La Generalitat quiere regular la prostitución y sacarla de la calle

El Departamento de Interior de la Generalitat ha redactado el borrador de una ley que regulará la prostitución en Cataluña. Fuentes oficiales explicaron ayer que el texto está "maduro" y que la futura ley pretende reconocer derechos individuales a las personas que ejercen la prostitución, acabar con su presencia en las cunetas de las carreteras o en las calles de las ciudades y reordenar el funcionamiento de los locales de alterne.

La ley que prepara la Generalitat catalana para regular la prostitución es la primera iniciativa de estas características que se produce en España. El Departamento que dirige la consejera Montserrat Tura no es ajeno a la controversia que suscita cualquier intento de regulación y tiene claro que la legislación que prepara debe ceñirse a las competencias que tiene transferidas la Generalitat.

El Departamento de Interior reclama "un debate sereno" y que haya "amplio consenso"

La ley establecerá inspecciones periódicas en los locales

Las mismas fuentes oficiales explicaron que el borrador de la ley ha sido trabajado desde hace meses por juristas de diversos ámbitos. Así, al amparo de la competencia que tiene la Generalitat sobre el orden público en Cataluña, la ley prohibiría la presencia de las prostitutas en las calles y fijaría un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

En cuanto a los prostíbulos, podrán seguir funcionando siempre que tengan una puerta de acceso diferenciada de la de la comunidad de vecinos. Cuando la ley entre en vigor se establecerán inspecciones periódicas para velar por su cumplimiento. Y sobre el ejercicio de la prostitución, la ley prevé que sea la mujer la que decida por sí sola con quién mantiene relaciones sexuales.

El Departamento de Interior emitió una escueta nota pública explicando que "la propuesta necesita amplios consensos y un debate sereno", después de que la cadena SER desvelase el proyecto político del Gobierno catalán. "El objetivo es acabar haciendo una propuesta de legislación al respecto, pero en estos momentos no está culminada", se asegura en el comunicado público.

El Departamento de Interior recuerda también en ese escueto pronunciamiento público que hace meses que ya anunció "la necesidad de limitar la proliferación de la prostitución que se está produciendo en Cataluña, especialmente la de la carretera y la vía pública". La consejera Montserrat Tura siempre ha mostrado un especial interés por regularizar la prostitución, al punto de que hace casi un año trascendió que se había personado en un prostíbulo situado a pie de una carretera de Girona para conocer en vivo la situación. Fuentes del Gobierno catalán admitieron la dificultad de legislar sobre esta materia, pero precisaron que "la sociedad nos está diciendo que hay que hacer algo frente a este realidad".

Un grupo de prostitutas catalanas que han impulsado, junto a CC OO, la creación de un sindicato que les permita ejercer con los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador, recibió ayer el anuncio con escepticismo, informa Clara Blanchar. "El asunto es muy complejo, requiere mucho consenso y tener en cuenta que cualquier medida debe ser beneficiosa para las distintas formas que hay de ejercer la prostitución", manifestó la coordinadora general del Sindicato del Trabajo Sexual, Justine Abellán. Cree que la intención de erradicar la prostitución de la calle "perjudicaría al colectivo que ejerce en peores condiciones y al que no se puede quitar el pan de la boca de un día para otro".

De todos los colectivos implicados, el que recibió con más efusividad la iniciativa de la Generalitat fue la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Su coordinador jurídico, Manuel Nieto, felicitó al Gobierno catalán "por su valentía" ante lo que calificó de "necesidad ciudadana" y que, según estudios de la asociación mueve al año 12.020 millones de euros en España.

En enero de 2003 entró en vigor una ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que regula los locales públicos. En el capítulo destinado a casas de alterne se especificaban qué características deberían reunir. Ante la evidencia de que el 90% de los prostíbulos no cumplía con la nueva normativa, se estableció una moratoria de un año para que los locales se adaptasen. Ha transcurrido ese tiempo, no ha sucedido lo previsto y el consistorio no ha actuado aún. Del mismo modo, en el año 2003 la Generalitat dictó un decreto para regular los prostíbulos y un año después emitió una ordenanza tipo que deben desarrollar los ayuntamientos y que concreta diversos aspectos sobre esa actividad.