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Tribuna:

Cataluña y Euskadi: la analogía falsa

La reciente conmemoración del 25º aniversario de los Estatutos vasco y catalán ha sido muy distinta en ambas comunidades autónomas. Mientras en Cataluña la Generalitat de Maragall y todas las fuerzas parlamentarias han celebrado el acontecimiento, en Euskadi el Gobierno de Ibarretxe y los partidos nacionalistas no sólo se niegan a celebrarlo, sino que aprovechan la efeméride para recalcar una vez más que el Estatuto de Gernika está agotado e incluso muerto, lo cual no les impide seguir gobernando con él.

Desde su fundación por Sabino Arana a finales del siglo XIX, el nacionalismo vasco ha sido muy historicista, en el sentido de que ha recurrido constantemente a su interpretación de la historia para legitimar sus reivindicaciones políticas concretas. Sin embargo, su uso público de la historia ha tenido a menudo más que ver con el mito o la leyenda que con la historia real, tal y como ha puesto de relieve la historiografía vasca más rigurosa.

En los últimos años, el Gobierno de Ibarretxe ha homenajeado en varias ocasiones al primer lehendakari, José Antonio Aguirre, y a su Gobierno de la Guerra Civil, fruto del Estatuto de 1936, cuyo texto no pasa de ser un Estatuto de mínimos si se compara con el actual de Gernika, sistemáticamente desvalorizado o menospreciado por quienes deben a su vigencia sus cargos públicos. Pese a ello, el nacionalismo gobernante no tiene en cuenta las enseñanzas que cabe extraer de la historia de Euskadi en la II República y la Guerra Civil. En cambio, dichas enseñanzas estuvieron muy presentes en la Transición democrática, porque entonces vivían destacados protagonistas de la generación de 1936 (Irujo, Ajuriaguerra, Leizaola, Julio Jáuregui...), quienes reconocieron los errores cometidos por el PNV en la transición de la Monarquía a la República en 1930-1931 y consiguieron que no se repitieran. Por el contrario, la generación nacionalista hoy en el poder ignora esa historia y está repitiendo los errores de sus abuelos cuando éstos ya no viven para contarlo.

En 1977-1978, Manuel Irujo reconoció públicamente que el PNV cometió el error de no participar en 1930 en el Pacto de San Sebastián, que fue el origen tanto de la II República española como del Estatuto catalán de 1932, aprobado cuatro años antes que el vasco. Pero hubo más errores del PNV, al advenimiento de la República en 1931, que explican ese retraso en la aprobación del Estatuto vasco, el cual sólo pudo entrar en vigor en plena Guerra Civil. A diferencia del catalanismo, que pactó con el Gobierno republicano y aprobó por consenso el Estatuto de Nuria, refrendado popularmente en 1931, el PNV no sólo no se entendió con el nuevo régimen republicano, sino que enseguida se alió con sus mayores enemigos, los carlistas, en las elecciones a Cortes Constituyentes. El programa de esta coalición fue el polémico Estatuto de Estella, que era el proyecto de las derechas católicas vasco-navarras que querían celebrar un Concordato con el Vaticano para evitar así la aplicación de la legislación laica de la República.

El bloque de Estella hizo de esas elecciones de 1931 un plebiscito sobre su Estatuto y, como venció a las izquierdas, no se molestó en someter su texto a referéndum, al contrario de Cataluña, y lo presentó a las Cortes, donde pereció al ser taponado por su flagrante inconstitucionalidad. El Estatuto de Nuria también era inconstitucional, al no ser la II República un Estado federal sino integral, pero el acuerdo político entre la Esquerra catalana y el Gobierno republicano permitió que las Cortes lo adecuasen a la nueva Constitución de 1931 y fuese aprobado al año siguiente. En cambio, el Estatuto de Estella no sirvió para nada y el proceso autonómico vasco tuvo que volver a empezar de cero después de haber perdido todo el año 1931.

A finales de dicho año, los dirigentes del PNV se percataron de su error: era imposible lograr la autonomía sin contar con el respaldo del Gobierno y las Cortes republicanas, ni tampoco de las izquierdas vascas. Entonces se olvidaron del Estatuto de Estella y su Concordato vasco, y aceptaron elaborar con la izquierda republicano-socialista de Prieto un nuevo proyecto que fuese constitucional. El navarro Irujo fue el primero en corregir este error de Estella al señalar que el problema fundamental era conseguir el Estatuto, aunque no tuviese determinadas competencias, porque "la existencia del Estatuto es tanto como la existencia de Euzkadi", pues suponía el reconocimiento jurídico de una personalidad política que nunca había tenido en la historia.

La evolución democrática del PNV en la República, obra de la generación de Aguirre e Irujo, le llevó a romper con el carlismo insurreccional y con la derecha católica española, así como a aproximarse desde 1934 a las izquierdas para alcanzar su objetivo político principal: el Estatuto. Si lo obtuvo en 1936 no fue consecuencia de la Guerra Civil, que sólo aceleró su entrada en vigor, sino de su entente cordial con el Frente Popular, personificada por Aguirre y Prieto, en la primavera de 1936.

La historia de la II República española demostró que la aprobación de los Estatutos de autonomía sólo era factible si eran obra del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de la región que quería ser autónoma y del acuerdo de ellas con el Gobierno republicano. Y era de todo punto imposible sin esos dos requisitos, que se dieron pronto en Cataluña, mientras que en Euskadi tardaron cinco años. Confirmando la afirmación citada de Irujo, como entidad jurídico-política Euskadi nació en octubre de 1936 con el Estatuto y su fruto inmediato, el primer Gobierno vasco, de coalición PNV/Frente Popular, presidido por Aguirre, cuando Irujo ya era ministro de la República.

La primera autonomía vasca en la Guerra Civil fue un hito histórico, pero fue muy efímera (apenas duró nueve meses) y estuvo capitidisminuida orgánicamente (no hubo Parlamento vasco) y territorialmente (reducida a Vizcaya al estar ya en poder de los sublevados casi toda Álava y Guipúzcoa). Por ello, pese a su gran valor simbólico, encarnado en el exilio por los Gobiernos de Aguirre y Leizaola, siempre de coalición PNV/izquierdas, no resulta en modo alguno comparable con la autonomía actual. Ésta nació en 1979 con un Estatuto consensuado por las fuerzas políticas y aprobado por una clara mayoría del pueblo vasco (el 90% de los votantes), superior a los referendos catalán, gallego y andaluz. El Estatuto de Gernika ha permitido a Euskadi vivir 25 años de amplio autogobierno a pesar de la lacra del terrorismo. Por eso, dada la coyuntura bélica y excepcional de su nacimiento en 1936-1937, cuando realmente se ha construido Euskadi como nacionalidad, en el marco del Estado español de las autonomías, ha sido en el último cuarto de siglo gracias al Estatuto de Gernika. De ahí que sea una grave contradicción que el PNV, su principal artífice y su mayor beneficiario al gobernar con él ininterrumpidamente la Comunidad Autónoma Vasca, no quiera celebrar su 25º aniversario y pretenda enterrarlo cuanto antes. Lo mismo hizo el Gobierno de Ibarretxe en 1999, dándose la paradoja de que después fue celebrando los veinte años del Parlamento vasco, del Concierto económico, de la Ertzaintza, de la televisión vasca, etcétera, que son los frutos de dicho Estatuto.

Comparando la diversa situación de Cataluña y Euskadi en la coyuntura de 1931, dos historiadores catalanes (Anna Sallés y Enric Ucelay) señalaron hace tiempo que su analogía era falsa; así se explicaba la opuesta suerte que tuvieron sus Estatutos en las Cortes Constituyentes de la República. En la actualidad también se comparan ambos casos y dirigentes nacionalistas vascos preguntan retóricamente al Gobierno de Rodríguez Zapatero por qué considera factible el cambio de Estatuto en Cataluña y no en Euskadi. No quieren percatarse que de nuevo, como en 1931, la analogía es falsa, porque Cataluña está elaborando su nuevo Estatuto mediante el consenso de sus fuerzas parlamentarias y conforme a las reglas de juego estatutarias y constitucionales, mientras que el plan Ibarretxe va contra la mitad no nacionalista de la población de Euskadi y no respeta las reglas de juego al anunciar que lo someterá a referéndum sin contar con la aprobación de las Cortes.

El Gobierno de Ibarretxe pretende suplir su probable falta de mayoría absoluta en el Parlamento vasco presentando su plan como su programa electoral y convirtiendo las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito, como hicieron la coalición del PNV y el carlismo en los comicios de 1931. Pero entonces su victoria no le sirvió para sacar adelante el Estatuto de Estella, que naufragó enseguida en las Cortes. Ahora puede suceder lo mismo. En tal caso, Euskadi marchará a la zaga de Cataluña en la elaboración de un nuevo Estatuto, como pasó en la República y a diferencia de la Transición, cuando registró el Estatuto de Gernika en las Cortes unas horas antes que el catalán de Sau el 29 de diciembre de 1978. Tal es el riesgo que se corre por presentar un proyecto maximalista sin contar con el doble consenso interior y exterior imprescindible para aprobar cualquier Estatuto.

En suma, el nacionalismo vasco, radicalizado en los últimos años, vuelve a caer en sus graves errores de 1931, con el plan Ibarretxe como un nuevo Estatuto de Estella, sin importarle que la vía emprendida provoque la fractura de la sociedad vasca en dos comunidades antagónicas. Es un handicap que hoy el PNV no tenga en sus filas estadistas de la talla de Aguirre e Irujo, sus líderes más relevantes del siglo XX, que supieron rectificar a tiempo su error de Estella y lograron entenderse con las izquierdas vascas y españolas para que Euskadi naciese institucionalmente con el Estatuto de 1936.

José Luis de la Granja Sainz es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y autor del libro El siglo de Euskadi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de noviembre de 2004