La oposición pide un nuevo modelo y el Consell intenta acelerar otra ley

Los grupos políticos que apoyaron el Informe Fourtou se felicitaron ayer por una decisión del Parlamento Europeo que consideran "histórica" y pidieron al Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, un cambio de rumbo en la política urbanística. El partido en el gobierno de la Generalitat reaccionó ayer anunciando que adelantará a diciembre la aprobación de la Ley Urbanística Valenciana, en tramitación, llamada a sustituir a la polémica LRAU vigente desde 1994.

"Es urgente que se rectifique", dijo el eurodiputado socialista Joan Calabuig tras la votación. El socialista pidió que se aplique de inmediato la moratoria en la Comunidad Valenciana hasta la aprobación de la nueva ley, pues el informe "es un toque de atención que no debe caer en saco roto". "Creo que no tendría [la moratoria] ningún impacto económico y sería positivo, pues permitiría reflexionar con más serenidad sobre el descontrol total que estamos viviendo en materia de urbanismo", dijo Calabuig, quien demandó el relevo del actual consejero de Territorio valenciano, Rafael Blasco.

El eurodiputado David Hammerstein, del grupo de Los Verdes, añadió que el paso dado por el Parlamento europeo con la aprobación de este informe es "un precedente histórico" que puede aplicarse a otras regiones españoles y otros países mediterráneos. Para Hammerstein, el litoral mediterráneo "está siendo objeto de atentados tremendos contra las personas y el medio ambiente". El eurodiputado verde reiteró que el informe pone "en la picota el modelo de urbanismo valenciano" y avanzó que extenderá a Italia y Grecia, "donde se dan casos parecidos", esta iniciativa. Hammerstein agradeció el esfuerzo de las miles de personas que se han manifestado contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana porque sus peticiones "no han sido gratuitas".

Invasión de competencias

En el otro extremo, el eurodiputado popular José Manuel García Margalló calificó de "disparate" la votación final del informe porque "invade las competencias legislativas" de los parlamentos nacionales y regionales para pedir la suspensión "de una ley legítima, aprobada por un parlamento legítimo y que no ha sido invalidada por el Tribunal Constitucional". "Es sorprendente que se haya votado una invasión de competencias", criticó García Margallo, quien celebró, no obstante, que del documento se hayan caído alusiones a actuaciones ilícitas con consecuencias penales o lesiones a los derechos de los propietarios sin que exista una resolución administrativa o judicial.

La asociación Abusos Urbanístico NO (AUN), que aglutina a cientos de afectados por la aplicación de la LRAU y artífice del procedimiento que culminó ayer en Estrasburgo, mostró "su más sincero agradecimiento" al Parlamento europeo y en particular a la Comisión de Peticiones "por su apoyo y por haber tramitado con ejemplar diligencia las quejas presentadas por la asociación".