El Gobierno y el PP discrepan sobre la forma de frenar el 'plan Ibarretxe' en el Congreso

El Gobierno y el PP coinciden en calificar de "inconstitucional" el plan Ibarretxe y, por tanto, en la necesidad de desactivarlo, pero discrepan del procedimiento para lograrlo. Esta cuestión se pondrá sobre la mesa en la próxima entrevista que mantendrán en La Moncloa el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, previsiblemente la semana del 10 al 17 de enero. Fuentes gubernamentales creen que del encuentro debería salir el compromiso de "pactar las discrepancias". Zapatero tiene previsto entrevistarse con el lehendakari,Juan José Ibarretxe, el próximo día 7 o el 10.

Zapatero quiere "conocer los planes del lehendakari y saber a qué atenerse" antes de reunirse con el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, según indicaron ayer fuentes gubernamentales. El encuentro con Ibarretxe se realizará el próximo viernes, día 7, o el lunes. Inmediatamente después se fijaría la reunión entre Zapatero y Rajoy.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró ayer que no se producirá ninguna negociación con el lehendakari y que el presidente del Gobierno tan sólo escuchará a Ibarretxe antes de reiterarle su "rotunda" oposición a la propuesta de reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento vasco. "El Gobierno y el PSOE coincidimos plenamente en que no puede haber negociación alguna cuando tenemos sobre la mesa un plan inconstitucional, que se ha elaborado sólo para contentar a una parte de la sociedad vasca y que excluye de forma intolerable a los no nacionalistas", declaró Blanco.

La entrevista entre el presidente del Gobierno y el lehendakari no ha sentado bien en el PP. La presidenta de este partido en el País Vasco, María San Gil, exigió ayer a Rodríguez Zapatero que no reciba a Ibarretxe porque "hay que ponerse en el no, desde ya, aunque sea una postura incómoda". En declaraciones a la Cope, San Gil pidió al presidente del Gobierno que mantenga la "máxima firmeza en el rechazo" y la "máxima diligencia".

Diálogo institucional

Sin embargo, los dirigentes del Gobierno socialista defienden la concertación de la entrevista con el lehendakari porque "hay que respetar el diálogo institucional". "Nos guste o no", señalan, "Ibarretxe es el presidente elegido democráticamente por la comunidad autónoma vasca".

"Una vez que conozcamos las intenciones de Ibarretxe, podremos ajustar nuestra respuesta", señalan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes adelantan que con el PP, partido con el que hay una coincidencia en los motivos de fondo para rechazar el plan Ibarretxe, "hay que mantener el diálogo sobre la manera de afrontar ese rechazo".

El Ejecutivo quiere evitar el "frentismo", ya que a su juicio beneficia a Ibarretxe, a la vista de lo ocurrido en las elecciones vascas de 2001, en las que el PP y el PSE visualizaron un frente común contra el nacionalismo, y finalmente ganó el candidato del Partido Nacionalista Vasco. Pero el Gobierno también cree conveniente "comunicar sus estrategias con el PP frente al plan Ibarretxe, coordinarlas en lo imprescindible, pactar las discrepancias sobre el procedimiento y evitar partidismos".

La primera de estas discrepancias radica en la defensa por el PP de la presentación inmediata de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se suspenda automáticamente la tramitación del plan Ibarretxe en el Congreso. "Lo que parece de sentido común es que lo haga el Gobierno. Cuando lo hicimos nosotros, contra el acuerdo del Gobierno vasco y del Parlamento de tramitar la propuesta de nuevo Estatuto, el Tribunal Constitucional dijo que no teníamos razón porque no se generaban efectos jurídicos y que eran decisiones que estaban en el ámbito de lo político. Ahora es evidente que sí los genera", señala un dirigente del PP. No obstante, el PP no se ha pronunciado aún sobre si lo presentarán 50 diputados o 50 senadores populares al no hacerlo el Ejecutivo.

Evitar el victimismo

El Gobierno rechaza emprender ahora la vía judicial para frenar el plan Ibarretxe y se inclina por la vía política. "Hay que aprender de los errores. La confrontación con el nacionalismo por la vía judicial sólo ha servido para alimentar el victimismo nacionalista", señalan fuentes gubernamentales. El Gobierno defiende la necesidad de que el proyecto de nuevo Estatuto se debata en el pleno del Congreso para que "los ciudadanos, especialmente los vascos, conozcan su contenido y sus riesgos y así tengan argumentos para rechazarlo".

El PP abre una nueva discrepancia con el Gobierno al plantearle que reconsidere el apoyo a la reforma legal que despenalizará en los próximos meses la convocatoria de referendos ilegales. "Cuando aprobamos la reforma legal que castigaba con penas de cárcel la convocatoria de referendos ilegales no lo hicimos porque quisiésemos encerrar a nadie sino como medida preventiva. Sabíamos lo que iba a pasar y el tiempo nos ha dado la razón", explican fuentes del PP.

El Gobierno defiende la despenalización de la convocatoria de referendos ilegales: "En la Constitución y el Código Civil hay suficientes argumentos para impedir una convocatoria de referéndum ilegal. No se debe responder a decisiones políticas ilegales con la cárcel. Además de franquista, medidas así alimentan el victimismo nacionalista".