Las comunidades del PP tachan de limosna la oferta de Zapatero para la sanidad

Ninguna de las comunidades gobernadas por el PP considera razonable la propuesta del Gobierno para paliar el déficit sanitario, calculada en unos 3.000 millones de euros para los dos primeros años. Sólo la mitad de ellos serían asumidos por el Estado. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, la calificó de "limosna coyuntural", y señaló que esta comunidad necesita al menos el triple. Además, Madrid se niega a subir impuestos para financiar la sanidad. La Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia, también gobernadas por el PP, rechazaron de plano la propuesta.

Las comunidades gobernadas por el PP tienen dos quejas comunes: primero, que aún no conocen oficialmente la propuesta, que será discutida en la próxima Conferencia de Presidentes; y segundo, que es claramente insuficiente. "Esta propuesta es una limosna coyuntural que no soluciona el problema estructural de financiación de la sanidad pública", señaló la madrileña Hidalgo. Además, calificó de "impresentable, desleal y una falta de respeto que la primera noticia que la Comunidad de Madrid tiene de esta propuesta haya sido por un periódico [EL PAÍS de ayer] y no de forma oficial".

La propuesta que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere presentar en la Conferencia de Presidentes consiste en destinar 750 millones de euros adicionales a la sanidad pública en cada uno de los próximos cuatro años (3.000 en total). El Gobierno central aportaría la mitad del dinero los dos primeros años, mientras las comunidades autónomas, tras aumentar los impuestos que tienen transferidos, deberían asumir los dos siguientes.

"Esta propuesta no sirve, ni por las cantidades que baraja, ni por el origen del dinero, ni por la duración del aumento de financiación", sostiene Hidalgo. La consejera cree que la financiación sanitaria debe consolidarse para garantizar la sostenibilidad del sistema, "ya sea mediante la revisión del actual sistema de financiación, según las cláusulas que éste prevé, o el diseño de uno nuevo".

Madrid no quiere subir los impuestos, algo a lo que prácticamente le obligaría el modelo planteado. "Esto es invadir nuestra autonomía. El compromiso de mi Gobierno es no aumentar los impuestos y Zapatero no puede obligarnos a hacerlo", señaló la consejera. "Tampoco entendemos las cantidades que se barajan. Si el Gobierno central aporta 750 millones al año para todas las comunidades, Madrid, con un 14% de la población de España, recibiría unos 100, cuando nuestras necesidades anuales son más del triple", asegura Hidalgo.

Aumento de población

Madrid reclama al Gobierno central 944,5 millones por la deficiente financiación percibida entre los años 2002 y 2004. De ellos, 688 corresponden al aumento de población y 257,5 a la atención médica prestada en los hospitales madrileños a pacientes extranjeros y procedentes de otras comunidades.

La cifras que ofrece Madrid fueron infladas en unas declaraciones del responsable de economía del PP, Miguel Arias Cañete, quien aseguró que la comunidad de la capital necesita 600 millones anuales, el doble de lo que reconoce la consejera. Para Arias Cañete, si el modelo actual ofrece un déficit de unos 4.000 millones anuales, proponer 3.000 millones en cuatro años "es una operación de imagen sin efecto práctico alguno". El responsable del PP coloca esta propuesta dentro de la "política frívola de globos sonda".

Baleares, otra de las comunidades que más acusa el déficit sanitario, considera la propuesta "absolutamente insuficiente". El consejero balear de Economía y Hacienda, Lluís Ramis d'Ayreflor, explicó que "más que una solución, es un parche, ya que parece que la aportación del Gobierno central será de 1.500 millones de euros en dos años, cuando el déficit sanitario anual asciende a más de 7.000 millones". Ramis reiteró que "no basta con proponer una cantidad de 3.000 millones en cuatro años cuando, en ese plazo, el problema será previsiblemente mucho más grave".

El consejero balear concluyó que "mientras se manejen estas cifras, no se va a solucionar el problema", y afirmó que queda a la espera de que el Gobierno central remita, antes de la Conferencia de Presidentes, un estudio más completo, en el que se barajen otras medidas para paliar las pérdidas.

La prioridad del Ejecutivo balear en materia de sanidad es una igualación respecto al resto de autonomías en la financiación per cápita, al tiempo que se apunta al crecimiento de la población como el principal motivo del déficit sanitario en las islas, cifrado en unos 200 millones de euros.

Reuniones bilaterales

La Comunidad Valenciana tampoco acogió de forma positiva la idea, aunque el consejero de Economía de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, del PP, prefirió no pronunciarse sobre la noticia adelantada por EL PAÍS hasta que no reciba la propuesta oficialmente. Para Camps, las reuniones bilaterales con las autonomías "deben tener carácter consultivo y no ser el lugar donde se tomen las decisiones, de forma que no se impongan los acuerdos adoptados entre unas autonomías sobre otras".

El Gobierno valenciano ha sido uno de los que más han insistido en modificar el actual sistema de financiación de la sanidad. Ayer, Camps repitió que su apuesta consiste en "el desarrollo pleno del actual modelo y la actualización del criterio de población".

En el mismo sentido, la consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Inmaculada García, destacó que los 1.500 millones que van a tener que aportar los ejecutivos regionales van a implicar un esfuerzo para todos los ciudadanos. "Nos van a exigir que subamos impuestos", comentó. También criticó que el Gobierno no haya explicado cómo se va a repartir esa cantidad. En este sentido, recordó que "Cataluña está reclamando, sólo para ellos, 3.000 millones para financiar su sistema sanitario".

Con información de Oriol Güell, Manu Menéndez, Jaime Prats y Carlos E. Cué