Sri Lanka no tiene camiones para llevar ayuda

La masiva ayuda humanitaria internacional llegada a Sri Lanka soporta un obstáculo tras otro para llegar a su destino final, que son los más de un millón de damnificados por el tsunami del pasado 26 de diciembre, que afectó al 75% del cinturón costero de esta isla del Índico. Primero fue la falta de coordinación del Gobierno para decidir quién descargaba la ayuda y dónde se almacenaba. "El aeropuerto fue un tremendo dolor de cabeza que, una vez superado, mostró que el verdadero problema que padece el país es la falta de camiones para poder distribuir la ayuda recibida", afirma el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Bermeo.

Sólo este lunes pasado se alcanzó un acuerdo para la logística de la distribución que, entre otros, permite al Programa Mundial de Alimentos traer 200 camiones, que han salido de Pakistán y con los que se espera poner fin al cuello de botella que se ha formado.

En los primeros días y ante la falta de reacción del Gobierno, Bermeo tuvo que tomar la batuta de la coordinación entre éste y la ayuda internacional que fluía desde distintos países y ONG. El diplomático sostiene que "el Gobierno ya ha echado a andar" y que en la actualidad funciona con eficacia el centro de coordinación de la crisis, dependiente de la presidenta, Chandrika Kumaratunga. En éste participan los secretarios de Interior, Exteriores, Defensa y Rehabilitación y Reconciliación, así como el director de la policía.

Tanto Bermeo como miembros de distintas ONG aplauden, sin embargo, la respuesta a nivel de distrito. "Muchas de las instituciones locales fueron destruidas, desde las comisarías de policías a las delegaciones del Gobierno, pasando por toda la red de transportes y comunicaciones, lo que paralizó el contacto con el Gobierno central. Los ayuntamientos se enfrentaron al problema de ser víctimas y tener que responder ante las víctimas y lo hicieron de forma admirable", afirma. Asimismo califica de "ejemplar" la actuación de la policía en cuanto a la recuperación de víctimas y apoyo en los enterramientos, pese a ser ellos mismos víctimas de la tragedia por muertes de compañeros, familiares y pérdidas de sus casas y bienes.

India, el país más cercano a Sri Lanka y con el que mantiene una estrecha relación, acudió en apoyo de su vecino el mismo día de la catástrofe, pese a que el Estado indio de Tamil Nadu, situado al norte de Sri Lanka, se vio también seriamente afectado, además de las islas de Andaman y Nicobar, cercanas al epicentro del terremoto de intensidad nueve que desató el tsunami.

"La ayuda de India ha sido vital. Gracias a los seis helicópteros indios se llegó a muchas zonas incomunicadas y pudo tenerse un conocimiento de la extensión de los daños", señala Bermeo. Con 66.000 kilómetros de extensión y 19,5 millones de habitantes, la isla tiene un numeroso ejército -desde principio de la década de los ochenta hasta el alto el fuego de hace tres años mantuvo una sangrienta guerra contra la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE)-, aunque mal dotado: tan sólo seis helicópteros.

Ya han llegado otros dos helicópteros procedentes de Rusia y en los próximos días se espera que entren en el dispositivo de distribución de ayuda otros de Estados Unidos y Reino Unido, que están en camino. "Esperamos también que la ONU nos dé un avión de transporte", señala Bermeo, para subrayar que el equipo logístico de Naciones Unidas respaldará al Gobierno en la distribución, lo que va a aliviar inmensamente los cuellos de botella del transporte.

Con todo este apoyo concluye a finales de semana la primera fase de la operación de ayuda humanitaria centrada en la distribución de agua, alimentos, medicinas, ropa, tienda y mantas. La segunda fase es a más largo plazo y se centrará en el realojo de los damnificados, el desescombro y la restauración.

"La catástrofe fue de tal magnitud, tan extensa y tan inesperada que sorprendió a todo el mundo e hizo que la respuesta inmediata se dificultara. Costó varios días asimilar la magnitud del drama", dice Bermeo para disculpar la criticada ineficacia del Gobierno.

"El Gobierno no nos ha dado nada, ni un funcionario ha venido a interesarse por nosotros. Si no hubiera sido por la gente común nos habríamos muerto de hambre", afirma indignado Indikat Lalmal, un carpintero de 29 años cuya casa se llevó el mar. Lamal, como otros muchos habitantes de los suburbios de Panadura, una ciudad 30 kilómetros al sur de Colombo, perdió por el tsunami lo poco que tenía y pasa las horas en la carretera recogiendo lo que reparten los vehículos particulares.

Mientras, en medios universitarios de Colombo crece la preocupación ante la inexistencia de una autoridad independiente capaz de controlar el importante flujo de dinero que está llegando a manos del Gobierno y de la presidencia, a través de cheques y donaciones de diversos países e instituciones extranjeras. La ONU no tiene acceso a esas cuentas.

La comunidad internacional fue más rápida en valorar la magnitud de la tragedia que el Gobierno central. "En dos horas contacté con las autoridades porque tenía la experiencia de las inundaciones de mayo de 2003, que causaron cerca de 300 muertos y desplazaron a cientos de miles de personas del centro y sureste del país. Sabía que era crítico impulsar la coordinación", subraya este ecuatoriano destinado en Sri Lanka desde hace cuatro años.

En 2003 se destruyeron carreteras y hospitales y, desde entonces, el PNUD tenía programas de apoyo y estudio para aprender de la experiencia pasada, por lo que al día siguiente del tsunami los especialistas de esta dependencia de la ONU viajaron a las distintas provincias a valorar las consecuencias. A su vez, Bermeo trajo a Colombo a muchos expertos en inundaciones a nivel local para coordinarse y compartir sus conocimientos con el Gobierno central.

Las tres agencias de la ONU que trabajan en Sri Lanka y tenían depósitos de alimentos -Programa Mundial de Alimentos, Unicef y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- pusieron de inmediato sus contingentes al servicio del Gobierno pero chocaron con la falta de transporte, de combustible y con los daños en los puentes y carreteras. ACNUR era el único que tenía siete camiones y la sociedad civil precisaba los suyos porque una parte de la escasa y vieja flota existente había sido destrozada por el mar.