El Gobierno y el sector preparan un plan para salvar la crisis del vino

Todos las administraciones y el sector coinciden en las líneas generales para poner en marcha un plan encaminado a salvar la actual crisis del vino. Tras la celebración la pasada semana de unas primeras jornadas de debate en Galicia, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a elaborar ese plan en el plazo de seis meses. El Gobierno también pretende apoyar a la industria agroalimentaria frente a las grandes cadenas comerciales.

La administraciones central y autonómica, los Consejos Reguladores de Denominación de Origen, industriales y productores coinciden en que el nuevo plan para solventar la crisis del vino pasa por un cambio desde la producción al consumo.

Los problemas en el sector del se resumen en la existencia de una producción media de unos 46-47 millones de hectolitros frente a un consumo interno a la baja de 12 millones de hectolitros, el destino de seis millones de hectolitros para mostos y una exportación de unos 11 millones de hectolitros en buena parte en forma de graneles. Esas cifras suponen el riesgo de fuertes excedentes que actualmente se destinan en parte -más de siete millones de hectolitros- a la quema para obtener alcohol para uso de boca.

Frente a esta situación, el conjunto del sector está de acuerdo en mantener el actual potencial productivo con una superficie de 1,04 millones de hectáreas. En esta línea, se defiende no dar libertad para nuevas plantaciones de viñedo. Para limitar la oferta, se optaría por un mayor control de rendimientos en lugar de los abandonos o arranques.

En relación con la demanda se coincide en la necesidad de aumentar la interna vía calidad y moderación en los precios al consumo, y apoyar las exportaciones de vinos envasados en lugar de las ventas de graneles.

En cuando a la organización del sector, se apoya la constitución de un órgano compuesto por Administración central, comunidades autónomas, productores e industriales donde se defina toda la política para el vino. Desde las industrias no se rechaza la posibilidad de aplicar en el futuro más contratos a medio y largo plazo para lograr una mayor estabilidad en los mercados.

En el caso concreto de esta campaña, con una cosecha de 46,3 millones de hectolitros, el sector teme una mayor caída de precios fundamentalmente por dos razones. Primera, por una caída de las exportaciones al bajar las ventas de graneles a Italia y Francia por sus buenas cosechas. Segunda, ante la posibilidad de no poder entregar para la quema con destino a alcohol para uso de boca los 7,6 millones de hectolitros de la campaña anterior al haber más excedentes en toda la Unión Europea.

Control de la venta minorista

Otro de los objetivos que se ha marcado Agricultura para esta legislatura es lograr un mayor equilibrio entre los intereses de la industria agroalimentaria y la gran distribución.

Según el director general de Industrias Agrarias y Alimentarias, Jorge Santiso, las pequeñas y medianas industrias agroalimentarias constituyen un punto muy importante en el conjunto de la actividad económica y muy especialmente para el mantenimiento de la actividad y el empleo en el medio rural, uno de los objetivos que se contemplan el programa socialista. Frente a los miles de empresas dedicadas a esta actividad con un volumen de ventas en muchos casos reducido, el responsable de Agricultura señala que en la otra parte de la balanza se ha producido un fuerte proceso de concentración donde media docena de grandes grupos controlan la mayor parte de la venta minorista de bienes de consumo.

Para Jorge Santiso, esta situación supone un desequilibrio a la hora de negociar y considera necesario un cambio. Estima que la gran distribución es fundamental para las ventas de pequeñas y medianas empresas y reconoce el papel de grupos como Carrefour adquiriendo mercancías a más de 4.000 pequeñas empresas.

Pero en paralelo, reclama un mayor equilibrio en materia de precios de compra para no forzar en los mismos bajas excesivas. Igualmente se aboga por el cumplimiento de los plazos de pago y por unas condiciones que no asfixien a los industriales agroalimentarios o a los proveedores agrarios, fundamentalmente cooperativas de segundo grado.

El sector, a través de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, mantiene un viejo contencioso sin respuesta de Economía y Hacienda, frente a la gran distribución contra los precios bajos y por el cumplimiento real de los plazos de pago marcados por la normativa en vigor, 30 días para los productos frescos y 60 para los de gran consumo no perecederos.