El informe de los 'sabios' excluye el copago para reducir el déficit

La introducción del copago para contribuir a sufragar el déficit sanitario -posibilidad que ha levantado ampollas en algunas comunidades- no forma parte del debate entre el grupo de expertos nombrado por el Gobierno. El informe encargado por el Ejecutivo de Zapatero no contempla esta medida. De hecho, el estudio no incide en ningún momento en cómo aumentar los recursos; sólo se limita a dar recomendaciones genéricas para reducir el gasto.

El informe de los expertos sobre gasto sanitario, coordinado por el Ministerio de Economía y Hacienda, pondrá encima de la mesa en la próxima Conferencia de Presidentes el déficit de la sanidad de las comunidades autónomas, de 4.900 millones de euros en 2003 (véase EL PAÍS de ayer), pero no aporta ninguna receta para financiar esta sangría. Entre los expertos hay miembros del Ministerio de Sanidad, de los gobiernos autónomos y de la Intervención General de la Administración del Estado, adscrita a Economía.

El documento, de 400 páginas, lanza una serie de propuestas para "racionalizar" el gasto. Se trata de recomendaciones genéricas, pero no hay ninguna medida concreta, ni de tipo presupuestario ni fiscal. La introducción del copago (el abono de un euro por receta o acto sanitario, por ejemplo), una de las posibles medidas que más polémica ha suscitado en autonomías como Cataluña, se excluye, pese a que el gasto en recetas es el componente del gasto sanitario que más se ha disparado entre 1999 y 2003.

Abonar una cantidad por receta "no ofrece ninguna solución financiera", señalan académicos consultados por este diario, "además de provocar una asimetría de la información, puesto que el gasto lo genera el médico, no el paciente". El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también ha rechazado frontalmente el copago, aunque se muestra partidario de dejar "absoluta libertad" a las comunidades autónomas para que puedan subir impuestos.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en línea con su secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se muestra abierto a que, si las comunidades lo proponen, se modifique el actual sistema de copago. Pero siempre que se mantenga como elemento diferencial los ingresos, no la categoría laboral: "El hecho de que una persona esté jubilada, si tiene unos ingresos altos, no le excluye de tener que pagar impuestos".

Solbes se ha mostrado partidario de aumentar la capacidad normativa de las comunidades en varios tributos con el objetivo de que puedan subir impuestos, por ejemplo sobre el tabaco y el alcohol, para reducir el déficit sanitario.

Centralizar las compras

Para reducir los gastos, la primera medida que propone el informe es la "introducción de mecanismos que permitan frenar el ritmo de crecimiento de los consumos intermedios", como la "centralización de compras de los productos sanitarios de uso hospitalario".

El trabajo revela que la partida que más ha contribuido a disparar el coste de la salud, en el periodo 1999-2003, fue la de consumos intermedios (compra de material para centros sanitarios), con una tasa de crecimiento del 12,16%, tres puntos por encima de la tasa de aumento del gasto sanitario total.

Las compras de productos ganan peso en todas las comunidades. En 2003, esta partida suponía más de una quinta parte de la factura sanitaria para Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Melilla.

Los consumos intermedios representan el 21% del gasto total. La remuneración de asalariados (gastos de personal) supone el 45,8%, seguida de las transferencias corrientes (básicamente, gasto en recetas), con un 24,5%. Pero el gasto de personal ha ido perdiendo peso, aunque hay una gran disparidad entre comunidades.

Las del antiguo Insalud, que asumieron la transferencia de la sanidad en 2002, han ido incrementando los sueldos con el objetivo de equilibrarlos con los del nivel de las autonomías que ya tenían las competencias transferidas. "De continuar este efecto, es de esperar que se produzca una espiral inflacionista que presionará los gastos de personal", advierte el informe.

Junto a la centralización de las compras, el trabajo propone varias medidas más:

- Asegurar el uso racional de los medicamentos con guías farmacológicas, programas de "protocolización de la prescripción", control de las visitas médicas o la promoción de los genéricos. El objetivo es atajar el gasto en farmacia, que es la partida funcional que más se dispara. Las recetas suponen casi una cuarta parte de la factura sanitaria.

- Concienciar a los usuarios con medidas destinadas a incentivar el uso racional de los servicios sanitarios para que distingan la cartera de servicios básicos de los complementarios.

- Guías de práctica sanitaria. El uso racional de los servicios también es responsabilidad de los profesionales sanitarios.

- Incentivos a los profesionales sanitarios con el objetivo de aumentar la calidad asistencial y para que se corresponsabilicen del gasto. Fijación de las retribuciones con cooperación de los servicios autonómicos de salud para limitar el "insostenible" crecimiento de los gastos de personal.

- Reforzar el papel de las agencias de evaluación de nuevas tecnologías.

- Potenciar la atención primaria y desarrollar el sistema de información sanitaria.