tierra se tragó hubo un barranco que durante décadas se utilizó como vertedero de escombros. Conclusiones de la comisión parlamentaria aparte, lo tiene claro: “Se confiaron y urbanizaron sin tener en cuenta que aquello era una chimenea”.

Todos los afectados son gráficos a la hora de explicar lo que ocurrió: “No se quisieron gastar dinero y acabó costando mucho más”. Habla Beatriz, que regenta un bar en la calle de Sigüenza, justo enfrente del agujero, del que tuvo que salir pitando con lo puesto la mañana de ese 27 de enero.

Fue de las últimas en volver a casa: tardó un año y diez meses. Primero estuvo alojada en un hotel; luego, en un piso de alquiler. Estaba embarazada cuando ocurrió todo. Se ha cambiado de casa. Vivía en el bloque contiguo de los que se tuvieron que derribar. Solo quedan dos de los antiguos vecinos. El resto se marcharon, como ella. “Con todo el cemento que tiraron… pararon todas las obras de Cataluña, ahora tenemos el barrio más macizo de la ciudad, aquí no hay quien haga ni una alcantarilla”, bromea un cliente.

Beatriz, como muchos otros vecinos, salió disparada cuando oyó las voces de José Luis Ogaya, que entonces trabajaba en una tienda de electrodomésticos de la calle de Conca de Tremp. Los vecinos todavía suelen contar que Ogaya iba avisando del socavón con un megáfono, aunque en realidad no fue así. “Yo no llevaba nada, simplemente gritaba, pero tan fuerte que la gente creía que iba con un altavoz”, explica. El vecino acababa de llegar a su puesto de trabajo cuando oyó cómo “crujía el suelo”. “Vi la brecha abierta, que quedaba a solo un metro de mi coche”, recuerda. Esa historia dejó secuelas a Ogaya, que hoy está detrás de un mostrador de otra tienda de electrodomésticos, justo en el local que ocupaba la oficina de atención a los afectados. Lo cuenta Adela, que se pasó un año con sus hijas alojada en el hotel Atenea tras ver cómo precintaban su casa. “Cada vez que oigo un ruido me estremezco”, dice la mujer.

El vecino acababa de llegar a su puesto de trabajo cuando oyó cómo “crujía el suelo”

Las Administraciones tuvieron que atender una emergencia con la que nunca se habían encontrado. Los primeros días de la crisis, la gerente del Ayuntamiento de Barcelona, entonces encabezado por Joan Clos (PSC), incluso tuvo que repartir dinero en mano a los afectados, que le entregaban las facturas de los gastos. La ecosocialista Elsa Blasco llevaba solo dos años como concejal del distrito de Horta-Guinardó cuando tuvo que enfrentarse al hundimiento. Hoy recuerda que la vivió con “mucha angustia” en el terreno personal. “Era una obra que no era responsabilidad del Ayuntamiento, sino de la Generalitat, pero tuvimos que atender a la gente: desde vecinos cuyos pisos estaban perfectamente pero fueron desalojados por prudencia, hasta otros que habían perdido la casa y no recuperaron ni las fotos de la boda”, explica.

Vecinos, comerciantes y periodistas aprendieron en pocas semanas qué es el cuestionado método austríaco de construcción de túneles o qué es micropilotar un edificio, apuntalarlo desde lo más hondo. Una crisis que provocó que algunos políticos, como el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ofrecieran a los vecinos más de lo que reclamaban. “Pedí en directo en una radio que las obras tuvieran 10 años de garantía, pero Maragall dijo ‘¡10, no; 15!”, recuerda el presidente de la asociación de vecinos. Tras reuniones interminables, las 34 familias (94 personas) cuyos pisos fueron derribados recibieron un piso de protección descalificado, 70.000 euros para mobiliario —a los que se añadieron 10.000 euros por persona a partir del segundo miembro familiar— y 30.000 euros por afectado por daños morales. Otros 1.184 vecinos se acogieron a otro convenio por el que cobraron 10.000 euros por daños morales y recibieron garantías sobre sus inmuebles.

Desde el despacho de abogados Col·lectiu Ronda, una de las dos letradas que llevó a la mayoría de los edificios que perdieron la casa recuerda un caso “en el que la administración fue sensible y que se cerró con un muy buen acuerdo, pese a la complejidad, con trámites legales y convenios en los que intervinieron varias administraciones”. La abogada admite que lo que se consiguió entonces “sería imposible” en el contexto de hoy: “Con una crisis que ha provocado el paro y la pérdida de poder adquisitivo actual, con las actuales tasas de pobreza, con las miles de familias que han perdido la casa y las que pasan hambre, las cifras de las indemnizaciones hoy serían obscenas”.

Carmen Pérez-Pozo, que llevó a multitud de comerciantes, opina que el acuerdo fue “satisfactorio” en las indemnizaciones, si bien considera que la reactivación del barrio no ha terminado de producirse. Elsa Blasco, en cambio, considera que esa “desgracia” se convirtió en una “oportunidad” para el barrio. “Se han hecho muchas obras que estaban pendientes de forma endémica, como escaleras mecánicas o el propio metro”, apunta.

La crisis generó también una de las mayores broncas parlamentarias que se recuerdan, cuando tras una comparecencia de tres horas de Joaquim Nadal, en la que anunció la dimisión de dos altos cargos, Maragall se levantó y lanzó a la opinión pública su acusación del 3%, insinuando comisiones cobradas por CiU por la adjudicación de obras públicas. El presidente la retiró de inmediato para salvar la tramitación del Estatuto, pero supuso abrir una caja de Pandora que aún resuena y en la que la justicia acabaría indagando.