El comité de expertos aconseja devolver a la Generalitat sus papeles de Salamanca

Una decisión delicada, meditadísima y trabajada coma a coma fue la que presentaron ayer los 17 expertos convocados por el Ministerio de Cultura para resolver el contencioso entre la Generalitat de Cataluña y el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. "Consideramos justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat de Cataluña", declaraba Federico Mayor Zaragoza, su presidente, que se encargó de comunicar las conclusiones a las que habían llegado tras meses de estudios y reuniones. La decisión no es vinculante, pero el Ministerio de Cultura aseguró en una nota que el dictamen "será una pieza fundamental" en su decisión.

Tres horas después de la convocatoria para hacer pública la decisión tomada compareció Mayor Zaragoza, arropado por siete miembros de la comisión, y declaró: "La prioridad absoluta en esta materia extraordinariamente compleja es la custodia de los documentos históricos y su adecuada conservación, descripción y accesibilidad, tanto para los ciudadanos interesados en la defensa de sus derechos, como para los historiadores". Con esa premisa, aunque consideren que los originales -un 5% del total del Archivo de la Guerra Civil, 507 cajas de 20.000- deben ser devueltos a Cataluña, todos quedarán con copia en Salamanca y se debe garantizar, en su nueva residencia, la total accesibilidad a los mismos. "Con eso aseguramos que Salamanca será una referencia nacional e internacional para el estudio de todo lo que tenga que ver con la Guerra Civil y el franquismo", aseguró Mayor.

La prueba de buena voluntad por todas las partes vino con algunas cesiones de la Generalitat también. Joan Rigol, miembro de la Comisión de la Dignidad, que se situó al lado de Mayor Zaragoza ayer, aseguró que el Gobierno catalán está dispuesto a dejar copia de todos los documentos de la guerra que guarda en el Archivo Nacional de Cataluña para Salamanca.

La comisión de expertos reconoce el derecho de todos los particulares e instituciones que quieran reclamar documentos privados para hacerlo. No el de comunidades autónomas porque, según José Álvarez Junco, "deben hacerlo quienes existieran antes de 1936". Pero siempre que cumplan los requisitos jurídicos que han elaborado ellos mismos y que se señalan en el informe de la subcomisión jurídica formada dentro de la misma comisión. Ésta, junto a otras tres subcomisiones -histórica, archivística y de principios generales-, han conformado la decisión final para la que no ha habido votos en contra, aunque sí tres abstenciones: las de Julio Valdeón, representante de la Junta de Castilla-León; Antonio Morales Moya, de la Universidad de Salamanca, y Eugenio García Zarza, del Ayuntamiento salmantino.

Además, la comisión recomienda la transformación del Archivo de Salamanca, para lo que cree conveniente varias cosas: "La devolución de los documentos que salieron de la Delegación de Servicios Documentales de la presidencia del Gobierno, fundamentalmente los que sirvieron para la causa general. La concentración en Salamanca de las causas vistas en consejos de guerra y hoy dispersas y de difícil acceso. La obtención de copias digitalizadas de toda la documentación relacionada con el Archivo, tanto en España como en otros países y hacerla accesible a nivel nacional e internacional. La puesta en marcha de proyectos de historia oral, para preservar lo que aún es posible y la dotación del centro con medios precisos para su expansión y la realización correcta de sus funciones". Para esto último, los expertos recomiendan al ministerio "la formación de una comisión de seguimiento ante la que los responsables del mismo informen en el plazo de seis meses".