El juez procesa a Pinochet por corrupción

El juez chileno Carlos Cerda dictó ayer el procesamiento y ordenó el arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet por cuatro delitos de corrupción relacionados con las millonarias cuentas secretas que mantuvo en el exterior, especialmente en el banco estadounidense Riggs. El magistrado le concedió la libertad al ex dictador a cambio de pagar una fianza que ronda los 19.500 euros. No obstante, la medida aún debe ser aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago, a la que pertenece el propio Cerda. La defensa de Pinochet ha anunciado que apelará el procesamiento que, por tercera vez en su vida, pone al ex dictador bajo arresto en su país. La diferencia es que esta vez no es por violaciones de los derechos humanos, sino por enriquecimiento ilícito.

El ex dictador fue declarado hace cinco días mentalmente apto para afrontar un juicio

La defensa dice que Pinochet ocultó bienes por la "persecución del marxismo internacional"

Cerda aprovechó el resquicio que le dejó la Corte Suprema y dictó el procesamiento por los cuatro delitos por los que el máximo tribunal autorizó el desafuero del ex dictador: Evasión fiscal (cerca de dos millones de euros no declarados), falsificación de cuatro pasaportes, engaño en la confección de una declaración de bienes; y falsificación de dos certificados de ingresos atribuidos a la Subsecretaría de Guerra. Cerda también aprovechó el informe emitido recientemente por el tribunal del juez Víctor Montiglio, que lo declaró mentalmente apto para hacer frente al general y su decisión de usar el informe médico que lo declaró apto para afrontar un juicio por la desaparición y asesinato de 15 detenidos durante la dictadura.

La notificación del arresto corrió a cargo de la secretaria de la Corte de Apelaciones, Silvia Papa, quien se presentó en la mañana de ayer en el domicilio de Pinochet en el barrio La Dehesa, el más lujoso de la capital chilena. Cerda decidió otorgar la libertad previo pago de una fianza de unos 19.500 euros al ex dictador porque, según explica en su resolución, la vida cotidiana de un nonagenario "no es peligrosa para la seguridad de la sociedad" mientras sigue el procesamiento. Argumenta también que las diligencias están avanzadas y que advierte ánimo de las partes para que progresen, por lo que la libertad no es un riesgo. La fianza aún debe ser aprobada por la Corte de Apelaciones.

El jefe del equipo jurídico de Pinochet, el abogado Pablo Rodríguez, afirmó que apelarán tanto al montante de la fianza, puesto que la justicia mantiene embargados los bienes del general, como al procesamiento. Explicó que su cliente ocultó bienes porque siempre ha sido perseguido "por el marxismo internacional" y consideró una "vergüenza" procesar a una persona de 90 años e incapaz de defenderse por su demencia senil. Pinochet cumplirá mañana los 90. La sociedad chilena, en cambio, no tembló como en otras ocasiones ante la apertura del procesamiento de Augusto Pinochet. Aunque todavía hay quienes justifican los crímenes de la dictadura por el contexto político, nadie se atreve a justificar la corrupción financiera.

El ministro portavoz del Gobierno, Osvaldo Puccio, afirmó que el caso demuestra la independencia del Poder Judicial y el rigor de la aplicación de la ley. Mientras, el Ejército chileno permaneció en silencio ante la situación del ex jefe de la institución. "La honestidad y el honor son fundamentales para los militares", comentó la candidata presidencial de la coalición gobernante y ex ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Este procesamiento "debe haber sido muy duro para la gente que creyó, que quiso a su comandante en jefe", añadió.

El detallado auto de procesamiento de 19 folios de Cerda, basado en buena medida en la investigación previa realizada por el juez anterior a cargo del caso, Sergio Muñoz, establece el manejo de Pinochet de sus cuentas secretas, con el apoyo de su familia y camarilla más cercana. En 1999 y 2000, mientras estaba detenido en Londres a petición de la Justicia española, el ex dictador se comunicaba con una ejecutiva del Banco Riggs en la capital londinense, Martha Shepard, usando códigos para mover el dinero o conocer sus saldos. En una carta le daba instrucciones para que sus parientes retiraran dinero: "Querida Martita. Le presento a mi hija a quien, conforme a la llamada telefónica, entregar con doc 10 para canje, entregar a ella 10 verdes 10E y estado C/C", firmando con uno de sus nombres, "José". La ejecutiva le responde: "Querido José: CS-%L-104 D S-111 S-4493 S-1000, S-1619. Reciba saludos afectuosos, y mil felicidades por su cumpleaños".

Según la resolución, Pinochet amasó en cuentas en el exterior un total de 25,9 millones de dólares. Los pasaportes, agrega el juez, constaban de diversas irregularidades: En alguno Pinochet figuraba como "Augusto Ugarte" y en otro el número de identidad no se correspondía con el verdadero. También falsificó las firmas y arrancó páginas de los pasaportes.

En la declaración de bienes que hizo Pinochet meses antes de dejar el poder, en octubre de 1989, bajo juramento y ante notario, "ocultó deliberadamente una cuantiosa fortuna", sostiene el juez, tanto sumas de dinero depositadas en el exterior como varios inmuebles en Chile. Los certificados falsos de la Subsecretaría de Guerra fueron un "embuste" para presentar a "las autoridades de un país extranjero que investigaban el origen de los ingresos [de Pinochet]", agrega la resolución de Cerda.

La reacción de los querellantes fue de amplia satisfacción. La abogado Carmen Hertz, viuda de un detenido desaparecido, quien interpuso la querella por el caso Riggs, afirmó que la investigación debe concentrarse ahora en el origen de la fortuna de Pinochet, cuya parte más turbia son las comisiones pagadas al ex dictador en compras de armamento, y pidió cooperación a la justicia de otros países.

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el ex dictador no contó con voces en la derecha que se alzaran en su defensa, pero sí para apoyar su encausamiento o la labor de la justicia. Uno de los candidatos presidenciales de la derecha, el ex alcalde Joaquín Lavín, que fue funcionario de la dictadura, lamentó que a su edad Pinochet deba pasar por esto, pero la ley justa "no es dura", mientras el otro postulante de este sector, el millonario Sebastián Piñera, apoyó el juicio contra el ex dictador.

Justo a Pinochet, también han sido procesados su esposa, Lucía Hiriart, y su hijo menor, Marco Antonio, ambos encausados como cómplices del fraude tributario, su secretaria privada, Mónica Ananías y su ex albacea, Oscar Aitken.