Veto en el Senado

Los Presupuestos Generales tendrán que volver al Congreso tras prosperar el veto interpuesto en el Senado por una mayoría formada por los principales partidos nacionalistas y el PP. El partido de Rajoy ya adelantó su disposición a apoyar a cualquier formación que presentase un veto, tal vez previendo que sería más dificil que los nacionalistas apoyasen el que pudiera plantear el PP, partido mayoritario -a cuatro escaños de la mayoría absoluta- en el Senado. En todo caso, prosperó el primero que se votó, el del BNG, que fue respaldado por PP, CiU y PNV, sumando 140 escaños de los 259 de la Cámara alta.

El efecto es más político que económico. Es la primera vez que el Senado rechaza un proyecto de ley presupuestaria aprobado por el Congreso. Evidencia los límites de la política de acercamiento de Zapatero hacia los nacionalistas. El PNV, por ejemplo, había expresado a comienzos de septiembre que no apoyaría las cuentas del Estado "a cambio de inversiones o partidas concretas"; y que aspiraba a un acuerdo "más de fondo en torno a la normalización política" y el autogobierno. Poco después, sin embargo, rompió todo contacto con Solbes a cuenta del desacuerdo existente sobre la liquidación del Cupo: los 32,5 millones que Vitoria había descontado unilateralmente en 2003 de la cantidad a pagar a la Hacienda central.

El veto también revela las dificultades de un acuerdo con CiU que sea compatible con el más estable mantenido con ERC tanto en Cataluña como en Madrid. De poco sirvió el acuerdo logrado a mediados de noviembre entre Rubalcaba y Duran para la aceptación de importantes enmiendas de CiU en el Congreso sobre pensiones y ventajas para las pymes, entre otras cosas. Acabó presentando una enmienda a la totalidad.

El efecto económico es nulo; incluso resulta funcional para aligerar las preocupaciones de Solbes. El proyecto presentado por el Gobierno tuvo que adaptarse a las exigencias de IU, Coalición Canaria y sobre todo ERC, que de entrada había exigido 400 millones en inversiones en Cataluña; la perspectiva de tener que satisfacer además, en el trámite del Senado, las exigencias de los nacionalistas integrados en la coalición Galeuska (BNG, PNV, CiU) no debía ser muy tranquilizadora para el ministro de Economía, obligado a cuadrar las cuentas. El proyecto vuelve por tanto al Congreso tal como salió de esa cámara, sin la posibilidad de incorporar las enmiendas que fueron rechazadas en el Senado. Para su aprobación, el día 21, necesita ahora mayoría absoluta, lo que le garantizan los 181 escaños que suma con el respaldo pactado con Esquerra e Izquierda Unida.