¿Cómo responder al plan?

La jugarreta de Batasuna de permitir que prospere en el Parlamento vasco el plan Ibarretxe dividiendo el voto de sus seis parlamentarios ha acelerado de forma imprevista actos que el lehendakari y su partido situaban ya en la próxima legislatura autonómica. El más inmediato es la tramitación de la proposición de ley aprobada en Vitoria en el Congreso, que puede anticipar el "choque de legitimidades" entre el Parlamento vaso y el Parlamento español, ya previsto por Ibarretxe y los suyos.

Adaptándose a las nuevas circunstancias, las fuerzas nacionalistas van a intentar sacar el máximo partido electoral al cantado rechazo en el Congreso de una iniciativa de problemática constitucionalidad, carente del mínimo consenso previo en el seno de la sociedad vasca, y contaminada con el apoyo determinante de un grupo que justifica el terrorismo de ETA. Pero el factor clave para el futuro del plan no está en decisión de las Cortes, sino en quién obtiene la mayoría absoluta en las elecciones de mayo en Euskadi. Y en este empeño, para el que cada contendiente intentará activar los resortes emocionales e ideológicos más propicios a sus intereses, va a cobrar una importancia decisiva la forma en que se aborde en las Cortes al proyecto de libre adhesión de los nacionalistas.

Cuando en 2003 Ibarretxe puso su plan sobre el papel, lo que le preocupaba no era tanto el rechazo imaginable de las Cortes -entonces con mayoría absoluta del PP- cuanto la no respuesta, la hibernación de la iniciativa mediante recursos o una tramitación dilatoria. Por eso anunció aquel septiembre un procedimiento sumarísimo, y no previsto en norma alguna, por el cual debía abrirse, de forma simultánea al envío de la iniciativa a las Cortes, una "negociación política" con el Gobierno central, "que debería culminar en un tiempo superior a seis meses". Agotado ese plazo, se produciría la ratificación en referéndum del "Pacto Político alcanzado con el Estado" o bien, de no haber acuerdo, del proyecto aprobado por el Parlamento vasco.

Para entonces el lehendakari disponía de un informe -filtrado en dicho mes al diario Abc- en el que un grupo de juristas le marcaba soluciones para soslayar los numerosas tachas jurídicas que presentaba su plan. El último párrafo estaba dedicado a advertir del riesgo de que la proposición de ley encallara a la primera en la Mesa del Congreso. Este órgano no puede salirse de la calificación con que lo remitió el Parlamento vasco -reforma del Estatuto de Gernika, si bien la generalidad de los expertos estima que desborda ampliamente el ámbito estatutario-, pero sí está en su mano, avisaban los juristas a Ibarretxe, "calificarla como iniciativa de reforma constitucional bajo el argumento de que, materialmente, choca con el texto constitucional". En ese caso, la Mesa del Congreso, basándose en informes recabados de los servicios jurídicos de la Cámara, tendría el recurso de suspender la tramitación de la iniciativa, reclamando al Parlamento vasco que la acompañara de una proposición de reforma constitucional. No en vano, prestigiosos constitucionalistas han identificado varias decenas de puntos de fricción entre la iniciativa del lehendakari y la Carta Magna. "Dicho en otras palabras", concluían los asesores de Ibarretxe, "el Congreso podría paralizar desde el primer momento la tramitación de la propuesta, sin necesidad de que el Pleno desautorice al Parlamento vasco y antes de que el cuerpo electoral vasco pueda pronunciarse en referéndum".

El empujón dado por Batasuna a la hoja de ruta del lehendakari ha desactivado el plazo perentorio de los seis meses, ya que quedan apenas cinco para las elecciones, pero hace que cobre una gran trascendencia la forma en que las instituciones del Estado trasladen a la sociedad vasca la inviabilidad del proyecto soberanista salido el Parlamento de Vitoria. La firmeza no está reñida con la templanza o la inteligencia, ni tiene una única manera de expresarse. Centrar la atención en responder al plan Ibarretxe desde el Congreso, donde PSOE y PP suman el 90% de los escaños, supone equivocar el enfoque. El núcleo del desafío planteado es político antes que jurídico, y su resolución depende, esencialmente, de la respuesta que le den los ciudadanos vascos en los comicios de mayo.