Trabajo anuncia que el Alzheimer se incluirá entre las causas de discapacidad

La enfermedad de Alzheimer será considerada causa de discapacidad en la futura ley de atención a la dependencia, según anunció ayer en Salamanca el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante la conmemoración del día mundial dedicado a esta enfermedad. Ello quiere decir que tendrán acceso a las mismas ayudas que los demás discapacitados desde las primeras fases de la enfermedad. El Gobierno también retomará la idea de fomentar el estudio de los aspectos sociosanitarios de la enfermedad, con la creación de un centro de referencia y el impulso de la investigación.

"El Alzheimer está considerado como una parte de la vejez, y no como una enfermedad discapacitante", declaró María Ángeles Díaz, presidenta de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa). Las cifras, con un 10% de los 600.000 casos diagnosticados en personas menores de 65 años, desmienten esta percepción.

Hasta ahora las personas con Alzheimer en edad laboral tenían que pasar una serie de revisiones para que se les reconociera su discapacidad. "Deben recurrir al reconocimiento de invalidez absoluta y, posteriormente, de la gran invalidez para poder obtener las ayudas destinadas a discapacitados", ha explicado Lorena Álvarez, coordinadora del estudio sobre la enfermedad que la Ceafa ha presentado este año.

En muchos casos la enfermedad no se desarrolla del todo antes de la edad de jubilación, por lo que los enfermos reciben sólo parte de las prestaciones que les corresponderían como trabajadores, aunque se sepa que la enfermedad no tiene cura y es muy invalidante, señala Díaz. Esta situación crea una barrera artificial en los 65 años que diferencia la atención y las ayudas a la que tienen derecho pacientes y familiares que en el fondo están todos pasando por lo mismo, añadió la presidenta de la Ceafa.

Discriminación

Un caso de discriminación claro es el que se da cuando el enfermo tiene menos de 65 años, y el cuidador -la cuidadora, ya que en un 90% de los casos son mujeres- más. Entonces no tienen derecho a ninguna prestación por atender a un discapacitado, resaltó Álvarez.

"Todos estos aspectos pueden quedar solucionados si la ley de dependencias, que el Gobierno prevé para el año que viene, incluye a los enfermos de Alzheimer como discapacitados desde el principio", opinó la presidenta de las familias afectadas. "Aunque habrá que ver cómo queda el Libro Blanco que nos presentarán en diciembre, porque este proyecto lleva ya varios años en un cajón del ministerio", añadió.

Díaz tampoco se atreve a opinar más. Hace apenas una semana le presentaron a la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, la petición de que se incluyera la enfermedad de Alzheimer en la ley sobre dependencias, y ésta sólo contestó que lo estudiaría. El anuncio de Caldera ha sido "una sorpresa", dijo la presidenta de Ceafa.

Fuentes de Trabajo reconocieron ayer que el anuncio de Caldera era "un avance" sobre la postura de Valcarce, y que se debía a la necesidad de que "la sociedad recupere el tiempo perdido en la evaluación de discapacidades y dependencias, no sólo de enfermos de Alzheimer, sino también mayores u otras personas que necesitan ayuda para realizar sus actividades diarias".

Lo que no se sabe todavía son los detalles de cómo se va a hacer (si de golpe se va a conceder la gran invalidez a todo el que se diagnostique Alzheimer o qué pasos habrá que dar), porque eso depende "del Libro Blanco que están preparando los expertos, y que debe estar listo a finales de año, y de las posibilidades presupuestarias", indicó un portavoz del ministerio.

El anuncio de la reconsideración de la situación del Alzheimer fue acompañada por el de la creación de un centro de referencia, que costará 12 millones y que estará en Salamanca, informa Efe. Una portavoz de la Junta de Castilla y León protestó porque no conocían de antemano este proyecto. Tampoco las asociaciones de pacientes habían sido consultadas.

Este centro no será sólo una residencia. Según el Gobierno deberá servir para impulsar la investigación en la enfermedad. "La Junta debe alegrarse de que Salamanca se convierta en un lugar de referencia, y no sólo por la inversión directa y la creación de puestos cualificados", indicó el portavoz de Trabajo.

"El problema no acaba con la ley sobre dependencia. Quedan los temas sanitarios, como fijar protocolos de detección precoz en los centros de atención primaria. Muchos pacientes pasan periodos tomando ansiolíticos para sus trastornos de conducta, cuando esto no está recomendado, y hay que potenciar la atención continua", destacó Díaz.