La nueva ley valenciana no pone límites al 'boom' urbanístico

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que rige el desarrollo urbanístico valenciano desde 1994 pasará a mejor vida con la aprobación, el próximo jueves, de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). Pero la Comisión Europea ya ha advertido de que el proyecto de ley no cumple con sus directivas sobre contratación pública. La norma sigue dejando la puerta abierta a las reclasificaciones masivas de suelo.

La Comisión Europea aprobó la pasada semana un dictamen en el que censuró no sólo la LRAU vigente, sino también la ley llamada a resolver los problemas y lagunas creados por la primera. A lo largo de 16 folios, el Ejecutivo comunitario amonesta a España porque el Gobierno valenciano, que preside el PP, no ha paralizado las adjudicaciones de proyectos urbanísticos o programas de actuación integrada (PAI) desde que en marzo de 2005 recibió la primera carta de advertencia de Bruselas. Pese a todo, la LUV, que entrará en vigar el próximo 1 de enero, permitirá que los PAI autorizados por los ayuntamientos antes de su aprobación se rijan por la anterior LRAU.

Bruselas opina además que el promotor de un PAI, un particular, dispone de unos plazos más largos que sus competidores en la tramitación ante un ayuntamiento. La nueva norma urbanística tampoco evitará que los candidatos a urbanizar un PAI minusvaloren los costes para adjudicarse la realización del proyecto y luego pidan una retasación de las cargas económicas que deben pagar los propietarios afectados.

La Comisión opina que la LUV no es suficientemente transparente a la hora de exigir que el precio de la redacción del proyecto y el coste de ejecución de las obras de urbanización de un PAI tengan que incluirse en la propuesta jurídico-económica, lo que complica la comparación de ofertas de los candidatos.

El consejero de Territorio valenciano, Rafael Blasco, insistió ayer en que el texto sigue "al pie de la letra" las recomendaciones de la UE. "La nueva ley establece el concurso público como modo de selección y adjudicación de los PAI", afirmó.

Los socialistas restan importancia a la discusión jurídica sobre la que ha opinado la Comisión -existe una sentencia que cuestiona la aplicación de estas directivas a los PAI-, e insisten en que lo grave es el ritmo de desarrollo urbanístico. "El problema de la LUV no es la trasposición de la legislación europea en materia de contratación pública", defendieron ayer los socialistas valencianos Eugenio Burriel y Adolf Sanmartín, portavoces de urbanismo, "sino que con la LUV en vigor se podrá seguir reclasificando suelo rústico sin necesidad de revisar los planes generales de ordenación urbana, tampoco se reserva porcentaje alguno para construir VPO ni se defenderá a los pequeños propietarios".