Sanidad negocia un pacto con productores de aceite de orujo

El Ministerio de Sanidad ha decidido abrir una negociación con las empresas que exigen indemnizaciones por los perjuicios derivados de la alerta sanitaria sobre el aceite de orujo que declaró Celia Villalobos en el verano de 2001, cuando aún era titular de Sanidad. Fuentes del sector aseguraron que altos cargos del ministerio han citado ya a los abogados de las 32 empresas que han presentado reclamaciones, algunas superiores al millón de euros.

Las empresas afectadas iniciaron sus reclamaciones por "daños económicos, morales y de imagen" por vía administrativa, pero muchos de los expedientes han sido reclamados ya por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "El ministerio quiere lograr una solución pactada antes de que decidan los tribunales", confirmó ayer Manuel Hurtado, vicepresidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo y propietario de Colgrados, firma que, como muchas otras del sector, tuvo que afrontar expedientes de regulación de empleo.

El sector, que emplea a 5.000 personas y con algunos casos de quiebra declarada, afronta esta ronda de contactos con una sentencia favorable bajo la manga. Un juez de Sevilla consideró en mayo que la orden de Villalobos para inmovilizar el aceite de orujo por su exceso de benzopireno (sustancia tóxica si se consume de modo prolongado) fue "desproporcionada". El juez condenó a la Junta de Andalucía, Administración que ejecutó la incautación en aplicación de la orden de Sanidad, a indemnizar a la firma Torres y Ribelles con 32.428 euros tras estimar que dicha incautación fue "ilegal".

La Junta, que se mostró de acuerdo con el fondo de la sentencia, la recurrió al entender que la responsabilidad corresponde a Sanidad. Ahora el ministerio intenta un acuerdo con las empresas, casi todas andaluzas, y casi todas de mayor dimensión que Torres y Ribelles. De hecho, según la agencia Efe, sus abogados piden indemnizaciones de entre 270.000 y más de un millón de euros porque creen "inequívoca la relación entre el mal funcionamiento de un servicio público" y la pérdida de mercado que sufrió el sector.

Daños económicos

Villalobos declaró la alarma sanitaria (un mecanismo extraordinario para afrontar riesgos inminentes en la salud de la población) por entender que el benzopireno hallado en varias partidas de aceite de orujo era excesivo. La ex ministra tomó la decisión sin que existiese norma alguna que estableciese el límite legal de la sustancia (luego se fijó en una parte por 1.000 millones) y cuando el sector y el Ministerio de Agricultura llevaban meses negociando el cambio de los sistemas de extracción y refino del orujo (que se saca de los residuos del aceite de oliva) para rebajar la presencia del benzopireno.

La decisión de Villalobos supuso la retirada de miles de botellas de los comercios, la inmovilización de 30.000 toneladas en los centros de producción y envasado y, sobre todo, un duro golpe a la imagen del sector, que aún dos años después apenas llega a la mitad de su producción habitual (100.000 toneladas), pese a que logró resolver el problema técnico que causaba el exceso de benzopireno en apenas un mes.

Fuentes del sector informaron de que el ministerio les ha planteado ahora la posibilidad de elevar informes al Consejo de Estado para que dictamine sobre la conveniencia de indemnizar a los productores. Entre esos informes incluye uno de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que defiende que "difícilmente los consumidores hubieran admitido una decisión de no actuar ante la potencial exposición [de benzopireno] a niveles por encima de lo técnicamente exigible". La agencia basa la actuación oficial en que unos días antes Checoslovaquia había retirado aceite de orujo español de las tiendas y cita como precedente la inmovilización en 1999 de pollos belgas contaminados con dioxinas.