Más penas contra el aumento de delitos

Ángel Acebes, ministro del Interior, aseguró hace unos días en Santander que la delincuencia, tras varios años de subida, había bajado un 2,47% en el primer cuatrimestre del año. Si no ha bajado más es, según Acebes, porque las faltas (robos por un valor inferior a los 300 euros) siguen subiendo por culpa del Código Penal de los socialistas, que dejó "prácticamente impunes" estas infracciones. Porque aunque hayan pasado siete años de gobierno popular, el PSOE sigue siendo culpable de que suba la delincuencia y de que las plantillas de policía y guardia civil estén bajo mínimos, según repite machaconamente el Gobierno. Sin embargo, el aumento de la delincuencia durante los años 2001 (un 10,81%) y 2002 (4,95%) llevó al Ejecutivo popular a reconocer en septiembre pasado que, pese a haberlo negado durante meses, el problema se le estaba yendo de las manos. Los barómetros del CIS (en los que los ciudadanos sitúan la delincuencia como el tercer problema que más les afecta), la sostenida estrategia de oposición del PSOE y el aumento de los crímenes violentos llevaron al Gobierno a lanzar el llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia, en septiembre de 2002.

El plan gira sobre dos ejes: un paquete de reformas legales (juicios rápidos, cambios profundos en el Código Penal, medidas especiales para delincuentes extranjeros...) y sacar a la calle a 20.000 nuevos policías y guardias civiles. Los juicios rápidos están en marcha desde hace dos meses y, según el ministro de Justicia, José María Michavila, han servido para resolver 28.167 de los 62.822 asuntos con autor conocidos. La salida a la calle de los nuevos agentes policiales va algo más lenta.

Pero una de las reformas de mayor calado está pasando por las Cortes casi inadvertida: el proyecto de ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. El proyecto intenta aplicar la teoría de la tolerancia cero a los delincuentes reincidentes (ya que a quienes tengan al menos tres delitos anteriores se les aumentará la pena de prisión cuando sean juzgados por el cuarto) y "dar una respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legales en España que cometen delitos", a quienes se pretende expulsar sin más trámite en caso de que sean condenados a una pena inferior a seis años.

Esta vinculación entre delincuencia e inmigración ha sido combatida duramente por la oposición y las ONG. Pero el Gobierno se agarra a un dato: los españoles, el 95% de la población, cometen el 70% de las infracciones penales conocidas, mientras los extranjeros, el 5% de los habitantes, cometen el 30%. El cálculo no incluye a quienes viven ilegalmente en España con una orden de expulsión que no se puede ejecutar y que no tienen ninguna posibilidad de trabajar legalmente. Los expertos cifran esta población en 500.000 personas.