La Fiscalía se querella contra Otegi, Permach y Álvarez por enaltecimiento del terrorismo
Rechaza presentar recurso contra la decisión de archivar la causa contra Atutxa por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado instrucciones para que se presente una querella por enaltecimiento del terrorismo y reunión ilegal contra los dirigentes de Batasuna y parlamentarios vascos Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez por el acto celebrado en el velódromo de Anoeta de San Sebastián el pasado 14 de noviembre en el que presentaron su nueva "propuesta de paz".
Así lo afirma la Fiscalía en un comunicado difundido hoy, en el que anuncia además que ha acordado no presentar recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de archivar el denominado caso Atutxa, ya que, a pesar de disentir de algunos de sus razonamientos, considera que "está extensa y suficientemente motivada".
En la misma nota, la Fiscalía General del Estado reafirma públicamente su intención de ejercitar, en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, las acciones oportunas al amparo de la Ley de Partidos "para imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones, impidiendo por tanto su presencia en el próximo Parlamento vasco".
El acto de Batasuna en Anoeta
Para la Fiscalía no existen dudas de que el propósito de la convocatoria de Anoeta era ensalzar a ETA y que los implicados, dos de los cuales votaron a favor del plan Ibarretxe el pasado día 30, conocían cómo iba a desarrollarse el acto, según informa hoy el diario El Mundo. Así, estima que tanto Álvarez, que pidió a través de un intermediario la autorización para celebrarlo, como Permach, que lo organizó, y Otegi, que intervino en el mismo con un discurso, sabían cómo se desarrollaría el acto. En Anoeta, Batasuna presentó su nueva "propuesta de paz", pero también se proyectaron en pantalla fotografías de miembros de ETA muertos, se corearon gritos a favor de la organización terrorista y varios encapuchados repartieron números de publicaciones internas de la banda.
Todos estos hechos fueron recogidos en sendos informes de la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad del Estado y remitidos a la Fiscalía de San Sebastián, que decidió que había motivos para emprender acciones judiciales. Al estar aforados los dirigentes de Batasuna, las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que sustanciará la iniciativa en los tres parlamentarios de manera inminente.
Acusación contra Atutxa
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha acordado no presentar recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de archivar la acusación de desobediencia contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y otros cinco diputados por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. La Fiscalía considera que a la vista de la instrucción judicial y de las declaraciones de querellados y testigos es muy complicado mantener la acusación. Aunque la Fiscalía "no comparte algunos de los razonamientos" incluidos en la resolución del TSJPV, cree que ésta es "extensa y suficientemente motivada".
Las diligencias de instrucción no han acreditado a juicio de la Fiscalía General la concurrencia del elemento esencial del tipo, "la desobediencia abierta, es decir, expresa, clara y terminante", y "nos sitúa en un campo que, por la propia complejidad del problema, es ajeno al ámbito absolutamente restrictivo de la intervención penal en este tipo de conflictos".
La querella contra Atutxa y otros cinco parlamentarios había sido presentada por la Fiscalía, que les acusaba de un delito de desobediencia a la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak . El origen de la querella fue el fallo del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003 que disolvía la formación heredera de Batasuna en el Parlamento vasco. La juez instructora del caso, Nekane Bolado, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV emitió un auto el pasado 27 de diciembre en el que consideró que "los hechos imputados no son constitutivos de infracción penal". La Fiscalía General del Estado ha decidido asumir la resolución de archivo y "en consecuencia no impugnar dicha resolución".
