Los médicos explican las sedaciones "irregulares"

Los médicos del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés han sido acusados por el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, de aplicar en 2004 "25 sedaciones irregulares, no indicadas, indebidas o en exceso". Así lo afirmó el 22 de marzo, cuando anunció la destitución de la cúpula del hospital y lo repitió casi con las mismas palabras en la Asamblea de Madrid el pasado jueves.

Los documentos internos del hospital demuestran que esos 25 casos aireados por Lamela responden a discrepancias médicas discutidas en el seno de la Comisión de Seguimiento, el órgano que controlaba las muertes de pacientes sedados.

En 17 casos ningún médico puso en duda que el paciente debía ser sedado. Es más, en siete ocasiones las sedaciones no se llegaron a aplicar o lo fueron con retraso. En otros seis casos la discusión se limitó al fármaco usado y en dos más a las dosis, consideradas "excesivas". Los documentos internos del hospital demuestran que en estas dos cuestiones, fármacos y dosis, las discrepancias entre los médicos de la Comisión y del hospital eran constantes en 2004.

La dirección médica exigió a los facultativos que justificaran las sedaciones aplicadas

Otros dos casos no pudieron ser estudiados con detalle porque en uno la información disponible era muy escasa y en otro faltaban los médicos que debían evaluarlo.

Las sedaciones cuya administración fue puesta en duda por algunos miembros de la Comisión fueron, por lo tanto, ocho: seis consideradas "no indicadas" y otras dos, "dudosas".

La Consejería de Sanidad ha dicho que investigará a fondo las sedaciones irregulares. Lo que no ha trascendido es que estas sedaciones ya pasaron el control interno del hospital. La Dirección Médica exigió en noviembre y diciembre de 2004 a los facultativos que justificaran por escrito su actuación en las ocho sedaciones "no indicadas" y "dudosas". También lo exigió en dos más que, pese a estar indicadas, fueron administradas con "dosis excesivas", según la Comisión.

EL PAÍS ha tenido acceso a 9 de estos 10 informes. Ninguno de ellos está firmado por el destituido coordinador de urgencias, Luis Montes. Todas las sedaciones fueron realizadas por otros facultativos de los servicios de Urgencias y Anestesiología.

Los documentos indican que se trata de pacientes al borde de la muerte, con graves dolores, en situación agónica y en muchos casos su estado había sido considerado irreversible por médicos de otros servicios u hospitales. Uno de los pacientes llegó al Severo Ochoa después de que el servicio de Neurocirugía del hospital de Getafe calificara de "pronóstico infausto en breve" la hemorragia craneal de la paciente. Tres enfermos más fueron derivados al box de terminales después de que los médicos de urgencias descartaran continuar con tratamientos ante lo irreversible de su estado.

Otros tres fueron descartados por los oncólogos por el crecimiento incontrolable de sus tumores. En otro caso, la familia se negó a una transfusión de sangre ante la "no mejoría del estado clínico y el intenso sufrimiento de la paciente".

En tres de los nueve informes, los médicos citan que los enfermos alcanzaban la máxima puntuación (12 puntos sobre 12) en la tabla de riesgo de mortalidad del hospital. Y en siete documentos se aclara que hubo consentimiento informado de los familiares; en un octavo fue la familia la que pidió la sedación.

De los nueve, ocho escritos incluyen la situación de "agonía" en la que se hallaba el paciente; cinco refieren el "intenso sufrimiento" que padecía el enfermo; tres citan el "dolor pese a la administración de morfina"; y en dos se menciona la "descerebración [muerte irreversible del cerebro, aunque sigan activas funciones básicas como la circulación o la respiración regidas por el bulbo raquídeo]". En dos casos los pacientes sufrían "disnea [ahogo]" y en tres "anuria [los riñones ya no funcionaban]".

Todos los médicos han dejado constancia de las discrepancias que mantenían con la dirección sobre la obligación de cumplir la normativa interna -las Recomendaciones para la sedación del paciente terminal- y sobre la fecha en la que este protocolo entró en vigor.

Los facultativos investigados ponen en duda una y otra vez que los fármacos y las dosis impuestas en las recomendaciones del protocolo sean las más beneficiosas para el paciente.

Y todos se quejan de que se les investigue por sedaciones que fueron aplicadas durante los meses de junio o julio de 2004, cuando la dirección aún no había comunicado a Urgencias y Anestesiología el contenido de las Recomendaciones. Los médicos de urgencias sostienen que no las recibieron hasta agosto.