La Corte de Apelaciones chilena desafuera a Pinochet por el 'caso Operación Cóndor'

En una resolución sorprendente, el pleno de magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile retiró ayer el fuero al ex dictador Augusto Pinochet de su condición de ex presidente, por 14 votos contra 9, para que sea investigada su participación en la Operación Cóndor, realizada por las dictaduras del Cono Sur latinoamericano en los años setenta, con el apoyo de Estados Unidos, para exterminar a militantes de izquierda. El fallo, que será apelado a la Corte Suprema por la defensa del general, supone el tercer desafuero del ex dictador.

Los dos anteriores desafueros se debieron a los 75 crímenes de la caravana de la muerte, caso en el que fue procesado y después exonerado de responsabilidad penal por demencia senil. La decisión de la Corte de Apelaciones fue recibida con aplausos por cerca de medio centenar de familiares de las víctimas y abogados de derechos humanos presentes en los pasillos de los tribunales.

A pesar de las abundantes pruebas sobre la participación de la dictadura chilena en la Operación Cóndor -junto a los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, existían pocas expectativas de que se decidiera este desafuero, debido a que los tribunales habían desechado con anterioridad dos peticiones similares por otros crímenes, invocando la salud del ex dictador. Pero la entrevista que concedió Pinochet a un canal de televisión de Miami el año pasado -donde estuvo lúcido, afirmó no tener por qué pedir perdón a los parientes de las víctimas y se calificó de "ángel"- y sus frecuentes salidas de compras y a comer, que lo muestran en condiciones de ser interrogado, fueron determinantes para el cambio de criterio del tribunal, que ahora ha resuelto no considerar como factor previo la salud del general.

Uno de los abogados querellantes, Juan Subercaseaux, calificó la resolución como "un milagro", porque creía que sería desfavorable. La presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, que interpuso la primera querella contra Pinochet por la desaparición de su esposo, abandonó su reposo debido al cáncer cerebral que sufre y acudió al palacio de tribunales, donde valoró el fallo como "magnífico, extraordinario". "Demuestra", añadió, "que si no nos cansamos, y no nos vamos a cansar, la justicia se va a imponer". Entretanto, uno de los abogados del general, Ambrosio Rodríguez, criticó la resolución porque "rompe con la doctrina del propio pleno de la Corte de Apelaciones, de tres fallos anteriores, y pasa por encima de una sentencia ejecutada de la Corte Suprema".

El fallo sorprendió al mundo político, donde todos los sectores coincidieron en que la suerte de Pinochet quedará en manos de la Corte Suprema. La derecha, que desde hace años procura por necesidades electorales despegarse de su compromiso con el ex dictador y su régimen, no se empeñó a fondo en su defensa, como lo hizo en otras oportunidades. El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, pidió respetar la sentencia, pero lamentó que en Chile no se pueda "salir de esto". "Vamos de atrás adelante", dijo, y atribuyó esta incapacidad al "entrabamiento que hay para desentrampar este drama del pasado". "Me duele que como sociedad no logremos salir del pasado", afirmó, comparando el sufrimiento de los parientes de las víctimas con el de los familiares de los inculpados.

El Gobierno restó importancia al fallo, a la espera de que resuelva la Corte Suprema. El vicepresidente José Miguel Insulza señaló estar más preocupado por otra decisión judicial, sobre la ley de amnistía, que fue examinada ayer en forma paralela al desafuero de Pinochet por el pleno de la Corte Suprema.

Integrado por 17 de 21 magistrados, el pleno de la Corte Suprema dejó ayer pendiente su decisión sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía en el caso de un detenido desaparecido en 1975, Miguel Ángel Sandoval. Después del caso Pinochet, la mayoría de los jueces y la sala penal de la Corte Suprema han considerado que en los casos de detenidos desaparecidos se produce un delito de secuestro permanente o calificado mientras no aparezca el cuerpo de la víctima. En el caso de Sandoval, un juez condenó a penas de entre 10 y 12 años a la plana mayor de la policía política, la DINA.

La defensa de los condenados interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, pidiendo la aplicación de la ley de amnistía del régimen militar, autodictada por los militares para cubrir los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1978, a lo que en primera instancia se negó el juez.