"Un trabajo que sólo debe ser voluntario"

"La prostitución es un trabajo, pero, a diferencia de otros, sólo debe hacerse voluntariamente", sostiene Sietske Altink, asesora del Gobierno holandés y miembro de la asociación Hilo Rojo (De Rode Draad, agrupa a personas que ejercen la prostitución y colabora con el sindicato socialdemócrata FNV). Esta experta considera que el modelo de su país, que ha reglamentado la prostitución y prohíbe forzar a ejercerla, permite luchar mejor contra la trata de mujeres. "Se lucha de verdad contra el tráfico, aunque hay problemas con las mafias, como en otros países de Europa", afirma en una entrevista concedida antes de participar en una jornada sobre prostitución celebrada en Cáceres.

La asesora del Gobierno holandés explica que, pese a estar permitido ejercer la prostitución, los burdeles permanecieron prohibidos en su país hasta 2000. Ese año, una ley autorizó a esas empresas y obligó a sus propietarios a pagar la Seguridad Social de las prostitutas e impuestos por su actividad. La norma estableció también esos requisitos para quienes ejercen de forma autónoma. El ejercicio, por libre o en un prostíbulo requiere además la autorización municipal. Antes de esa ley, las personas que se prostituían "estaban obligadas a pagar el impuesto sobre el valor añadido, pero no podían acceder a beneficios como la Seguridad Social", detalla.

"Los dueños de los prostíbulos incumplen la legislación laboral"

La regularización tendrá efectos positivos "poco a poco"

Sin embargo, pese a que la nueva norma otorga derechos a las personas que ejercen la prostitución (ocupación que se considera un trabajo), "es muy difícil hacer reales esos derechos", asegura Altink.

Los obstáculos vienen de dos frentes. Por una parte, "muchos ayuntamientos, sobre todo los pequeños, se resisten a dar la autorización para el ejercicio de la prostitución, aunque los dueños de los burdeles cumplan los requisitos de carecer de antecedentes penales y no ocasionar molestias públicas". También son remisos a autorizar el ejercicio individual. A ello se suma otro inconveniente: "Los empleadores no quieren pagar los impuestos y la Seguridad Social. Incumplen la legislación laboral y el Gobierno no los persigue", afirma Altink.

La nueva ley ha provocado una cierta crisis en la industria del sexo. Las dificultades para obtener licencia y el aumento de costes ha provocado un encarecimiento de las tarifas. El número de prostitutas ha bajado "de 30.000 a 20.000", según los datos de esta experta. Altink cree que, "poco a poco", la ley tendrá efectos beneficiosos para una actividad "imposible de erradicar". A su juicio, el único medio de que las prostitutas tengan derechos reales es "acabar con el estigma y la criminalización de su actividad".