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EL HOSPITAL DE LEGANÉS

El fiscal investigará en Leganés con sus peritos sin esperar la comisión de Sanidad

La decisión se debe a la tardanza de Lamela en crear el grupo de expertos que anunció

La Fiscalía de Madrid encargará a peritos judiciales -previsiblemente, forenses- el estudio de los 25 casos del hospital Severo Ochoa de Leganés en los que, según la Consejería de Sanidad, se administró una "sedación inadecuada, irregular, indebida o en exceso". La decisión de acudir a peritos judiciales obedece a la tardanza de la Consejería de Sanidad de Madrid en constituir la comisión de expertos que el propio consejero, Manuel Lamela, se comprometió a crear sin demora para que analizase si hubo o no mala praxis médica o sedaciones indebidas en esos 25 casos.

La Fiscalía de Madrid investiga un escrito -anónimo- que le hizo llegar el Consejero Lamela el pasado 9 de marzo. En ese escrito se denuncian cerca de 400 "homicidios" de pacientes ocurridos en los últimos tres años en las urgencias del hospital Severo Ochoa. El denunciante anónimo atribuye estas muertes a sedaciones irregulares en las urgencias. A raíz de esta denuncia, el consejero relevó al coordinador de este servicio, Luis Montes, y al equipo directivo de este centro asistencial del sur de Madrid.

Lo primero que va a hacer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, es pedir a la Consejería de Sanidad que le remita con urgencia los historiales clínicos completos de los 25 casos en los que Sanidad dice haber observado tratamientos paliativos inadecuados. La propia documentación de Sanidad revela que, en realidad, no son 25 sino ocho los casos de pacientes de Leganés en los que se cuestiona la idoneidad de la sedación administrada. Cuando Moix tenga en su poder los historiales de esos 25 pacientes, se los entregará a los peritos judiciales para que éstos los analicen y emitan un informe indicando si ha habido algún tipo de negligencia médica en ellos.

El fiscal jefe estaba esperando a que la comisión de expertos médicos que Lamela se comprometió a crear le remitiese su informe. Pero a la vista de que ésta ni siquiera se ha constituido aún, es por lo que ha optado por acudir a peritos judiciales. Y todo ello con independencia de lo que en su día puedan concluir los expertos de esa comisión. La demora en la constitución de esta comisión obedece a las discrepancias surgidas entre la Junta Técnico Asistencial del Hospital de Leganés y la Consejería de Sanidad sobre los miembros que deben integrarla. La idea inicial es que esta comisión la compusieran un grupo de médicos del Severo Ochoa y tres expertos médicos ajenos al hospital y nombrados por la Consejería de Sanidad.

La comisión está bloqueada porque dos de los tres expertos que propuso la Consejería han sido recusados por la Junta Técnico Asistencial del hospital de Leganés al entender que no actuarían con imparcialidad y, según fuentes sanitarias, por tratarse de personas afines a las tesis del consejero Lamela.

El jefe de la Fiscalía de Madrid informó ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, del estado de las pesquisas que realiza su departamento sobre la polémica surgida en el hospital de Leganés. Moix comentó a Conde-Pumpido que, de momento, no tiene previsto citar a ninguna persona y que las pesquisas se van a centrar en el estudio de los 25 casos en los que la Consejería de Sanidad ha observado "sedaciones irregulares, no indicadas, indebidas o en exceso". También indicó que de la documentación que ha remitido hasta el momento Sanidad a la fiscalía no se desprenden indicios de infracción penal. Conde-Pumpido pidió a Moix que la investigación se haga con profundidad y celeridad.

Sanidad ha remitido a la fiscalía un informe suscrito por seis inspectores sanitarios (entre ellos, tres especialistas) en el que se concluye que ha habido irregularidades administrativas en las urgencias y que no se puede descartar ni afirmar que haya habido mala praxis. En ese informe se alude a los citados 25 casos dudosos, pero no se adjuntan los historiales médicos. Los inspectores declararon el pasado viernes ante el fiscal. Indicaron que, en muchos de los 25 casos dudosos, no podían asegurar ni descartar mala praxis debido a que faltaban documentos (los médicos de las urgencias no anotaban todo lo que prescribían) y al hecho de que no habían hablado con los facultativos que atendieron personalmente a los pacientes de esos 25 casos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de abril de 2005