La hora de los 'sin tierra'

Aldimir Lima Nunes, Branquinho, es un latifundista brasileño cuyo nombre hace temblar a muchos pobladores de los Estados del noreste. Casi nadie se atreve a hablar. "Branquinho tiene orejas en cada esquina de la ciudad", es el comentario más común. Desde octubre de 2002 estaba prófugo de la justicia federal por diversos delitos. Hace dos semanas, el temido propietario rural se entregó a la Policía Federal en Marabá, en el Estado de Pará, acompañado de tres abogados, cuando los agentes le pisaban los talones. Branquinho está en prisión provisional, acusado de varios homicidios, delitos contra el fisco, formación de bandas, engaño de trabajadores, sometimiento de sus empleados a condiciones de esclavitud y amenazas. Tiene abiertos ocho procesos criminales ante la justicia de Tocantins.

Desde la llegada de Lula, la lucha contra el trabajo esclavo ha cambiado

La acción judicial comenzó tras diversos asesinatos de trabajadores en la región de Ananás, que habían sido contratados para realizar labores pesadas en haciendas de la zona Iriri-Terra do Meio (al sur de Pará), propiedad de Lima Nunes, entre otros. Los delitos habían sido documentados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización de la Iglesia que hoy encabeza la lucha contra la nueva esclavitud.

El dominico Xavier Plassat, Frei Xavier, coordinador de la campaña de la CPT contra el trabajo esclavo, tiene sentimientos encontrados sobre la captura de Branquinho: "Alivio, porque hacía un año que exigíamos el cumplimiento de la orden judicial, y preocupación, porque continúa intacto el esquema de bandidaje que comanda". La realidad es que la Policía Federal no hizo nada hasta que las amenazas llegaron al fiscal de la república, cuyo vehículo fue abordado por pistoleros en julio pasado. "Si saliera en libertad, se crearía una situación extremadamente peligrosa. Ahora él sabe perfectamente quién declaró en su contra", comenta Frei Xavier.

Desde la llegada de Lula da Silva a la presidencia, la lucha contra el trabajo esclavo ha cambiado. A los tres meses, el Gobierno federal aprobó, el pasado 11 de marzo, el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, que implica al Ministerio de Trabajo, al de Justicia, al ministerio público, a la justicia federal y a la Policía Federal. "El Grupo Móvil del Ministerio de Trabajo ha multiplicado sus acciones. Actúa más y con mayor celeridad", dice Frei Xavier. El problema es que también aumenta el número de denuncias de trabajo esclavo que llegan a las dependencias de la CPT: 204 casos en lo que va de año, que implican a más de 7.200 trabajadores. Más de 3.800 han sido rescatados en operativos policiales en haciendas del noreste brasileño. El año pasado, en la misma época, se habían registrado 111 denuncias que afectaban a 4.500 trabajadores.

Algunos jueces han adoptado medidas osadas como la confiscación de bienes o la condena a pagar indemnizaciones de entre 100.000 reales (34.400 dólares) y 500.000 reales (172.400 dólares) por "daños morales colectivos". Fuentes de la CPT aseguran que el Gobierno prepara la publicación de una lista negra de condenados por practicar el trabajo esclavo.

Algunas ONG denuncian intentos de rearticulación de la Unión Democrática Ruralista (UDR) y de las milicias armadas de los grandes propietarios. Concretamente, en los Estados de Pará, Maranhao, Tocantins (noreste) y en los Estados del sur. Su presidente, Luis Antonio Nabhan Garcia, dirigió duras críticas a Lula da Silva, a quien calificó de "enemigo del productor rural". La UDR, fundada en 1985, agrupa a los propietarios agrarios más refractarios a un cambio. El mayor enemigo de la UDR es el Movimiento de los Sin Tierra (MST), que nació en 1984 con el objetivo de la reforma agraria. "Nabhan Garcia no tiene mucho que hablar, porque no representa a nadie", dice João Paulo Rodrigues, de la dirección del MST. "Es de extrema derecha y su hacienda está repleta de armas. La Policía Federal haría bien en detener a este individuo". El líder de la UDR responde: "Tenemos armas para defender nuestras propiedades de la invasión de los criminales. Son armas registradas". ¿Quiénes son los criminales? "El MST. No se puede dialogar con bandidos", afirma Nabhan Garcia.

A la insultante concentración de la propiedad rural, los sin tierra han opuesto la ocupación de fincas improductivas. Hay cuatro millones y medio desperdigados por Brasil, 200.000 de los cuales malviven en campamentos. La esperanza de recibir un pedazo de tierra se hizo eterna para muchos. Pero los tiempos han empezado a cambiar.

El presidente declaró la semana pasada: "La reforma agraria va a ser aprobada no porque se ocupen tierras, sino porque es una necesidad de justicia social".El MST dice estar convencido de que la meta de la futura ley es asentar a un millón de acampados en los cuatro años del mandato de Lula.

"Los latifundistas saben que el Gobierno va a realizar la reforma agraria y están preocupados", comenta el líder del MST, João Paulo Rodrigues. Nabhan Garcia discrepa: "La reforma está destinada al fracaso, porque es un plan asistencialista, y los planes asistencialistas son para corto plazo".