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La Comisión Europea vuelve a pedir la reforma de la ley valenciana de urbanismo

El Gobierno comunitario entiende que no respeta la legislacón comunitaria sobre contratos públicos

La Comisión Europea ha enviado a España una nueva petición oficial para que sea modificada la Ley de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana, LUV, por la supuesta incompatibilidad de algunas de sus disposiciones con la normativa comunitaria sobre contratos públicos.

Según ha informado la Comisión en un comunicado, el Ejecutivo europeo ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado suplementario, segunda fase del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea. "En ausencia de respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría llevar el asunto al Tribunal de Justicia", advierte la nota.

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La Comisión ya dirigió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, en diciembre de 2005, contra la ley anterior, la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) de 1994. En respuesta a esta petición, las Cortes Valencianas aprobaron, con los únicos votos del PP, la actual LUV (Ley Urbanística Valenciana), que entró en vigor el 1 de febrero de 2006.

Sin embargo, las reformas que introdujo la LUV no satisficieron a la CE, que el pasado 4 de abril envió una segunda carta de emplazamiento. En ella, instaba a las autoridades españolas a presentar sus observaciones sobre varias disposiciones de la LUV y sobre la forma en que esas disposiciones habían tenido en cuenta las advertencias previas acerca de la continuación de la concesión de contratos que estaban basados en la LRAU y contrarios a las directivas comunitarias sobre mercados públicos. Bruselas consideró entonces que la nueva ley "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían" en la normativa anterior.

Asimismo, decía en abril que las autoridades españolas no habían "atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las Directivas de contratación pública de la UE".

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