El PSOE centra el debate de la nación en medidas de regeneración democrática

El PSOE quiere aprovechar el debate sobre el estado de la nación que comienza hoy en el Congreso, y que es el último de esta legislatura, para proponer en las conclusiones una serie de medidas de "regeneración democrática", entre las que incluye la aplicación a los parlamentarios, ministros y altos cargos de la incompatibilidad para cualquier actividad profesional, salvo la docencia y la investigación. Los socialistas proponen que sean sancionados los miembros del Gobierno que "mientan" al Parlamento u obstruyan la labor de las Cámaras, y defienden el desbloqueo de las listas electorales.

Los socialistas no pueden ni quieren ocultar que la crisis de la Comunidad de Madrid, con la deserción de dos de sus parlamentarios, ha condicionado de manera decisiva el contenido de las resoluciones que presentará mañana, a modo de conclusión del debate del estado de la nación, y la propia intervención del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder socialista salpicará su intervención con algunas de estas propuestas y baraja la posibilidad de iniciar su intervención con la denuncia "del golpe a la democracia" que, a su juicio, se ha dado en Madrid para que no gobiernen los socialistas y deteriorar al PSOE.

La ética en la vida política y las medidas de control y regeneración democrática para hacer más difícil la corrupción suponen el bloque más importante de las resoluciones preparadas por el PSOE. Buena parte de ellas cuentan con la aquiescencia de IU, CiU y PNV. Las resoluciones de todos los grupos serán sometidas a votación mañana.

Bajo el epígrafe "Una democracia para los ciudadanos", los socialistas proponen un cambio en la Ley Electoral General para endurecer de manera radical el sistema de incompatibilidades de los parlamentarios, que afectaría también a los diputados de las asambleas regionales.

Si prosperase, "su mandato se ejercerá en régimen de dedicación absoluta y será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma".

Sólo sería compatible "la mera administración del patrimonio personal o familiar" y la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como la participación en medios de comunicación, conferencias y mesas redondas. Y por último se les permitirían actividades docentes y de investigación, pero sin responsabilidad de dirección.

La realidad legal dice que todo es incompatible y que cada caso de petición de compatibilidad se estudiará en la Comisión del Estatuto del Diputado. El resultado es que todo es compatible. Esta Comisión, con la nueva regulación que propone el PSOE, tendría facultades para investigar "las omisiones o falseamientos" en las declaraciones de actividades y proponer al Pleno de las Cámaras la imposición de las sanciones que estime oportuno.

Otra novedad sería la obligación de que los parlamentarios encomienden la gestión y administración de todos sus valores y activos financieros, así como acciones y participaciones en sociedades mercantiles, a una entidad especializada registrada, que realizaría tal gestión "con directrices generales de rentabilidad y riesgo, pero sin sujeción a instrucciones concretas".

Pero el PSOE quiere extender por ley las incompatibilidades a los presidentes y miembros de las organismos reguladores y de supervisión. En su resolución cita expresamente al presidente y a los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Energía. Las incompatibilidades también se aplicarían a los presidentes de empresas cuya gestión controle el Estado, con independencia del porcentaje de participación estatal en su capital social.

El capítulo de propuestas de regeneración democrática del PSOE incluye un cambio del Reglamento del Congreso para que "se cree un procedimiento específico para la depuración, en el ámbito parlamentario, de responsabilidades políticas en los supuestos en que los miembros del Gobierno faciliten a la Cámara información manifiestamente falsa o se evidencie falta de colaboración o actitud claramente obstruccionista al ejercicio de los poderes de la Cámara".

Los socialistas también proponen un cambio en el sistema electoral para que los ciudadanos puedan expresar una o varias preferencias entre los candidatos de la lista elegida; es decir, un menú del que se puedan elegir varias opciones y, por tanto, el fin de las listas cerradas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha decidido que la Fiscalía merece en sí misma una resolución específica y el punto número uno del texto insta al Gobierno a "proceder al cese inmediato del fiscal general del Estado", a quien acusa de "inactividad en la persecución o investigación del caso de corrupción que ha provocado la crisis institucional de Madrid". En la misma resolución se citan otros casos en los que se han visto afectados ministros del Gobierno.

Fiscal para el Gobierno

Por esta última razón, los socialistas proponen que el Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios elija a un Fiscal Especial para el conocimiento de asuntos en los que pudieran estar implicados miembros del Gobierno. "Éste no podrá recibir instrucciones del fiscal general ni de otros miembros del Ministerio Público". También se propone limitar a cinco años el mandato del fiscal general.

La guerra de Irak también ha provocado resoluciones de gran calado. Se reclama una ley, según la cual el Parlamento debe ser consultado en todos los supuestos de participación de España en un conflicto armado o incluso para el envío de tropas fuera del territorio nacional.

El funcionamiento del ente público RTVE también requiere de una regeneración democrática, a juicio del PSOE. Los socialistas proponen la elección del director general por el Parlamento y no por el Gobierno. "Se tiene que acabar la televisión de partido", repite Zapatero.