Sin rastro del 'decretazo'

El frente laboral fue el más virulento para el Gobierno hace un año, pero ha perdido fuerza en los últimos meses no tanto porque los problemas se hayan resuelto como por el cambio de clima. Hace un año, sindicatos, patronal y Gobierno analizaban las consecuencias del 20-J, la huelga general con que respondieron las centrales a la reforma del paro.

La posterior rectificación del Ejecutivo en sus pretensiones, excepto en el subsidio agrario, y la apertura de cauces que llevaban tiempo clausurados, como el diálogo sobre siniestralidad laboral, atemperaron los ánimos.

Un año después, el Gobierno considera que los objetivos de la reforma por desempleo ("facilitar oportunidades de trabajo a los parados sin recortar derechos") siguen vigentes, aunque lo cierto es que gran parte de las medidas quedaron derogadas con los cambios que introdujo el PP en la ley a finales de año. El proyecto, conocido como decretazo, planteaba un endurecimiento de las condiciones para rechazar un empleo ofrecido por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y, en la práctica, un abaratamiento del despido, al eliminar los salarios de tramitación (correspondientes al periodo en que la justicia falla sobre el despido). También se suprimía el derecho a paro de los fijos discontinuos que cesasen su actividad unos meses determinados del año y se impedía a los prejubilados percibir el subsidio si su indemnización o su patrimonio sobrepasaban el 75% del salario mínimo.

Con algún que otro retoque, estos supuestos volvieron a la situación anterior a la reforma. No ocurrió así con el subsidio agrario, la prestación que reciben unos 365.000 jornaleros en Andalucía y Extremadura los meses que no trabajan. El Gobierno estableció un sistema alternativo que no satisfizo a los sindicatos y que recurrieron ante el Tribunal Supremo.

"Del decretazo, claramente autoritario e injustificado, el Gobierno no tuvo más remedio que retractarse", reflexiona Antonio Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Lola Liceras, de CC OO, cree que el principal problema de los servicios públicos de empleo, su escasa intervención para buscar trabajo, no está resuelto: "El compromiso sólo obliga al parado, no al Inem". La patronal, que ha rehusado pronunciarse, se manifestó en su momento contraria a la marcha atrás. Para el Gobierno, es justo lo contrario, las enmiendas "han contribuido más a los objetivos de la reforma", según un portavoz del Ministerio de Trabajo.

Al margen de este enfrentamiento, UGT y CC OO consideran que aún existen tareas pendientes: la precariedad -un tercio de los trabajadores tiene contrato temporal, porcentaje que en los jóvenes se eleva al 57%-; el empleo de las mujeres, cuya tasa de actividad es del 42,73%; así como modificar el modelo productivo para que no sólo compita por los bajos costes laborales, sino por el valor añadido. Para Trabajo, mejorar la formación continua de los trabajadores es uno de los retos próximos.