Crece la polémica por las garantías de equidad en los concursos

La adjudicación de los PAI (Programas de Actuación Urbanística) no es el único elemento del urbanismo valenciano sujeto en este momento a discusión pública. La posibilidad de que el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), ente público que preside el consejero de Territorio, Rafael Blasco, pueda ser agente urbanizador de la mano de un socio privado ha levantado recelos y protestas en algunos municipios y en la oposición parlamentaria.

El Ayuntamiento de Albal, municipio del área metropolitana de Valencia gobernado por los socialistas, dio ayer un paso más en este sentido al presentar un dictamen jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño, sobre un PAI que desarrolla la vecina localidad de Catarroja, donde el equipo de gobierno está en manos del PP. Ese ayuntamiento ha sacado a información pública un plan que prevé reclasificar 1,7 millones de metros cuadrados de suelo rústico -zona de huerta- para 12.000 nuevas viviendas, 6.000 de ellas con algún tipo de protección pública. El Ivvsa y la promotora Llanera optan a la urbanización del PAI. El informe asegura que tanto el derecho español como el comunitario permiten la creación de sociedades mixtas, si bien concluye que la creación por parte del Ivvsa de una empresa mixta para participar en un concurso público local junto a un socio privado es contraria a la contratación pública.

El informe cuestiona que la Generalitat, en este caso a través del Ivvsa, pueda participar en un concurso cuya aprobación definitiva depende de ella misma, "como sucede en Catarroja". "Podría constituir un caso de abuso de posición dominante", apunta el informe. El alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí, añadió, con el dictamen en mano, que el proyecto Nou Mil.leni de Catarroja "infringe la LRAU, pues la construcción de 12.000 nuevas viviendas sobre suelo reclasificado exige la revisión del plan general". Marí dijo que recurrirá al contencioso para detener el plan.