Memorias del horror en Chile

El presidente de Chile, el socialista Ricardo Lagos, encomendó en noviembre de 2003 a una comisión de ocho personas, presidida por el obispo Sergio Valech, la elaboración de un informe sobre las torturas perpetradas de 1973 a 1990, los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet. El resultado, tras un año de trabajo, son 646 páginas donde se da cuenta de los más de 800 centros de tortura, las técnicas empleadas, el contexto histórico, los testimonios, las consecuencias que acarrearon en sus vidas y las propuestas de reparación de daños.

A esto se añade un listado de 659 folios con el nombre y apellidos de las 27.255 víctimas. No aparece el de un solo verdugo, aunque sí se señala con el dedo a los estamentos -militar, civil y judicial- que colaboraron en la tortura por acción o por omisión. Los nombres de las víctimas no aparecen asociados a las vejaciones que sufrieron. Nadie tiene por qué saber quién fue electrocutado y quién obligado a comer heces; quién violada por perros adiestrados; quién sufrió simulacros de fusilamiento y después de sonar la descarga del pelotón oyó a un militar que le decía, poniéndole una pistola en la sien: "Te salvaste... Me toca a mí darte el tiro de gracia y debo decirte que te quedan menos de 30 segundos de vida".

"¿Cómo pudimos vivir 30 años en silencio?", se pregunta el presidente Ricardo Lagos

El 94% de los detenidos señaló en el informe haber sufrido torturas

Nadie ha de saber qué padre fue forzado a presenciar la tortura de su hijo o qué hijo a contemplar el maltrato a su madre. Ni ha de conocerse quiénes de las 27.255 víctimas estuvo una semana de pie, sin alimento ni agua. Sólo la palabra hombre o mujer identifica a las víctimas. Un ejemplo: "Hombre, detenido en septiembre de 1973, recluido en la comisaría de Rahue, Osorno: 'El día 19 de septiembre nos sacan del calabozo uno a uno para recibir golpes; un carabinero con un martillo de madera procede a darme un fuerte golpe en el dedo meñique de ambas manos, para luego, con un alicate, proceder a sacar las uñas; en ese momento ingresa el sargento [se omite el nombre], el cual quita al carabinero el alicate y procede a arrancarme con éste el bigote..., en un momento, producto del gran dolor y desesperación, logro morder la mano de este personaje, el que debe ser socorrido por un carabinero que me da un culatazo en mi cara [...], pierdo el conocimiento y, al despertar, me doy cuenta de que sangro mucho de cabeza, nariz y boca... Luego me doy cuenta de que me faltan ocho dientes... Había procedido a sacármelos con el alicate... o a golpes, no sé".

El presidente Lagos se pregunta: "¿Cómo pudimos vivir 30 años en silencio?". La comisión responde: "Después de mucho meditar, nos damos cuenta de que es un silencio basado no sólo en el temor, ¡y cuanto temor! También hay un aspecto de elemental dignidad. Una cosa es presentarse a la familia después de haber sido detenido. No cuesta el alegato de inocencia y hasta cierto orgullo por haber sufrido una injusticia o el sufrimiento por una causa que se estima noble. Es humano querer mostrarse altivo y no humillado. Pero descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica es algo muy difícil. Y ese silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de las confidencias ahogadas (...)".

Ahora, en la página de Internet, http://www.servicios.gov.cl/comision/, se pueden leer verdades, durante mucho tiempo ocultas. Como la de una mujer detenida en 1974: "Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. (...) Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y mi hermano, que estaban detenidos. También a ver y a escuchar las torturas de mi hermano y padre. Tenía 25 años".

Los ocho miembros de la comisión, entre los cuales se encuentran un obispo, un abogado, una psicóloga, una asistente social, otros dos abogados pertenecientes a partidos de derecha, otro jurista, del partido en el Gobierno, y un especialista en derechos humanos, han trabajado durante un año sin cobrar. Los miércoles se reunían para valorar los testimonios recabados por más de cien profesionales -abogados, psicólogos, asistentes sociales- en Santiago y otros cien en 112 localidades de todo el país. Chile ya tenía experiencia en este tipo de estudios. En 1991 se gestó el informe Rettig -dirigido por el abogado Raúl Rettig- sobre las desapariciones y ejecuciones durante el régimen de Pinochet. Pero ese informe no contemplaba las torturas. El abogado José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia de Lagos, fue uno de los miembros de la comisión: "En mi familia, como en tantas otras de Chile, sufrimos casos de presos, exiliados, torturados..., pero lo que finalmente he escuchado, he leído... es tan brutal que no se puede dimensionar", señala Gómez desde Santiago. A José Antonio Gómez le han impresionado los testimonios de los hijos de las víctimas. Se dio el caso de una mujer que fue detenida y violada a la edad de 15 años. Al salir, tuvo una hija. La hija, ahora de 29 años, prestó testimonio: "Yo represento la prueba gráfica, represento el dolor más grande, lo más fuerte que ha vivido mi mamá en su vida... Había mucha rabia dentro de ella, yo la sentía. Esto ha marcado mi vida y es para siempre. Yo también tuve rabia".

Los investigadores han constatado que a menudo se hacía oír y presenciar a los detenidos las torturas de compañeros y familiares. Así lo relata una mujer detenida en septiembre de 1973: "Al entrar en la comisaría, casi al anochecer, escuché unos gritos desgarradores que provenían de algún lugar de la comisaría. El terror más profundo que puede sentir un ser humano me invadió al reconocer que los gritos eran de mi hermano".

"¿Cómo explicar tanto horror?", se pregunta el presidente Lagos. "¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuestas para ello. Como en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia, la razón no alcanza a explicar ciertos comportamientos en los que predomina la crueldad extrema. ¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalaron haber sufrido torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas señalan haber sido objeto de violencia sexual?".

Gómez da una respuesta: "Había una clara intención de mantener el terror en el momento en que se produce el golpe de Estado. Los propios actores de esa época dicen que en 24 horas controlaron el país. ¿Cómo consiguieron dominar un país durante tantos años? Mediante el terror. Hay 800 o 1.000 centros de detención en Chile. Y eso no se le ocurrió a un solo oficial. Fue una política de Estado. Participó el Ejecutivo, representado por Pinochet; el Legislativo y el Judicial, por omisión. Por eso es el Estado el responsable de reparar a las víctimas".

El Gobierno va a otorgar una pensión mensual de 144 euros a cada víctima, además de sufragarles la sanidad y la educación. Tanto el trabajo de la comisión como las medidas de compensación han sido elogiadas por gran parte de la sociedad chilena, incluido algún destacado militar. Pero también ha habido críticas. El abogado comunista Eduardo Contreras comenta: "El Gobierno promete la educación gratuita de las víctimas, pero no favorece a sus hijos. Muchas víctimas tienen 50 o 60 años; de nada les sirve esos gastos de educación. Además, este trabajo se le viene demandando al Estado desde el año 90. Llega con atraso".

No obstante, tanto el abogado Contreras como su partido se muestran satisfechos también con la publicación del informe, aunque critican que se hayan ocultado los nombres de los verdugos, pese a que la mayoría de las víctimas saben quiénes son. Un periodista del PC ha anunciado que esta semana publicará la lista de verdugos.