Los supervivientes de Pinochet

Ese día tenía examen de química. Al salir de su casa, cuando Mariluz Sabrina Pérez partió temprano a clase en el Liceo 12 de niñas, vio a los agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Militar) que la esperaban. Si se volvía, podía pasarle algo a sus padres. Prefirió correr: ya había estado detenida antes, a los 16 años, durante el golpe militar, y estaba ayudando a asilar perseguidos de la dictadura. La capturaron y metieron en un coche. Su última imagen, porque después estuvo vendada muchos días, fue del amigo que la había entregado a la DINA en los interrogatorios, con esposas, ensangrentado, sentado en el coche, y, como después supo, con los testículos quemados. Sabrina, como le dicen, entonces una colegiala y socialista, perdonó al amigo con un infantil: "¿Cómo estás?".

"Quedé con quemaduras y lesiones en la vagina, perdí mi capacidad de soñar", cuenta Sabrina

Su tránsito por el infierno de Villa Grimaldi, el mayor chupadero (centro de detención) clandestino de Pinochet, es el de muchos de los más de 27.000 chilenos reconocidos esta semana por una comisión independiente como víctimas de la tortura y prisión política en la dictadura. "Me recibieron con un telefonazo [fuerte golpe con ambas manos en los oídos], me quitaron el uniforme escolar y quedé desnuda. Me enviaron directa a las sesiones: me pegaron, me pusieron electricidad en los pezones, en todo el cuerpo, me violaron, quedé con quemaduras y lesiones en la vagina, perdí mi capacidad de soñar". Han pasado 29 años y Sabrina, hoy jefa de acción social en una de las comunas más pobres de Santiago, con lágrimas en los ojos cuenta: "Me causaban lesiones para asegurarse de que no pudiera concebir. Cuando fui adulta, sufrí muchas pérdidas antes de lograrlo. Tener un hijo era ganarle a la DINA".

Valora el informe de la comisión, pero critica que no haya dado los nombres de los torturadores a la justicia. "Le faltó mucho. Yo pondré tres querellas: una con otras personas, contra el Estado, por no entregar los nombres de los torturadores; otra por las torturas a mí, y otra porque era menor de edad cuando fui detenida".

El poeta Jorge Flores (46) es otro de los 1.100 niños víctimas de la tortura y prisión por la dictadura. Su adolescencia terminó a los 16 años, al pasar del liceo a las torturas de la DINA, que lo secuestró y llevó a un recinto clandestino, para que entregara a un hermano mayor. Desnudo, aterrado, después de una golpiza brutal, Flores rompió en llanto. "¡Para de llorar, maricón!", le dijo uno de los agentes, y le propinó un culatazo. Lo colgaron boca abajo, de los pies, hasta que desmayó del dolor. Mientras su familia lo buscaba con desesperación, un oficial de la DINA lo llevó a casa de una tía para chantajear a su familia. Varios de los que estuvieron detenidos con él siguen desaparecidos hasta hoy. Escribió su historia en un libro testimonial, Londres 38, nombre del lugar de detención. "Porque no me pertenece", dice.

"Ya pasó el dolor físico, pero cuando despierto todavía pienso que me irá mal, que algo malo me sucederá a mí o a mi familia y estoy todo el día tratando de sobreponerme", afirma Flores. Con dos hermanos muertos en la dictadura, un primo desaparecido y una asesinada, él y su hija vieron juntos en televisión a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA. "¿Ése fue? ¿Por qué no rompes el televisor?", le preguntó su hija. Según Flores, el informe "es muy positivo, un gran logro, porque ha quedado en el archivo para las futuras generaciones, nos repara moralmente y ya nadie nos puede ningunear. Es importante que la justicia lleve a los sicarios a la cárcel, pero la verdad es que es tanto el daño que nada lo puede pagar".

Muchos torturados y detenidos por la dictadura no fueron a declarar ante la comisión que hizo el informe. Algunos, como Marcelo Castillo, gerente de comunicaciones de Chilectra, filial de Endesa España, detenido dos veces, por militares y carabineros, y que sufrió golpizas y simulacros de fusilamiento, porque creyó que era sólo para los casos más extremos, lo mismo que pensó la periodista María Olivia Mönckeberg, detenida una semana en un cuartel de la DINA. Organismos de derechos humanos elevan a más de 100.000 el número total de víctimas de la tortura y prisión. De hecho, en la comisión esperaban cerca del doble de los 35.000 testimonios que recibieron.

A Ricardo Aguilera (51), técnico en instalaciones de calefacción, lo detuvo primero la Fuerza Aérea, después la policía civil y finalmente estuvo encarcelado. La primera vez, en 1974, permaneció 10 días encapuchado, a ciegas, "en la moledora de carne, la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea". Durante "tres días y tres noches me obligaron a estar de pie junto a una pared, sin poder apoyarme, dormir, moverme ni comer, en medio de los gritos de torturados, mientras los guardias ponían música de Cat Stevens".

Después, en 1984, cayó por segunda vez, en un control policial de vehículos, con un grupo de amigos. Tenía escondido en la ropa un documento del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y se lo encontraron. Lo separaron de los demás. Desnudo y envuelto en una frazada, como un bulto, los detectives lo trasladaron a la Brigada Investigadora de Asaltos. "Me dieron con todo. Ahí sobrepasé el umbral humano. Golpizas, parrillas [electricidad], teléfono, asfixia, simulacro de fusilamiento. Varias torturas al mismo tiempo. Me colgaron de pies y manos, mientras me pegaban y me ahogaban haciendo tragar agua con una manguera por la boca y la nariz. Perdí la noción del tiempo y me desmayaba, me tiraban agua y seguían". De vez en cuando, un médico lo revisaba para que continuaran. "Yo gritaba con todos mis pulmones, en un alarido interminable, para que el dolor saliera de mi cuerpo".

Hasta hoy, Aguilera quedó con secuelas, dolor en sus articulaciones, se truncó su proyecto de ser artista, que ahora quiere recobrar, y quedó a la defensiva en la vida. "Pasa un coche rápido y tengo un vuelco en el corazón. Siempre miro quién anda cerca, me fijo en los demás". Sus penurias no terminaron con la condena a cinco años de prisión por complicidad en entrada clandestina en el país. Después de los tormentos, una cárcel pública de Pinochet casi parecía amable. Pero a los pocos días, los aparatos de seguridad envenenaron con la toxina del botulismo a los detenidos en su celda. Dos murieron y él y un hermano suyo quedaron graves. El caso se investiga hasta hoy. Las denuncias apuntan a experimentos de la represión con los prisioneros y a que quisieron enviar un mensaje a todos los presos políticos: ni en la cárcel estaban seguros. En 1983, con ayuda de la Embajada de Francia, partió a este país mientras estaba en libertad provisional, sin cumplir toda la condena, y ahí rehizo su vida. Emocionado, afirma: "La dictadura mató a los mejores de nuestra generación. Cuento mi experiencia porque siento el deber de hablar por los que ya no están. Por eso, mi hijo sabe desde muy pequeño que a su papá lo torturaron". Valora políticamente el informe de la tortura, y aunque no es su caso, admite que para muchos otros ha sido una catarsis. Pide más indemnización para quienes no pudieron rehacer sus vidas destruidas por la tortura.

Han pasado 29 años, pero Darío Rojas todavía tiene la pesadilla de que lo siguen buscando. Hasta ahora no había contado detalles y sus hijos no los han sabido. De tantas veces que le aplicaron electricidad en Villa Grimaldi, lugar al que lo trasladó la DINA después de su detención en Antofagasta, donde quería instalar una radio clandestina contra la dictadura, quedó "con una disfunción neurológica" que le provoca sentir en ocasiones sus "propios impulsos eléctricos". Técnico en informática, reacciona en contra del dolor de una inyección o si alguien lo golpea. "Se exacerbó mi instinto de protección", afirma. Reivindica del informe que ahora todos sepan que la tortura obedecía a una instrucción del mando, y valora que la sociedad hable del tema, aunque cuestiona que hayan debido pasar tantos años. "Me siento un superviviente de la locura, del terror, de los gritos. Todavía me sorprendo de la crueldad a la que pueden llegar las personas, y de la enorme capacidad de cariño de los compañeros prisioneros para reconfortarte cuando volvías de las sesiones".

El psiquiatra Daniel Díaz (52), detenido por la Armada en Talcahuano cuando era estudiante de Medicina, recuerda con más dolor que hayan torturado a otras personas a su lado, mientras él no podía hacer nada, que los tormentos contra él. Estuvo un mes y medio secuestrado, sin que nadie supiera dónde y negaran su detención. Considera la tortura un método para mantener sojuzgada a la población. Fue el penúltimo día a declarar a la comisión. "Me sorprendí de la cantidad de recuerdos que tenía, todo estaba ahí. Después del informe, la situación es liberadora y esperanzadora".