Una concesión a las organizaciones religiosas
Cuando el año pasado el Congreso estadounidense decidió dedicar 15.000 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros) a la lucha contra el sida en cinco años, numerosos activistas protestaron. No por la cantidad, que aumentaba en 10.000 millones lo que ya había comprometido EE UU, sino por las condiciones impuestas al reparto del dinero. Durante su tramitación, la propuesta fue encorsetándose. Los encargados de fijar las directrices fueron el congresista por California Tom Lantos y el senador por Illinois Henry Hyde, ambos republicanos. Para empezar, casi todo el dinero lo controla Estados Unidos. Sólo una parte (mil millones al año) se dona al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria que gestiona la ONU, y ello durante el primer año, pendiente de los resultados que logre Naciones Unidas.
Este criterio ha despertado el recelo de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que temen que la ayuda se dé interesadamente. La fijación de los posibles beneficiarios (12 países de África más Haití y Guyana) ha alentado las sospechas de que para recibir ayudas los Gobiernos deben plegarse a las presiones estadounidenses. La mayor parte de los fondos (un 55%) se destina a pagar tratamientos, lo que según organizaciones como Act Up favorece a las multinacionales farmacéuticas en contra de los fabricantes locales de genéricos.
Pero el punto que más suspicacias ha levantado es el dedicado a prevención. La ley especifica que de los 15.000 millones, el 20% (3.000 millones) se dedicará, por este orden, a las políticas que fomenten la abstinencia sexual, la fidelidad y, por último, el preservativo. En una clara concesión a las organizaciones religiosas -"que están haciendo tan importante contribución a los programas de prevención del VIH y de tratamiento del sida en todo el mundo", según el texto-, la abstinencia se llevará al menos un tercio de todo el dinero (mil millones). Con todo, algunos activistas creen que se ha evitado la peor amenaza: la llamada declaración de México. Según este principio, el primero que anunció Bush cuando llegó a la presidencia, las ONG que tengan proyectos de salud que incluyan el aborto no pueden recibir ayudas estatales. Ello hubiera dejado fuera a la mayoría de las grandes organizaciones laicas.
