Cultura suspende la ampliación del Prado hasta que se apruebe otro proyecto

Las obras de ampliación del Museo del Prado, en el claustro de los Jerónimos y en el Casón del Buen Retiro, se encuentran en una "suspensión temporal" a la espera de que en el plazo de un mes el Ministerio de Cultura apruebe un proyecto reformado de 52,2 millones de euros, según informó ayer el subsecretario de Cultura, Antonio Hidalgo, en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. La partida supone, sobre el proyecto inicial y otro reformado, un incremento del 84,7% del presupuesto del proyecto de Rafael Moneo, que al final se sitúa en 113,2 millones de euros.

La subestimación de costes y la urgencia afectaron a los retrasos, según Hidalgo

El subsecretario de Cultura y el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, comparecieron ayer en la Comisión de Cultura del Congreso, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar "sobre las graves acusaciones lanzadas por la ministra de Cultura en relación con la gestión llevada a cabo en las obras de ampliación del Museo del Prado, y con la finalidad de restablecer la transparencia, base del acuerdo parlamentario sobre el museo".

Durante tres horas y media, Hidalgo se refirió a la ampliación del Prado con los sucesivos proyectos en los Jerónimos y Casón, los contratos administrativos, los controles financieros, las fases de las obras, los cambios y retrasos, mientras que Zugaza explicó con imágenes el aprobado plan de actuación plurianual 2005-2008, el esquema del campus del Prado y los nuevos usos del Casón y de la zona ampliada desde los Jerónimos a la conexión subterránea con el edificio de Villanueva.

Las obras están actualmente en "suspensión temporal parcial", hasta la aprobación técnica y administrativa de un proyecto reformado que ha elaborado las empresas y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales, del Ministerio de Cultura, que preside Antonio Hidalgo como subsecretario del departamento. La redacción de este proyecto, para modificar el contrato y reajustar las financiaciones, ha evitado la paralización de las obras, según Hidalgo.

Ante la comisión, Hidalgo explicó las partidas más significativas de este nuevo proyecto con cantidades "que deberían atemperarse a la baja", que incluye incrementos de mediciones (en el primer proyecto reformado, por ejemplo, se incluyeron 315 metros cuadrados de sillería con piedra de Colmenar en espiga cuando se deberían haber puesto 3.789 metros cuadrados), obras no incluidas en el primer reformado, que afectan a cimentación, equipamiento técnico o supresión de barreras arquitectónicas, la urbanización del entorno entre los Jerónimos y Villanueva (5,3 millones de euros) y cambio de calidades (un 26% del reformado) en pavimentos, parterres, estucos, carpintería, instalaciones. Este proyecto alcanza los 52,2 millones de euros, con lo que el presupuesto total de la ampliación con el proyecto de Rafael Moneo alcanza los 113,2 millones de euros, y un incremento del 84,7% sobre el presupuesto inicial de 2001 (que arrancó con 42 millones y se añadieron otros 19).

Antonio Hidalgo expresó el compromiso de Cultura y del Gobierno en la ampliación del Prado, "sin escatimar esfuerzos personales, técnicos, presupuestarios y políticos". "El resultado tiene que ser excelente en su contenido arquitectónico y museoló-gico, de coste contenido y adecuado sin perjudicar la calidad del resultado y respetuoso con el ordenamiento jurídico". En el comienzo de su informe de 36 folios señaló que los contratos administrativos para los proyectos de ampliación del Prado en el Casón, los Jerónimos, el depósito de Ávila (para el Prado disperso y el Prado itinerante) y el Museo del Ejército fueron adjudicados por la entonces Gerencia de Infraestructuras Educativas y Culturales, del Gobierno del Partido Popular.

Tras explicar la dinámica de los contratos administrativos y el equilibrio complejo entre Administración, contratista y dirección facultativa, afirmó que la ampliación nunca tuvo un "proyecto completo, definido y cerrado". Se detuvo en la necesidad de la ampliación, el acuerdo parlamentario, el concurso y la realización de las obras, que afectan más tarde al edificio Villanueva y al nuevo plan de necesidades del museo. Considera que la "subestimación de costes" produce "un incremento desorbitado del coste de los proyectos y el desorden en su planificación y su retraso, que también tiene efectos económicos". Añade que los estudios previos "no debieron gozar de la profundidad suficiente" y que el criterio de celeridad (las obras se declaran de urgencia y excepcional interés público) "desorganiza cualquier tipo de planificación de las obras".

En la fase ejecutiva, el subsecretario de Cultura indica una "relación difícil" entre el órgano de ejecución, el arquitecto, el usuario y el contratista, desde "el inicio de ejecución de las obras hasta finales de la primavera de 2004", ya con el Gobierno del PSOE, cercana a "una situación de bloqueo, que de no abordarse hubiera producido el colapso", junto con la frustración de las anunciadas fechas de terminación de las obras con el PP.

En el caso del Casón del Buen Retiro, el proyecto de 1995 se modifica en dos ocasiones, con graves problemas estructurales que afectan al fresco de Lucas Jordán en la bóveda, registra una suspensión de 19 meses, cambia de uso y el presupuesto se ha situado en 29,7 millones de pesetas, que representa un incremento de 241,34% sobre el proyecto inicial.

Los argumentos de Hidalgo se repartieron a las dos obras y la "grave situación de bloqueo" se manifiesta cuando llega el actual equipo de Cultura, que ha planteado una "estrategia" para la terminación de las obras con la próxima aprobación de un proyecto reformado.