Garzón pide al juez argentino que mantenga presos a los ex militares

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer al juez argentino Rodolfo Canicoba que le comunique si va a proceder o no contra los ex militares argentinos para, en caso de que no sea posible, "reactivar" la petición de extradición de España. Garzón afirma que España no ha "denegado" la petición de extradición, sino que la ha "suspendido", por lo que pide al juez argentino que no deje en libertad a los ex militares detenidos.

La resolución dictada ayer por el juez Baltasar Garzón trata de evitar que los 40 detenidos a los que acusa de genocidio, terrorismo y torturas, sean puestos en libertad por el juez Canicoba entre el 2 y el 5 de septiembre, fechas en las que concluye el plazo de 40 días de detención previsto en el Tratado de Extradición entre España y Argentina.

En el mismo auto, Garzón pide a su homólogo argentino que, si finalmente decidiera poner a los acusados en libertad, se lo notifique de forma anticipada, para pedir de nuevo su extradición con el fin de juzgarlos en España.

Sin embargo, en declaraciones a la emisora argentina Radio Red, el juez Rodolfo Canicoba rechazó que pueda dejar en prisión a los reclamados por Garzón y dijo que la petición del juez español "no tiene efecto jurídico" alguno. "Éste es un arresto con fines de extradición, si no hay extradición no hay juicio y no hay arresto", enfatizó el juez argentino.

En su resolución, Garzón sostiene que el "Acuerdo de no tramitación de solicitud de extradición" de los 40 detenidos, por el que el Consejo de Ministros decidió "no continuar los procedimientos de extradición activa propuestos", supone que España "no ha denegado la petición de extradición, sino que la ha suspendido, a la vista de lo que se sucede en Argentina".

Para Garzón, la "suspensión" de la extradición se deduce del último párrafo de la resolución, en el que el Gobierno español pide a las autoridades argentinas que pongan en su conocimiento "la culminación del procedimiento administrativo y judicial en curso, manteniendo hasta entonces la situación de estas personas a disposición efectiva de la Justicia".

No aplicar el Tratado

Al tratarse, según el juez español, de una "suspensión" y no de una "denegación", no habría que aplicar el artículo 24.5 del tratado bilateral de extradición, que establece: "En todo caso se decretará la libertad si en el plazo de 40 días desde la detención no se hubiese recibido la solicitud de extradición".

Según Garzón, la causa que ha motivo al Gobierno español a no continuar "de momento" la petición de extradición, son las resoluciones parlamentarias de Argentina que han anulado las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Ante esa "especial situación", el juez español sólo ve dos posibilidades: o la autoridad judicial argentina procede a la persecución inmediata de los ex militares, o debe ser el propio Garzón el que continúe el proceso, "en aplicación del principio de justicia penal universal".

Para el caso de que los tribunales argentinos pudieran perseguir a los culpables, Garzón ofrece "todos y cada uno de los antecedentes, testimonios y documentos" que le han servido a él para procesar a los ex militares. Además, para que el juez argentino pueda incoar el procedimiento bajo su jurisdicción, Garzón solicita a Canicoba que "tenga por denunciados los hechos a partir de esta fecha , sirviendo de denuncia formal esta resolución", en relación con la orden de detención internacional que cursó el pasado 7 de julio.

Para el caso de que no se les pueda perseguir en este momento, Garzón pide a Canicoba que le informe de tal circunstancia, "para reactivar la petición de extradición". Agrega que, en todo caso, se les mantengan en prisión, incluso " hasta la nueva decisión que se solicitaría al Consejo de Ministros".

Por su parte, el diputado socialista Diego López Garrido aseguró ayer que el PSOE va a pedir la comparecencia del "sucesor" Mariano Rajoy para que explique el rechazo del Gobierno a la extradición, que va a permitir que salgan en libertad los detenidos.

A su vez, IU anunció que estaba estudiando la posibilidad de querellarse contra el Gobierno por haber desistido de pedir la extradición.