El alcalde de Salamanca y la Junta intentaran impedir la salida de los documentos del archivo

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, ha anunciado hoy una batería de medidas para impedir la salida de los papeles del Archivo de la Guerra Civil que reclama Cataluña. Entre ellas se encuentra recurrir a la Unesco, al Defensor del Pueblo y a la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM). Por su parte, la Junta de Castilla y León ha anunciado la convocatoria de una reunión de presidentes autonómicos para debatir sobre "la unidad del patrimonio nacional".

Las medidas anunciadas en rueda de prensa por el alcalde las llevará a cabo tanto el Ayuntamiento de la ciudad como él mismo a título personal e incluyen desde los recursos judiciales hasta la petición del amparo a la Unesco para que sepa "lo que está ocurriendo". Asimismo, procederá, en los próximos días, al envío de cartas a los embajadores, agregados culturales y a universidades españolas, europeas e iberoamericanas, además de a fundaciones culturales de España y de Europa y a academias de tipo cultural. Lanzarote ha subrayado que está "enfrascado en la defensa" contra lo que considera "un atentado cultural sin precedentes", a la vez que ha indicado que tiene "un sentido muy práctico de las cosas" y que lo único que quiere "es que el Archivo no se toque".

Los tribunales será la principal baza del dirigente salmantino en este conflicto, aunque Lanzarote ha señalado que no podía anunciar el tipo de recursos que se van a presentar "por no enseñar las cartas antes de tiempo". Esta misma mañana, la Junta de Gobierno Local del consistorio salmantino ha aprobado un acuerdo en favor de la unidad documental en el que se explica que "los documentos forman parte del patrimonio histórico español", además de recordar que han sido declarados Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León. La Junta de Gobierno ha advertido de que, si el Gobierno concede los documentos a la Generalitat, "se rompería la unidad e integridad y dejaría de tener el valor actual".

"La disgregación del Estado"

El regidor ha anunciado además que acudirá personalmente y en "calidad de ciudadano" al Defensor del Pueblo y al procurador del común de Castilla y León, a los que expondrá la situación del Archivo, el informe de la Comisión y les trasladará las 85.000 firmas recogidas en favor de la unidad y el aval de más de 200 colectivos de diversas provincias españolas. Por su parte, la reunión de presidentes autonómicos que convocará el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se celebrará en Salamanca y estará precedida de una reunión preparatoria de consejeros de Cultura, según ha informado en conferencia de prensa la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno regional, María Jesús Ruiz.

La Junta "no va a permitir en ningún caso que se desmantele España", por lo que defenderá "por todos los medios" la unidad del Archivo en Salamanca, que el Gobierno "es incapaz de preservar", ha declarado la vicepresidenta. Para Ruíz, la salida de fondos de Salamanca "es la primera piedra para desmantelar otras cosas", con el consiguiente riesgo de "disgregación del Estado", ha subrayado la vicepresidenta. En cambio, el presidente catalán, Pasqual Maragall, ha asegurado que el retorno de los papeles de Salamanca "no supondrá un coste político" para José Luis Rodríguez Zapatero, sino un "beneficio", ya que demuestra que "la España plural no sólo es una idea, sino una realidad" y que "el Gobierno gobierna".

El presidente de CiU, Artur Mas, ha tildado de "ridículo y deplorable" el vallado del archivo y ha pedido al PSOE que "no se espante" y "aguante" su compromiso. El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ha asegurado que la devolución es un "auténtico disparate" y supone "un capítulo más de la bajada de pantalones" del Gobierno ante el líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira. El vicepresidente valenciano, Víctor Campos, ha asegurado que su Gobierno no tiene intención de solicitar la devolución de los documentos valencianos a Salamanca, al menos hasta conocer el contenido del informe de expertos. Preguntado por la petición que han hecho varios municipios de Castellón en este sentido, Campos se ha salido por la tangente y ha señalado que el Gobierno valenciano "no va a entrar en la política municipal".