La Generalitat impondrá el pago de un euro por cada visita al ambulatorio
El Gobierno catalán apostará por el copago en la Sanidad para atajar el déficit acumulado de su sistema de salud, que, según sus cálculos, alcanza ya los 3.000 millones de euros. Tras estudiar las propuestas que un grupo de expertos, presidido por Miquel Vilardell, redactó para contener este déficit, el Ejecutivo de Pasqual Maragall se ha propuesto establecer nuevas tasas para la utilización de servicios sanitarios que supondrán el pago de un euro por cada visita al médico de atención primaria, el ambulatorio. No se descarta llegar a dos.
Aunque fuentes del departamento de Salud aseguraron ayer que la medida no tiene por objetivo recaudar más sino "evitar una utilización abusiva del sistema", el Gobierno apuesta por una vía que el grupo de expertos había rechazado por considerar que el actual sistema permite ajustes sin necesidad de imponer nuevas cargas a los ciudadanos.
La nueva tasa no se aplicará a los usuarios con rentas o pensiones más bajas
Pide que se exima a los centros de salud del pago del IBI y se les devuelva el IVA de los fármacos
El Gobierno catalán propone aumentar su participación en los impuestos del tabaco y el alcohol
El establecimiento de mecanismos de copago forma parte del documento que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar antes de que acabe el mes de mayo y que incluye una decena de propuestas para mejorar la financiación de la sanidad catalana. Según el documento, la instauración del cobro de uno o dos euros por visita se haría bajo la fórmula de crear tasas "de baja intensidad", que en principio no tendrían efecto sobre aquellos usuarios del sistema de salud con pensiones muy bajas. Se trata, según uno de los responsables del departamento de Salud, de "articular medidas para evitar la penalización o discriminación de las personas con rentas más bajas".
Un estudio de la patronal Unió Catalana d'Hospitals hecho público el pasado mes de diciembre cifraba en 21 millones de euros anuales los ingresos extraordinarios de la Generalitat en caso de establecer el pago de un euro por cada visita de los médicos de atención primaria. Los 21 millones de euros que se recaudarían son una cifra escasa frente a los más de 500 millones de nuevo déficit generado cada año por la sanidad catalana, por lo que sus responsables insisten en que la nueva tasa sólo busca evitar la prestación de servicios innecesarios.
Además del nuevo gravamen, el documento que la Generalitat catalana prevé aprobar en las próximas semanas incluye otras propuestas:
- Aumento de los impuestos del tabaco y el alcohol. La Generalitat catalana pedirá al Gobierno que suba los tipos impositivos del tabaco y el alcohol y que incremente el porcentaje que el Estado cede a la Generalitat de lo que se recauda mediante estos impuestos. Si la cesión del 40% actual se incrementara al 50% la Generalitat ingresaría más de 106 millones de euros.
- Copagos por nuevas prestaciones no esenciales. La Generalitat plantea instaurar copagos para nuevas prestaciones no esenciales, como la podología o la odontología, que podrían prestarse en centros de uso público. El documento del Gobierno catalán , sin embargo, no fija las cantidades que deberían pagar los usuarios de estos servicios.
- Exención de pago del IAE e IBI a los centros sanitarios. Entre las medidas sobre las que la Generalitat no tiene competencia y deberá solicitar al Estado figura también la de eximir a los centros sanitarios (ambulatorios y hospitales de uso público) de pagar los impuestos del IAE y el IBI. Esta medida perjudicaría a los ayuntamientos, que cobran estas tasas, por lo que la Generalitat pide que el Estado les compense económicamente. En este apartado, el Gobierno catalán apunta la necesidad de que se devuelva a los centros sanitarios lo que pagan en concepto de IVA por la compra de medicamentos que se dispensan en los hospitales.
- Condonación de la deuda de 470 millones con la Seguridad Social. El tripartito exige al Estado que condone la deuda que la Sanidad catalana ha contraído con la Seguridad Social desde 1994, principalmente por impago de cuotas patronal de hospitales públicos y concertados. En Cataluña esta deuda asciende a 470 millones de euros.
- Pago por atención a los desplazados y por aumento demográfico. Cataluña es una de las comunidades que atiende a más pacientes procedentes de otros puntos de España. El Fondo de Cohesión, creado para sufragar el gasto sanitario que les supone a las comunidades la atención a los desplazados, no compensa suficientemente a Cataluña, según el tripartito. El Gobierno catalán pide que en la distribución de recursos para la sanidad, el Estado tenga en cuenta el número de tarjetas sanitarias (7,2 millones) y no el censo poblacional (6,1 millones). La diferencia se debe a que cerca de un millón de personas (muchos de ellos inmigrantes) no figuran en el censo pero sí poseen tarjeta sanitaria y usan el sistema público.
La comisión de expertos cifró en 298 millones de euros la cantidad que el Estado debería aportar para "corregir" tanto los "desajustes" del Fondo de Cohesión y de la diferencia entre censo y población real atendida.
- Incentivos salariales a los médicos. El Gobierno catalán no prevé aumentar el salario base de los médicos de centros públicos, aunque fuentes del departamento de Salud admiten que los facultativos catalanes no están bien pagados y que ha sido en gran parte gracias a su esfuerzo que ha podido mantenerse la calidad de la atención sanitaria en Cataluña a pesar de su situación económica.
El documento establece, sin embargo, la posibilidad de que los profesionales incrementen sus ingresos mediante incentivos de productividad o carrera profesional. De hecho, se trata de hacer extensivo a todos los centros concertados el sistema de incentivos que ya se ha implantado para los médicos que trabajan en el Instituto Catalán de la Salud.
- Mejora de la gestión y más transparencia. La Generalitat quiere mejorar la gestión de la sanidad catalana y favorecer la transparencia a través de la creación de una Agencia de Información y Calidad, integrada por expertos independientes. Además de controlar y difundir todos los datos de la sanidad catalana, esta agencia propondrá medidas para mejorar su gestión. Algunas fuentes del Departamento han admitido que el documento deja demasiado de lado las medidas que la propia Generalitat podría adoptar para mejorar su sistema.
Cargar el 40% al Gobierno central
Revisar el actual sistema de copago de los medicamentos es uno de los objetivos que la Generalitat quiere plantear. El Gobierno catalán recoge la preocupación de los sabios de la comisión Vilardell, que no consideraban justo que un jubilado con rentas altas no pague nada por los medicamentos con receta, mientras que un trabajador activo en una situación económica precaria tenga que abonar el 40% del precio del fármaco.
Además, el Gobierno catalán quiere recuperar lo que pierde por los medicamentos que consume una persona cuando ésta pasa de trabajador activo a jubilado. El actual sistema, vigente desde 1980, establece que los trabajadores en activo pagan un 40% del importe de los medicamentos recetados. Esta aportación se elimina cuando la persona se jubila (hay excepciones, como los mutualistas que pagan siempre el 30% o los enfermos crónicos activos, que abonan el 10%). La modificación propuesta es que ese 40% que deja de abonar el jubilado le sea reembolsado al Ejecutivo autonómico por la Seguridad Social. Con ello el jubilado no vería modificada su aportación, pero la Generalitat seguiría cubriendo sólo el 60% de la receta.
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