Augusto Pinochet queda bajo arresto domiciliario por orden del juez Guzmán

El ex dictador Augusto Pinochet quedó desde ayer bajo arresto domiciliario en su finca de Los Boldos, 130 kilómetros al suroeste de Santiago, después de que funcionarios judiciales le notificaran su procesamiento, dictado por el juez Juan Guzmán, como autor de 10 crímenes de la Operación Cóndor, la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras suramericanas para asesinar opositores políticos en las décadas de los años setenta y ochenta. Los abogados que se encargan de la acusación confían en que Pinochet sea finalmente condenado a cadena perpetua.

Después del fallo de la Corte Suprema que rechazó el martes el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Pinochet, Guzmán dictó de inmediato la orden de notificárselo al ex dictador. Pasado el mediodía de ayer, y mientras la prensa permanecía en las afueras, ingresó hasta la finca de Los Boldos por una puerta lateral para esquivar a los periodistas una comitiva de dos vehículos, con funcionarios judiciales y detectives enviados por el magistrado. Uno de los secretarios del juez, Iván Pávez, fue el encargado de notificar al ex dictador. Brevemente le informó de que a partir de ese momento quedaba procesado por los crímenes de la Operación Cóndor y sometido a arresto domiciliario.

Pinochet permaneció sentado en un salón de la residencia, vestía un jersey y estuvo siempre acompañado por uno de sus abogados, Gustavo Collao. Éste informó posteriormente de que el general "de manera personal estampó su firma" en la notificación, procedimiento que calificó de "sencillo y normal". Según dijo, "don Augusto Pinochet, a pesar de sus 89 años de edad y de las dolencias que son de conocimiento público, ha participado con la altivez, deferencia y el entusiasmo de un soldado y un ex presidente de la república".

Los funcionarios judiciales y los detectives permanecieron cerca de 15 minutos en la finca del ex dictador y se retiraron sin hablar con la prensa. Previamente habían llegado hasta la finca, situada frente a un camino rural cercano a la costa, dos nietos de Pinochet para acompañarlo durante la detención. Uno de ellos, Rodrigo García -muy cercano al general, a quien acompañaba en 1986 a los 10 años de edad en el coche del que el ex dictador salió ileso de un atentado frustrado-, afirmó ayer que el arresto de su abuelo es "un uso y abuso de poder tremendo".

La vigilancia del ex dictador quedó bajo la responsabilidad de militares, y la notificación fue coordinada entre el juez y el Ejército. Sin aspavientos, tensiones y con una reacción de los jefes del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara, planteando su preocupación por la salud de Pinochet, Chile encajó ayer el arresto domiciliario de quien gobernara el país con mano de hierro durante 17 años (1973-1990), en una dictadura que asesinó a más de 3.000 opositores y torturó salvajemente al menos a 28.000 personas.

A los 89 años, huérfano del apoyo político de la derecha para la que hizo el trabajo sucio en la dictadura, con un Ejército que busca dejar atrás su pasado, y varios jueces pisándole los talones, Pinochet ya no es hoy ni la sombra del que alguna vez dijera en el cenit de su poder que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. No hubo ayer voces influyentes que lo defendieran ante su segunda detención ordenada por la justicia chilena, y la tercera en su vida.

'Caravana de la muerte'

En 2001, el juez Guzmán lo procesó como cómplice por los 75 crímenes de la caravana de la muerte y ordenó su arresto domiciliario, donde permaneció hasta su posterior sobreseimiento por razones de salud. Antes, el ex dictador estuvo detenido 17 meses en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, hasta que el Gobierno británico lo liberó también por motivos de salud.

Para evitar correr el riesgo de un nuevo revés judicial, la defensa resolvió no pedir de inmediato la libertad bajo fianza. Están a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso en el que piden el sobreseimiento definitivo del ex dictador por razones de salud mental, que ya fue rechazado por Guzmán.

Los querellantes tienen la percepción de que Pinochet permanecerá algún tiempo bajo arresto. Uno de los tres abogados que han participado en los equipos jurídicos que han logrado el procesamiento de Pinochet, Hugo Gutiérrez, afirmó que con la detención "hay una situación de normalidad en el juicio". Su expectativa es que Guzmán avance rápidamente en el procesamiento. Admite que la salud del ex dictador podría interferir, pero reclamarán cadena perpetua. Según Gutiérrez, el caso ha tenido un efecto catalizador en los tribunales, favoreciendo el avance en otros juicios por los crímenes de la dictadura.