EE UU ampliará el plan de detección de drogas en los colegios a pesar de su dudosa eficacia
Asociaciones educativas y sociales han presentado una decena de demandas contra el proyecto
El presidente George W. Bush ha propuesto ampliar el plan de detección de drogas en los colegios -adoptado ya por una quinta parte de los centros de enseñaza secundaria de EE UU-, a pesar de que un estudio nacional financiado por el propio Gobierno concluye que su eficacia es dudosa. A la medida se oponen varias asociaciones de padres, docentes y activistas de derechos civiles, que han entablado más de una docena de demandas alegando que los análisis invaden la privacidad.
Bush quiere aumentar de 1,6 a 20,1 millones de euros el presupuesto para hacer análisis de orina, pelo o saliva a estudiantes elegidos al azar. La propuesta se ampara en una decisión del Tribunal Supremo que hace dos años los declaró constitucionales siempre que se realicen en alumnos que participan en actividades extraescolares, y no en la población escolar general. Además de los análisis aleatorios (utilizados en un 5% de los distritos escolares), los colegios pueden legalmente hacer otros tipos de pruebas de drogas cuando "existan sospechas" de que el estudiante las toma.
Los estudiantes deben orinar delante de un profesor para que la prueba sea fiable
A esta última opción se acogen un 14% de los distritos escolares de EE UU, 22 de los cuales participan en un programa piloto financiado también con fondos federales. Uno de ellos es el distrito del condado de Palm Beach, Florida, que este mes ha implantado un nuevo sistema en sus 23 colegios: se trata de una tira de papel que pasan por la ropa o un brazo del "sospechoso" y luego le aplican un aerosol; según del color que se ponga saben instantáneamente si ha tomado drogas y de qué tipo.
En su alocución semanal por radio el sábado pasado, Bush atribuyó gran parte de la bajada de la drogadicción juvenil en EE UU a los análisis de detección en los colegios. En los dos últimos años el consumo ha caído un 11% , lo cual equivale a 400.000 adolescentes menos. "Esto demuestra el gran avance que hemos logrado y por eso vamos a ampliar la estrategia", afirmó Bush. Según el presidente, el propósito de los análisis al azar "no es castigar a los jóvenes" sino enviarles "el mensaje de que les queremos y por eso no queremos perderles".
La organización Drug Policy Alliance opina sin embargo que el mensaje es contraproducente y ha lanzado una campaña nacional en contra del proyecto de Bush. "Rompe el ambiente de confianza y pone a los maestros a ejercer de policías", explica Viany Orozco, investigadora de Drug Policy Alliance. Dicha organización en conjunción con la Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha enviado esta semana un folleto informativo a 27.000 centros que están haciendo análisis aleatorios. El hacerlos es opcional; los colegios que así lo deciden reciben dinero público. Cada análisis cuesta 34 euros como promedio.
El folleto afirma que los análisis al azar violan la privacidad y no son un método antidroga eficaz, pero sí humillante, costoso y arriesgado, porque expone a los colegios a demandas. Además, "tal como están diseñados, desmotivan a los estidiantes a participar en actividades extraescolares, que son precisamente la mejor forma de evitar que los estudiantes caigan en la droga".
Los estudiantes tienen que orinar delante de un adulto (generalmente un profesor) para asegurar la fiabiliadad del análisis. "Es una experiencia embarazosa y humillante", según Marsha Rosenbaum, socióloga que dirige en San Francisco el proyecto antiodroga Safety First.
El Sindicato de Científicos Preocupados se sumó hace días a los grupos opuestos, divulgando un informe en el que acusa al Gobierno de distorsionar la información disponible. Tal información se deriva del único estudio de ámbito nacional elaborado hasta el momento. El estudio lo llevó a cabo la universdidad de Mighigan entre 76.000 estudiantes de todo el país y llegó a la conclusión de que "no existen grandes diferencias en el consumo de drogas en los colegios que analizan a los estudiantes y los que no".
De acuerdo al estudio, un 37% de los estudiantes de high schools que han hecho análisis aleatorios dice haber fumado marihuana en el último año, en comparación con un 36% en los colegios que nos se hacen las pruebas. A pesar de lo cual la Asociación Nacional de Juntas escolares recomienda que se continúen haciendo.
La propuesta de Bush al Congreso incluye, además de los 20,1 millones de euros, otros 9,6 millones para programas de intervención preventiva y 161,2 millones para adictos que no pueden afrontar los gastos de rehabilitación.
Los que suspenden los análisis
Los análisis de droga se han suspendido en varios colegios, incluido el que Bush ha destacado como modelo de éxito, y aún entre los que continúan haciéndolos son una fuente de controversia. En uno de los centros pioneros en implantar la política antidroga, Jefferson Parish del Estado de Luisinana, 130 estudiantes se rebelaron afeitándose completamente el cuerpo para que no les pudieran tomar muestras de pelo. El centro optó entonces por hacer pruebas de orina e impuso una nueva norma conocida como no hair, no play: los estudiantes que no tengan un poco de pelo no pueden participar en actividades deportivas.
El colegio Hunterdon Central, de Nueva Jersey, fue el que Bush utilizó como ejemplo al anunciar los 18,6 millones de euros adicionales para el programa de detección de droga, pero el centro se ha visto forzado después de tres años a clausurar los análisis, a raíz de una demanda de la Asociación de Derechos Civiles (ACLU).
Otros colegios o distritos escolares completos lo han hecho por falta de resultados. La junta escolar del condado de Miami-Dade, el segundo distrito escolar mayor del país, ha suspendido el programa porque la normativa requería el consentimiento de padres y estudiantes y, de los 83.000 alumnos de high school, sólo 37 lo dieron (dos fueron positivos). El fracaso se debió a la fuerte oposición de la Asociación de Padres y Alumnos (que representa a 850.000 padres) que adoptó la postura de que las pruebas son responsabilidad de los padres, no de los colegios.
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