Poner la agenda al día

El Congreso de los Diputados renovó ayer la unanimidad que ya había otorgado a la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, al igual que, también unánimemente, el Senado había dado su aprobación. Este gran acuerdo promovido por el Gobierno, que ha conseguido salvar algunas resistencias que se sustentaron más en declaraciones mediáticas que en el apoyo real de la sociedad, ve la luz con la esperanza de aportar, desde los poderes públicos, los instrumentos para combatir el machismo criminal.

Todos fuimos artífices ayer de uno de los actos políticos que más va a aportar al cambio social en España. Un acto que, abandonando la retórica, entra de lleno en los hechos que han venido situando a las mujeres españolas (y a las que no lo son, pero viven entre nosotros) en posiciones de desigualdad a lo largo de siglos. Una iniciativa que pone al día la agenda española de la equiparación entre los sexos. Así lo sentí cuando devolvía, con verdadera emoción, el aplauso que nos dedicaban a los diputados las representantes de los colectivos de mujeres que asistían al debate desde las tribunas del Congreso.

El Estado tiene la capacidad de 'imponer' solidaridad

La acepción de la historia como reproductora social se mantenía en el siglo XIX cuando Victor Hugo profetizó que sería el de la emancipación de la mujer. Hubo que esperar y fue en el siguiente, el compulsivo y dinámico siglo XX, cuando se iniciaron los verdaderos cambios en la condición femenina y el que finalmente se consagró como el de la revolución de las mujeres, el de su toma de posición.

Una toma de posición en la que "revolución" se identifica con recuperar lo que el Informe sobre los malos tratos a mujeres en España definía como el "dibujo escondido", como eso que ha estado siempre ahí pero no hemos podido, o no hemos querido, hacer aflorar. También, en desarrollar la equiparación social como uno de los derechos humanos, como hizo la Asamblea General de la ONU hace cinco años. Y ello, porque la violencia contra una parte de la Humanidad, contra las mujeres, no es algo que podamos identificarlo exclusivamente con otras épocas: por el contrario, está muy presente en nuestra realidad actual y tenemos la obligación moral de mostrar nuestra repugnancia hacia esas actitudes que, cuando menos, degradan la dignidad de las mujeres y, cuando más, atacan gravemente su integridad.

Porque la dignidad de las mujeres, como ciudadanas de pleno derecho, se degrada en la medida en que en nombre de una masculinidad exarcebada se concibe la propiedad en las relaciones sentimentales, cuando es la suma de proyectos, y no su resta, lo que configura un vínculo de pareja que se propone vivir en igualdad de oportunidades, tanto vitales como materiales. Anthony Guiddens manifestaba que ahora las parejas deben repartir sacrificios, para que ningún proyecto personal se quede relegado en función de impulsar otros. La dignidad es un trato igualitario, que se traduce en una relación de respeto donde la discrepancia, si tuviere lugar, sea dirimida mediante la palabra y en ningún caso recurriendo a la violencia.

No es posible negar que la dominación de unos sobre otros aún está presente. El Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar cambios que tengan en su horizonte el camino hacia la igualdad. Acción y reacción como elementos de progreso. De esa controversia, de ese diálogo ha de salir el acuerdo para poner fin a la dominación del hombre sobre la mujer; aunque sea preciso impulsar y mantener una actitud de rebeldía social capaz de corregir la intolerable desigualdad que sufren una buena parte de las mujeres de este país. Ante un asunto de ese calado, la solución es preciso reclamarla de la política; porque nos afecta a todos: a la comunidad actual y a las futuras generaciones; a quienes "vivimos aquí de toda la vida" y a quienes vienen buscando lo que en sus lugares de origen se les niega.

Es en la definición de los problemas sociales, de las formas de marginación o desigualdad, así como en la toma de posición respecto de su solución, donde la democracia tiene su lugar, porque es en su espacio donde se genera la esperanza de que esas formas negativas para la convivencia no tengan la última palabra, si no que esté del lado de la política, y de su mejor herramienta: el Estado y sus poderes.

Poner la agenda al día en el desarrollo de la igualdad, en la defensa de la dignidad y en la lucha contra la violencia de género, implica compartir esfuerzos en el descubrimiento mutuo de las claves del poder desigual. Saramago puso entre la ceguera generalizada a una mujer como símbolo de esperanza en un mundo mejor. Un mundo de libertad, igual en las oportunidades, solidario en sus formas de convivencia y plural en sus manifestaciones.

Poner la agenda política al día implica cambiar para avanzar en el territorio del derecho a la vida y la igualdad; para que la sociedad española entienda que no se puede tener perspectiva de progreso desde la preponderancia de un sexo sobre el otro; que es preciso desarrollar, durante un espacio de tiempo todavía dilatado, un amplio conjunto de políticas de acción positiva, de medidas desiguales para alcanzar la igualdad.

El Estado tiene la capacidad de imponer solidaridad, de desarrollar políticas de acción positiva de las que carecía antes de nuestra Constitución; imponiendo su capacidad de obrar, incluso contra las voluntades particulares retardatarias, para la definición de una realidad social en la que quepamos todos. En España, esa capacidad viene dada por el artículo 9 de la Constitución que afirma : "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas...".

Para ello, es preciso que los tres poderes de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, caminen al unísono de la historia, al unísono del clamor de las gentes que vienen demandando, desde larga data, una vida entre iguales, sin la violencia propia de "un estado primitivo de fuerza y esclavitud" como lo definió John Stuart Mill hace casi siglo y medio.

Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.