Unanimidad contra la violencia machista

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Las felicitaciones navideñas se trufaron con la congratulación de toda la Cámara, al aprobar esta ley sin un sólo voto en contra y sin ninguna abstención. Acudieron a la votación el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y seis ministros, entre ellos el de Trabajo, Jesús Caldera.

Y tras la aprobación, llegaron los aplausos y los abrazos. "Es un triunfo de las mujeres,

un poderoso instrumento para que la dominación que sufren tantas mujeres se erradique de forma definitiva", afirmó el jefe del Ejecutivo en los pasillos del Congreso. También allí, la vicepresidenta Fernández de la Vega manifestó su esperanza de que "entre todos se pongan en marcha los mecanismos para acabar con esta vileza" y aseguró que la norma sitúa a España "a la vanguardia de Europa" en la lucha contra los malos tratos.

En el hemiciclo, todas las diputadas que intervinieron en defensa de la norma y el único diputado que también lo hizo (Luis Mardones, de Coalición Canaria) compitieron en desgranar parabienes y elogios al "esfuerzo conjunto" para "eliminar una lacra" que, en lo que va de año, se ha cobrado en España la vida de 70 mujeres. Cerró el debate el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para "agradecer" a todos "su trabajo, porque ha merecido la pena".

Discriminación positiva

Caldera enmarcó la ley como un ejemplo de "acciones discriminatorias positivas" y defendió esa discriminación -la ley trata con más dureza los maltratos cometidos por hombres contra mujeres que los menos frecuentes abusos de ellas contra ellos- con el siguiente argumento: "Cuando las desigualdades son de gran calado es preciso introducir acciones desiguales para realmente igualar". Este aspecto de discriminación positiva fue criticado por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial en el arranque de la tramitación de esta ley.

Los parabienes parlamentarios a la norma estuvieron salpicados, no obstante, por tres elementos de muy moderada crítica: el dinero, los juzgados especializados y la protección policial.

Sobre el dinero hablaron todos, pero se extendió especialmente la diputada de Izquierda Unida Carme García Suárez. "No tiene sentido hacer leyes con grandes aspiraciones y no aportar la financiación necesaria". La diputada admitió que los presupuestos prevén 50 millones de euros para el desarrollo de esta ley en 2005, pero sentenció: "Con 50 millones de euros no vamos a ninguna parte".

La crítica a la conveniencia de los juzgados especiales fue detallada con especial claridad por la diputada de CiU Mercè Pigem. Afirmó que esos juzgados especiales son "innecesarios", pidió al Gobierno que evite "caer en triunfalismos" y avisó de que "una ley por sí sola difícilmente va a acabar con el maltrato" a las mujeres. Sobre la protección policial se pronunciaron con especial detalle las portavoces de CiU y PP. Una enmienda introducida en el Senado sobre este asunto contó con el voto en contra de ambos grupos, aunque después se sumaron al voto unánime del conjunto de la norma.

Estas tres críticas, en última instancia, destacan que ninguna ley es un ungüento mágico para un problema tan grave. En palabras de la diputada del Partido Popular Susana Camarero, la tarea de la oposición, tras la aprobación de la norma "va a ser vigilar la aplicación y ejecución de la ley para que sea lo más eficaz posible y no se convierta en papel mojado". La portavoz del PP reiteró que su grupo ha intentado sin éxito que la ley recogiera también el maltrato a niños y ancianos como víctimas a proteger dentro de la violencia doméstica.

El debate y aprobación definitiva de la ley fue seguido, desde la tribuna de invitados, por una veintena de mujeres. Cuando el panel arrojó los 325 votos emitidos y todos a favor, este sector del público se levantó y alzó ambas manos juntas en el gesto de reivindicación feminista.

La ley, que previsiblemente se publicará en el BOE la próxima semana, entrará en vigor un mes después, aunque el Gobierno dispondrá de seis meses para implantar los juzgados especiales y el agravamiento de penas.