La fiscalía busca a los autores de las denuncias anónimas de Leganés

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha decidido investigar, en una pieza judicial separada, la filtración de datos clínicos de pacientes del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Se trata de la obtención de los nombres de al menos ocho pacientes que figuran en la denuncia -anónima- en la que se indica que durante los últimos dos años se han administrado en las urgencias de este hospital "dosis excesivas" de calmantes a enfermos en fase terminal y que ello ha acelerado sus muertes. Moix se mostró ayer "receloso" con el hecho de que la denuncia sea "anónima", y pidió "cautela" sobre la supuesta alta tasa de muertes en las urgencias. Además, dijo que no hará una "investigación general" en el hospital.

La denuncia anónima, con los nombres, patologías y dosis exactas de medicación administradas, fue remitida al consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, a la asociación Avinesa y a la Asociación el Defensor del Paciente. Las dos asociaciones y el propio Lamela la hicieron llegar a la Fiscalía, que ha abierto una investigación, aunque distinta de la ya citada por la filtración de datos.

Fuentes de la fiscalía entienden que, aparte de una infracción de la Ley de Protección de Datos, el hecho puede constituir un delito de revelación de secretos. Por ello, la idea es requerir a las asociaciones que remitieron la denuncia anónima para que expliquen cómo les llegó y a partir de ahí tratar de identificar al autor de la filtración. Fuentes sanitarias han expresado su convicción de que detrás de la denuncia "hay alguien del hospital". Un portavoz de la Comunidad de Madrid señaló ayer que los historiales médicos no están informatizados y cada médico custodia los suyos "en papel".

La denuncia anónima ocupa cuatro folios. En uno de ellos figura una tabla en la que se indican los nombres de los pacientes, el tiempo que permanecieron en el servicio de urgencias del hospital, la enfermedad y la dosis exacta de sedación recibida.

Tras recibir la denuncia, el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, envió a los inspectores el día 9 de marzo a Leganés y, con los primeros datos que éstos le aportaron, decidió relevar temporalmente de su cargo al coordinador de urgencias del Severo Ochoa, Luis Montes. Y el día 11 habló personalmente con Moix de la denuncia y se la remitió para que éste la valorase y actuase en consecuencia. En esa denuncia se relaciona a Montes con la muerte de entre una veintena y 400 enfermos terminales a los que durante los dos últimos años se les habría administrado altas dosis de calmantes sin el conocimiento de los familias.

El principal argumento de Sanidad para apartar a Montes como coordinador de urgencias es la supuesta alta tasa de mortalidad registrada en este servicio en comparación con otros centros de similares características. Fuentes sanitarias han señalado que si en las urgencias del Severo Ochoa se han producido más muertes que en otros centros ello obedece a que los enfermos pasan más tiempo en este servicio debido a la endémica falta de camas en las plantas del centro. Estos medios aseguran que la tasa global de mortalidad en el hospital es inferior a la de otros hospitales de la región.

La fiscalía ha requerido al consejero Lamela para que le remita "toda la documentación" que posea sobre este asunto. En la fiscalía hay "recelo y cautela" con la denuncia anónima. Primero, porque se trata de eso, de una denuncia anónima cuyo autor ha podido actuar "por motivos espúreos o de represalia", señalan fuentes de la investigación. Y segundo, porque se tiene la convicción de que los cuidados paliativos son en sí mismos una práctica avalada por los profesionales de la medicina y el comité de ética. El fiscal jefe de Madrid indicó ayer que se trata de un tema "en el que hay que actuar con prudencia y cautela para no levantar alarma social" en el mundo sanitario y avanzó que su departamento no tiene previsto "abrir una investigación general" sobre la actividad del hospital de Leganés y menos aún basada en una denuncia anónima. Es decir, que la fiscalía no va a pedir al hospital los historiales clínicos de los pacientes. "Una vez que la consejería nos remita la documentación que posee, la analizaremos y se actuará en consecuencia", se limitó a decir Moix.

Un elemento que puede llevar a la fiscalía a sopesar la posibilidad de que en el futuro estas diligencias puedan acabar archivadas es que hace dos años Sanidad investigó en Leganés otra denuncia muy similar a la actual y acabó archivándola al entender que la actuación de los médicos era correcta.