La Fiscalía española aboga por revisar las causas pendientes tras el fallo del Supremo argentino

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, ha abogado por analizar si sigue siendo necesaria la intervención de la Justicia española en casos relacionados con la dictadura argentina una vez que la Corte Suprema de este país declaró ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Conde-Pumpido, que presidió en Jaén una Junta de fiscales, ha señalado en rueda de prensa que España, desde la Fiscalía General del Estado, ha potenciado la aplicación de la jurisdicción universal para hacer frente a los crímenes contra la humanidad. En esta línea, el fiscal general del Estado ha señalado que se ha dado "un avance importantísimo" con la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que se condenaba al argentino Adolfo Schilingo a 640 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad con 30 muertos sobre sus espaldas, detención ilegal y torturas.

"Si la justicia argentina, a través de las reformas legislativas procedentes, puede ser útil para resolver esos problemas, tendremos que examinar si sigue siendo necesaria la intervención de la Justicia española", ha subrayado Conde-Pumpido, para añadir que en todo caso ésta es una cuestión que atañe directamente a la Audiencia Nacional y en la que es "muy pronto para pronunciarse".

Cavallo, pendiente de juicio

El fiscal general del Estado ha recordado que Fiscalía sigue teniendo pendiente el proceso contra el ex militar Ricardo Miguel Cavallo en una causa en la que deberá examinarse el problema de la subsidiariedad, ya que "la jurisdicción universal interviene en principio cuando no hay una solución en el propio lugar del hecho". En el caso concreto de Cavallo, Conde Pumpido ha afirmado que ésta es una cuestión que llegado el momento deberá ser valorada tanto por el tribunal como por la Fiscalía.

Las declaraciones de Conde-Pumpido se producen un día después de la decisión de la Corte Suprema argentina de suspender las leyes adoptadas bajo el mandado del presidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987, lo que supone el fin de la impunidad para cientos de militares que podrían ser juzgados por la violación de derechos humanos en la época de la dictadura en este país latinoamericano. Las primeras acciones legales no han tardado ni 24 horas en producirse. Así, el juez federal de Tucumán Jorge Parache ha ordenado reactivar las investigaciones para dar con el paradero del hijo de una mujer española que desapareció en esa provincia del norte de Argentina durante la dictadura (1976-1983), cuando estaba embarazada de cuatro meses.