El curso más negro del Gobierno del PP

La muerte de 62 militares al estrellarse en Turquía el avión en el que regresaban de Afganistán y los accidentes ferroviarios, en Chinchilla y Tobarra, que costaron la vida a 21 personas, forman parte de la huella trágica de los últimos doce meses. El naufragio y hundimiento del Prestige frente a la costa atlántica de Galicia provocó una catástrofe ecológica que aún continúa. Y la decisión del Gobierno de apoyar la invasión de Irak, sin el respaldo de la oposición y de la inmensa mayoría de la sociedad, supuso una de las más graves quiebras del consenso en la política exterior española.

LA CATÁSTROFE

DEL 'PRESTIGE'

El chapapote no coge vacaciones

Trillo prometió asumir responsabilidades si se prueba que las hubo en el accidente del Yak 42

El fuel del 'Prestige' no empezará a ser extraído este otoño, sino en la primavera de 2004

Los varapalos infligidos al triunfalismo gubernamental por la insidiosa realidad del Prestige no hacen mella en la fe del Ejecutivo. A pesar de lo que ocurrió con el fuel condenado a una solidificación inexorable en el fondo del mar o con las mareas negras que no tenían la menor posibilidad de acercarse a las Rías Bajas, el Gobierno insiste en las promesas arriesgadas. La última fue que todas las playas estarían limpias el 1 de junio. Días después de cumplirse el plazo, el chapapote reapareció en arenales del Cantábrico y el norte de Galicia. Hasta 60 playas por día han recibido en los últimos días galletas de fuel, en cantidades modestas aunque lo suficiente para chafar a los bañistas.

La consigna del 1 de junio la lanzó el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y arrastró consigo a la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, quien ya ha recorrido la costa varias veces y ha desplegado un dispositivo de 4.000 personas entre Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco para limpiar los arenales a diario sin que el fuel incomode a los bañistas. Tras la desmovilización del voluntariado, del trabajo se encargan exclusivamente contratados por la Administración.

El Gobierno también tiene pendiente en Galicia el problema de algunos acantilados de acceso casi imposible que están sin limpiar desde diciembre. Y queda la incógnita del fuel enterrado. Un informe de Fomento, revelado la pasada semana por la Cadena SER, confirma la existencia del efecto lasaña: a medio metro de profundidad, puede haber hasta cinco capas de chapapote mezclado con arena.

Tampoco ha tenido mucha suerte la promesa de que la operación de rescate del fuel -37.000 toneladas, según el dato oficial- que aún contiene el pecio del Prestige se acometería antes del invierno. Ahora se anuncia que queda para la primavera próxima. La noticia llegó pocos días después de las elecciones, casi al tiempo que se comunicaba también a los marineros de la Costa da Morte que el mar ya está en condiciones para pescar y, por tanto, se han acabado las ayudas.

El Gobierno lleva destinados 263,74 millones de euros a paliar los daños causados por el hundimiento del Prestige, según datos oficiales referidos al pasado 31 de marzo. Esas cantidades provienen de varias modificaciones de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, y en un 80% fueron aportadas por los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Ese importe global no incluye ni el crédito de 15 millones habilitado por el Ministerio de Hacienda para costear la anualidad de 2003 del plan de infraestructuras rurales puesto en marcha en Galicia ni el que por importe de seis millones ha dispuesto el Ministerio de Economía para financiar el plan de promoción turística de Galicia.

El Instituto Nacional de Empleo contribuyó con 14,51 millones de euros, y el Ministerio de Defensa destinó 9,03 millones para afrontar los gastos derivados de la participación de unidades del Ejército de Tierra y de la Armada en las tareas de limpieza del chapapote vertido por el Prestige.

LA GUERRA DE IRAK El Gobierno actuó sin consenso en el Parlamento

En la llamada Cumbre de Las Azores, celebrada el pasado 16 de marzo en el archipiélago portugués situado en mitad del Atlántico, el jefe del Gobierno español, José María Aznar, se presentó junto al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, como uno de los patrocinadores de la guerra de Irak. España, que había ingresado a primeros de año en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, respaldó un ataque al margen de la legalidad internacional. Pero Aznar no sólo estuvo en minoría en el escenario internacional, sino también en el doméstico. Por vez primera, todos los grupos de la oposición se situaron en frente del Gobierno en un tema crucial de la política exterior. La respuesta de la opinión pública no fue menos contundente: tres millones de personas salieron a la calle el 15 de febrero en una movilización sin precedentes, y todos los sondeos reflejaban un rechazo de más del 90% al alineamiento inequívoco con la política de Washington. Afortunadamente para el PP, la campaña militar fue rápida. El 19 de marzo se iniciaban las hostilidades y el 9 de abril caía Bagdad. Aznar pudo afrontar así la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo sin la presión que suponían las escenas en televisión de los bombardeos sobre la población civil. Sin embargo, la posguerra de Irak está resultando más difícil que la propia guerra: la multiplicación de los ataques contra las fuerzas de ocupación y la ausencia de las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión hacen que no se pueda dar por definitivamente cerrado este asunto, como Aznar querría.

EL ACCIDENTE DEL YAK 42 62 militares fallecen al volver de Afganistán

La guerra de Irak terminó sin bajas españolas. Los 900 militares enviados al puerto de Um Qasr regresaron el 21 de junio tras cumplir su misión humanitaria. Sin embargo, el 26 de mayo, pocas horas después de cerrarse las urnas, un avión Yakovlev 42 ucranio se estrellaba en Trebisonda (Turquía) con 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Se trataba de la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Inmediatamente se desató la polémica en torno al traslado de tropas en aviones procedentes de la antigua Unión Soviética. El funeral por las víctimas, celebrado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), estuvo rodeado de gran tensión y salpicado de insultos al jefe del Gobierno y al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa. Éste último optó por suspender los vuelos, "ante la alarma social creada", pero el PP se negó a crear una comisión de investigación. El ministro prometió asumir "responsabilidades políticas" si así se deducía del resultado de la investigación sobre las causas del accidente, aunque desde el primer momento lo atribuyó a un error del piloto.

LA INSEGURIDAD DE LA RED FERROVIARIA 21 muertos en dos accidentes de tren

El debate sobre el estado de la nación incluirá sin duda referencias a la seguridad en la red ferroviaria convencional, después de que en los últimos seis meses se hayan producido dos trágicos accidentes en la línea que une Albacete y Cartagena, en los que perdieron la vida 21 personas -19 en Chinchilla (Albacete) y 2 en Tobarra (Albacete)-. Si bien fuentes de Renfe relacionaron en su día los accidentes con "fallos humanos", el Gobierno de Murcia (PP) se ha visto forzado a crear una comisión de seguimiento de las infraestructuras ferroviarias, cuyo principal objetivo es conseguir una mejora de la línea férrea que une esa comunidad y Albacete.

Ese propósito cuenta con el impulso de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. En un reciente comunicado, esta organización responsabilizó al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y al presidente de Renfe, Miguel Corsini, de la antigüedad y de la falta de inversión en la vía férrea que une Chinchilla y Cartagena. Quejas similares han expresado el Gobierno de Murcia y el de Castilla-La Mancha.

Los empresarios murcianos han reprochado al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, que atribuya los recientes accidentes a "errores humanos", cuando "todavía las actuaciones judiciales no tienen un dictamen firme". Según ellos, la investigación sobre el accidente de Tobarra, ocurrido el pasado enero, apuntan a que no fue debido a un sabotaje o una gamberrada, como apuntó Álvarez-Cascos en el Congreso. En el esclarecimiento del reciente accidente de Chinchilla, el juez encargado del caso, Antonio Antón, ha dejado en libertad al jefe de circulación de esa estación tras tomarle declaración durante cinco horas.

Con información de Xosé Hermida, Miguel González y Tono Calleja.