El error de Bush en el 'caso Schiavo'

Una bajada de siete puntos en menos de una semana es el precio que ha pagado George W. Bush por no vetar una precipitada ley del Congreso, promovida por la derecha religiosa, que autorizaba a plantear el triste caso de Terri Schiavo ante los tribunales federales, en contra de los principios más elementales del federalismo sobre los que descansa el funcionamiento de la República estadounidense desde 1787. Los números cantan. Según una encuesta de la CBS, publicada la pasada semana, el 82% de la población se ha declarado contrario a la intervención del legislativo y de Bush en el caso, mientras que un 74% piensa que esa intervención se ha producido por motivos políticos y no morales o éticos. Para mayor inri, la intromisión del Congreso y de la Casa Blanca en un proceso que dos de cada tres ciudadanos piensa que debería estar circunscrito al ámbito familiar no ha servido para nada. Como era de esperar, la primera instancia federal, en Tampa, la de Apelaciones, en Atlanta y, finalmente, el Tribunal Supremo, en Washington, no han visto razón alguna para revisar los 19 fallos judiciales previos de los tribunales de Florida.

Bush ha querido ir por lana y ha salido trasquilado. El veredicto de la opinión pública demuestra que los estadounidenses tienen un respeto mucho más profundo por su Constitución bicentenaria que su presidente y sus legisladores. Esa opinión pública ha considerado inadmisible el intento de intromisión del Ejecutivo y el legislativo en la independencia del poder judicial y ha rechazado de plano lo que considera un atentado contra la separación de poderes y el delicado sistema de checks and balances, que constituye la base del sistema político estadounidense. Como editorializaba el New York Times, la decisión de Bush y del Congreso "no sólo atenta contra el principio de que EE UU es una nación de leyes, no de hombres", sino que, "cuando termine el trágico caso de esta mujer [Terri Schiavo], el Congreso y el presidente habrán causado graves daños al plan cuidadosamente diseñado por los Fundadores para la democracia americana".

Una opinión, por cierto, compartida por un amplio espectro de republicanos, que se preguntan cómo un presidente y un Congreso de mayoría republicana pueden, por puro oportunismo político, ir en contra de los principios más caros del republicanismo, como la libertad de decisión individual, los derechos de los Estados y la limitación del poder del Gobierno federal. Los miembros republicanos del Congreso que votaron en contra de la aprobación de la ley autorizando el recurso a los tribunales federales se han apresurado, en un admirable ejercicio de independencia política, a alzar su voz en contra de la medida. "Este Partido Republicano de Lincoln se ha convertido en un partido de la teocracia", se lamentaba el congresista por Connecticut Christopher Shays, para quien "la decisión [del Congreso] tendrá repercusiones". Y, por su parte, el veterano senador John Warner, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados, que también votó en contra, resumía perfectamente el sentir popular al afirmar que "la experiencia enseña que hay que separar tus propias emociones del deber de defender la Constitución de este país. Se trata de principios fundamentales de federalismo". Unos "principios fundamentales de federalismo" que, a pesar de las enseñanzas de Jefferson, Hamilton, Franklin y Adams, Bush y una mayoría del Congreso han aparcado en la creencia de que respondían al sentimiento mayoritario del país. Sólo que en este caso el tiro les ha salido por la culata. Incluso al benjamín de los Bush, el hermano Jebb, gobernador de Florida, cuyos intentos de injerencia a nivel estatal han cosechado el mismo éxito que los de su hermano presidente a nivel federal. Una prueba de que la ciudadanía de Estados Unidos comparte, aunque no las haya leído, las palabras escritas hace casi dos siglos por el magistrado del Tribunal Supremo federal Robert Jackson: "Nos sometemos a los gobernantes solamente si gobiernan de acuerdo con las leyes".