Una larga batalla de las organizaciones de mujeres

Una ley de las mujeres para las mujeres. Las organizaciones de feministas han jugado un papel decisivo en la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada ayer definitivamente -y de nuevo por unanimidad- en el Parlamento. Ellas fueron las primeras, y durante tiempo las únicas, que plantearon la necesidad de luchar contra estas agresiones con una ley paraguas que cubriera todos los aspectos. Ayer, algunas lloraban de alegría: la de la victoria tras una larga lucha.

"La primera campaña en pro de la ley se celebró en 1995. En 1997 comenzamos a reivindicarla en la calle el día 25 de cada mes", relata la portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, Ángeles Álvarez. "Hay que agradecerles su esfuerzo y su tesón. Si no hubiera sido por el empuje permanente de las organizaciones feministas, hoy no estaría aprobada esa ley en el Parlamento", reconoce Micaela Navarro.

Esta consejera de la Junta de Andalucía era secretaria de Igualdad del PSOE cuando, en 1998, ese partido tomó el guante que le lanzaban las feministas y empezó a tantear una ley integral. Para entonces, las agresiones contra las mujeres habían roto los muros de la privacidad para convertirse en motivo de alarma social y tema de la agenda política. El detonante fue la muerte de Ana Orantes, quemada por su marido a finales de 1997.

Desde 1998, el PP apostó por abordar el problema con planes integrales, criticados por las feministas. En su programa para las elecciones de 2000, que revalidaron a José María Aznar, el PSOE incluyó la ley integral. El nervio político se tensó en 2002. El PP votó en contra del proyecto de ley integral que había presentado el PSOE y de una iniciativa de IU. Le llovieron las críticas y una semana después aceptó legislar con todos los grupos.

El resultado fue la aprobación unánime de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica en 2003. "Por primera vez se hizo una política de Estado sobre esta cuestión, con la generosidad de todos los grupos parlamentarios", señala Alberto Dorrego, entonces director general de Modernización de la Justicia y uno de los muñidores de esta herramienta que permite al jueces dictar medidas urgentes civiles y penales y activar la ayuda social. Más de 13.000 mujeres se han beneficiado de ella.

El pasado marzo, el PSOE prometió de nuevo la ley integral y su candidato, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que sería la primera norma que enviaría al Parlamento. La victoria obligó a pisar el acelerador para un nuevo proyecto, debatido con las feministas. "La ley supone los cimientos para construir un muro que permita frenar la violencia. Tardarán en verse los resultados", asegura Ángeles Álvarez.