Argentina pone punto final a la impunidad

La Corte Suprema argentina declaró ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987 bajo el mandato del presidente Raúl Alfonsín. La sentencia judicial de ayer es inapelable. El presidente Néstor Kirchner declaró nada más conocer el fallo: "La impunidad ha terminado en Argentina". Estas dos leyes permitieron paralizar los procesos y exculpar a los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). La decisión judicial fue bien recibida tanto entre la clase política como por asociaciones civiles, mientras el ministro de Defensa, José Pampuro, reconoció que entre los militares hay "cierta inquietud" por lo que pueda suceder a partir de ahora.

Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, el más alto tribunal argentino abrió ayer la vía para que continúen los procesos ya iniciados -y aceptar nuevos casos- por violación de los derechos humanos contra todos los implicados, independientemente de su cargo en el momento de cometer los crímenes.

Diferentes juristas consultados expresaron sus dudas sobre los casos que han sido juzgados y a los que se les ha aplicado alguna de las leyes anuladas, ya que, según los diferentes tratados internacionales suscritos por Argentina, no es posible juzgar a una persona por un mismo delito en dos ocasiones.

Lo que hizo ayer la Corte Suprema fue respaldar la decisión de un juez federal, que investigaba la desaparición de una pareja y su hija. El magistrado había fallado en 2001, en primera instancia, que las leyes que le impedían seguir adelante no respetaban el artículo 29 de la Carta Magna.

La decisión adoptada ahora culmina un largo proceso iniciado en octubre de 2000 cuando el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el periodista Horacio Verbitsky, interpuso una querella criminal contra 11 personas implicadas en el secuestro en 1976 de José Liborio Poblete Roa, Gertrudis Marta Hlazcdic y la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete. La querella afectaba tanto a los altos jefes al mando de las unidades -entre ellos el comandante del I Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason- como a subordinados de baja graduación. Es el caso de Julio Simón, alias Turco Julián, un suboficial de policía, que participó activamente en el secuestro y en las torturas posteriores que se prolongaron durante dos meses, como comprobó la investigación posterior. La sentencia provisional estableció que el crimen era tan grave que no podía prescribir y que los implicados no podían ampararse en el argumento de que obedecían órdenes superiores para justificar las violaciones cometidas.

"En Argentina, la impunidad ha terminado; este fallo devuelve la fe en la justicia", señaló ayer nada más conocer la decisión de la Corte Suprema el presidente Néstor Kirchner. "Este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley", añadió el mandatario, para quien la decisión del alto tribunal "reconcilia a los argentinos".

La resolución se conoció poco después del mediodía (seis de la tarde, hora peninsular española) y provocó la algarabía de decenas de personas que se habían concentrado frente a la sede del tribunal, entre ellas varias fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, la organización que desde la dictadura comenzó a exigir el esclarecimiento de lo ocurrido con sus hijos secuestrados por las fuerzas argentinas o los paramilitares. "Después de 20 años, qué menos que estar aquí celebrándolo", señalaba Nora Cortiñas, una de las madres. "Los crímenes que se han cometido ofenden a la humanidad. Los que arrojaron a las personas al río, los que torturaban a las mujeres embarazadas, los que torturaban a los niños en el vientre de su madre metiendo una cuchara por la vagina y aplicando la picana [descarga eléctrica]... Esos genocidas no pueden pasar desapercibidos por tener un grado menor", subrayó.

Militares afectados

En la actualidad hay 150 militares argentinos detenidos por diversas causas de violación de derechos humanos, aunque sus procesos permanecían paralizados. El ministro de Defensa, José Pampuro, señaló ayer que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida podría afectar a entre 500 y 1.000 militares.

Los medios locales manejan la cifra de 3.000 militares, tanto en activo como retirados, que podrían ser llamados a declarar en futuros procesos. Pampuro reconoció la existencia de "cierta inquietud" entre los militares, aunque aseguró que en todo caso este estado era "a título personal" y no como estamento. "En las Fuerzas Armadas se sabía que esto iba a pasar. Hay algunos que quieren saber cómo va a evolucionar la cuestión, pero son asuntos de tipo personal", explicó.

Las leyes declaradas inconstitucionales son la 23.492 y la 23.521. La primera fijaba la extinción de acciones penales contra militares y civiles por delitos cometidos durante la dictadura. La segunda eximía de culpa a oficiales, suboficiales y tropa. Además, entre 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem indultó a numerosos militares condenados, entre ellos el primer jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla. Sin embargo, en agosto de 2003 el Congreso argentino declaró nulas las leyes en virtud de los tratados internacionales firmados por Argentina, según los cuales los crímenes contra la humanidad no prescriben. Esta decisión quedó en el aire a falta del dictamen final de la Corte Suprema.