La tercera Ley de Extranjería

El Gobierno sufre el síndrome de Penélope con la Ley de Extranjería. Apenas ha terminado de tejer un cuerpo legal para regular la inmigración, lo deshace para comenzar a confeccionar uno nuevo, un poco más restrictivo que el anterior. La tercera gran reforma de la llamada Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España ya está en el Congreso porque el Gobierno quiere aprobarla antes de las elecciones de 2004. Pero antes incluso de que salga adelante este último cambio, el texto será modificado por otra norma en la que inmigración y delincuencia son mezcladas sin solución de continuidad.

Los cambios son tan rápidos que las ONG ya se preguntan si la vieja frase de que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento rige también para la de Extranjería. La excusa para abordar la tercera Ley de Extranjería desde que gobierna el PP fue una sentencia del Tribunal Supremo que anuló 11 artículos del reglamento de la materia, que obligaba a elevar dichos artículos a rango de ley. Y, ya que estaba abierta la ley, el Ministerio del Interior se decidió a hacer un cambio en profundidad y rápido.

El texto del anteproyecto fue enviado al Congreso sin ser sometido a la consulta preceptiva del Foro de la Inmigración ni del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de pedírselo al Gobierno. Éste cree que este segundo paso no es necesario porque la reforma ni afecta al catálogo de libertades y derechos ni a la "estructura de la ley orgánica".

El texto remitido al Congreso sólo deja una puerta abierta a los extranjeros para vivir en España: tener un trabajo legal, una exigencia que sintoniza con el parecer del 85,1% de los españoles, según el último barómetro del CIS. Ésta es la condición única para lograr un visado, reagrupar a la familia (se acaba con las llamadas "reagrupaciones en cadena") o renovar la residencia. La reforma implica a los ayuntamientos en el control de la inmigración, ya que supondrá cambios en la Ley de Bases de Régimen Local para que el padrón se convierta en un elemento más para el control de los extranjeros. También implica a las compañías de transporte, especialmente a las aerolíneas, al obligarlas, bajo amenaza de fuertes multas, a facilitar al Ministerio del Interior los listados de sus viajeros antes de que despeguen los aviones. Pero, sobre todo, levanta algunos de los impedimentos para expulsar, repatriar o devolver a los extranjeros que entran ilegalmente en España, frontera sur de Europa.

Esta frontera es golpeada diariamente por inmigrantes en patera (y por desastrosos naufragios), aunque la invasión de Irak y los atentados de Casablanca retrajeron los flujos durante los primeros seis meses del año. En ese periodo ya han sido detenidos 5.500 extranjeros en las costas españolas, algunos de ellos durante una operación naval llamada Ulyses, nombre del homérico héroe al que espera Penélope.