Bruselas da un ultimátum a la Comunidad Valenciana para que cambie su ley urbanística

La Unión Europea ha dado hoy un nuevo toque de atención contra la política urbanística en el litoral español. Después de que ayer el Parlamento Europeo pidiera una moratoria en la construcción de nuevas viviendas en Levante, la Comisión ha lanzado hoy un ultimátum a la Comunidad Valenciana para que ajuste su ley urbanística a la normativa europea. De no hacerlo en un plazo de tres semanas Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión ha enviado a las autoridades españolas un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción comunitario, y ha advertido de que "si no existe una respuesta satisfactoria en el plazo de tres semanas la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas". Bruselas asegura que las autoridades no se han ajustado al primer aviso y que el proyecto de Ley que prepara la Generalitat "no es suficiente para poner fin al incumplimiento en diversos puntos".

Sin solución adecuada

La Comisión observa que el proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora en tramitación y que se prevé estará lista en febrero, "no prevé una solución adecuada para la cuestión del período transitorio aplicable a la LRAU" (Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística, actualmente en vigor). Además, la adjudicación de los Programas de Acción Integrada (PAI) que regula el proyecto de Ley Urbanística incumple la normativa comunitaria de contratos públicos de obras y servicios, según Bruselas.

"Los municipios de la Comunidad Valenciana se encargan de adjudicar estos programas que sirven para llevar a cabo obras públicas de equipamiento", indica el comunicado, que añade que las Cortes Valencianas han iniciado un procedimiento legislativo para modificar la LUV y adaptarla a las directivas correspondientes. El pasado lunes el comisario europeo de Servicios y Mercado Interior, Charles Mc Creevy, ya advirtió de que la LUV no iba a corregir las deficiencias de la ley anterior.

El Parlamento Europeo respaldó ayer la aplicación de una moratoria en las recalificaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana para evitar que se produzcan abusos en ciertas actuaciones y hasta que entre en vigor la nueva legislación. La intervención del PE en el asunto de las recalificaciones se produjo a raíz de las cerca de 15.000 quejas -muchas de ellas de ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE) residentes en la Comunidad Valenciana- recibidas por la comisión de Peticiones del Parlamento sobre abusos urbanísticos en la aplicación de la LRAU promulgada en 1994.