La Eurocámara reclama una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana

El urbanismo valenciano sufrió ayer un duro revés en Estrasburgo. El pleno del Parlamento Europeo aprobó el Informe Fourtou, que pide una moratoria para la recalificación de terrenos rústicos en la Comunidad Valenciana, hasta la promulgación de la nueva ley. Una mayoría de eurodiputados rechazó las enmiendas de los populares europeos; entre ellas, la que pretendía eliminar la moratoria. Poco después salía de la Comisión Europea un dictamen contra la ley urbanística valenciana vigente, porque no respeta las directivas comunitarias sobre adjudicación de contratos públicos.

La votación de ayer no tiene carácter vinculante, pero a juicio de algunos parlamentarios demuestra que existe la conciencia extendida de que se están cometiendo abusos urbanísticos y contra el medio ambiente en el Mediterráneo. El informe elaborado por la liberal Janelly Fourtou arremete contra las irregularidades urbanísticas cometidas en la Comunidad Valenciana, después de que el Parlamento Europeo recibiera cerca de 15.000 quejas de propietarios, afectados por lo que consideran "expropiaciones leoninas" y cuotas excesivas de urbanización. Muchos de los afectados son extranjeros que han fijado su residencia en España y que han visto cómo sus viviendas quedaban incluidas en programas de actuación integrada (PAI) y se veían obligados a pagar, según explican, elevadas infraestructuras de urbanización, además de tener que ceder parte de sus terrenos para las obras comunes. Otras quejas hacían alusión a la destrucción del paisaje y del medio ambiente.

El texto aprobado en Estrasburgo considera "evidente" que algunos propietarios han resultado perjudicados en ese proceso de urbanización y hace además hincapié en los efectos ambientales del modelo de desarrollo urbanístico del litoral valenciano. El informe pide una moratoria para "la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada". El texto hace referencia a la modificación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994 bajo Gobierno socialista y que será reemplazada por la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora en tramitación y que se prevé esté lista en febrero. El comisario europeo de Servicios y Mercado Interior, Charles Mc Creevy, advirtió el lunes que la LUV "parece que no va a corregir" las deficiencias de la ley anterior.

Los servicios jurídicos de la Comisión Europea ya habían alertado de que la LRAU no se ajustaba a las directivas comunitarias en materia de contratación pública. Y ayer volvió a reiterarlo. El colegio de comisarios aprobó, según fuentes jurídicas, "un dictamen motivado" en este sentido. Si España no subsana en los próximos meses esta carencia, la Comisión llevará a España al Tribunal de las Comunidades Europeas.

El Informe Fourtou se aprobó por 550 votos a favor frente a 45 en contra y 25 abstenciones. Cinco eurodiputados del PP españoles votaron a favor del informe, aunque fuentes del grupo lo atribuyeron a un error. Una mayoría de parlamentarios rechazó todas las enmiendas presentadas por los populares europeos y la mayoría de las de los liberales. Los populares defendían que se suprimiera del texto la moratoria urbanística, así como el párrafo en el que se asegura que "los procedimientos de adjudicación de contratos públicos no se ajustan a los principios de Derecho Comunitario".

Las propuestas del PP cayeron en saco roto debido no sólo a los votos de los adversarios políticos, sino también de los suyos propios. Hasta 32 eurodiputados del grupo popular rechazaron la enmienda en contra de la moratoria. Al menos los conservadores británicos rompieron la disciplina y votaron en contra de las enmiendas presentadas por los suyos, según fuentes populares. Muchos de los afectados son ciudadanos británicos que residen en la costa valenciana.

Lo mismo sucedió en las filas liberales. El grupo socialista, Los Verdes y la Izquierda Unitaria europea, rechazaron en bloque las enmiendas populares. Los parlamentarios europeos aceptaron en cambio cuatro alegaciones presentadas por los liberales, que no introducen cambios sustanciales en el texto. Los liberales propusieron suprimir cualquier alusión a la jurisprudencia relativa a los derechos humanos, por considerar que las instituciones europeas no deben hacer recomendaciones generales de este tipo a las regiones.

La votación de ayer no obliga jurídicamente al Gobierno valenciano. La decisión sí es una llamada de atención ante los problemas que presenta la urbanización descontrolada en el litoral español.