Una granja catalana de monos para la investigación debe cerrar

"El caso Camarles ha terminado". Así se manifestó ayer el director de Medio Natural de Cataluña, Ramon Luque, sobre la sentencia de la Audiencia de Tarragona conocida ayer y que concluye que el Ayuntamiento de Camarles actuó correctamente al anular la licencia de obras de una granja de monos para la investigación ubicada en el municipio. La sentencia señala que la granja está construida en zona agrícola.

Este complejo y enmarañado caso jurídico llega a su fin después de que la Generalitat catalana autorizara a la empresa para abrir la granja de micos en 2002, poco antes de aprobar una ley de protección de los animales que impide que existan en Cataluña instalaciones de este tipo. Tras la fuerte oposición social que despertó la presencia de la granja, el Ayuntamiento de Camarles dio marcha atrás y retiró las licencias de obras y de actividad que previamente había concedido.

La empresa, de capital francés, puso en duda esta actuación y la denunció ante los tribunales. Ahora la Audiencia de Tarragona ha acabado dando la razón al Ayuntamiento, que anuló la licencia de obras por estimar que la granja estaba ubicada en un terreno agrícola, cuando en realidad debería haberse construido en una zona industrial.

Así lo dice el juez en una sentencia que desató ayer la euforia en el seno del tripartito. ERC e ICV se manifestaron rotundamente en contra de esta instalación en la pasada legislatura y ayer sus representantes en el tripartito recibieron la sentencia con muestras de alegría.

Ramon Luque anunció que el Departamento de Medio Ambiente prepara una resolución para definir exactamente cómo debe ser el proceso final de desmantelamiento de la granja, que aún tiene enjaulados 200 macacos que podría vender legalmente.